“Círculos cercanos”, eso es lo que eran y así es como se definen. Estudiaron en el mismo colegio, el Instituto Hebreo, y pertenecen a la comunidad judía de Santiago. Con los años, además, terminaron compartiendo innumerables almuerzos familiares los fines de semana.  Así de cercanos son.

Al menos eso es lo que describe Alejandro Meyer Rotman respecto a la familia Sauer, a quien califica como “un grupo de personas muy cercanas hasta el día de hoy”. Los negocios, sin embargo, terminaron por distanciarlos. Eso es lo que se deduce de la querella interpuesta hace unos días por el actual gerente de Isapre Colmena.

Meyer es uno de los primeros miembros de la comunidad, tras Ricardo Berdicheski, también exalumno del “Hebreo”, en denunciar ante la justicia por estafa a los hermanos Sauer Adlerstein, hijos de un próspero empresario de confecciones que vio como sus hijos pasaron del negocio familiar al riesgoso mundo del factoring.

Todo partió en el año 2004, cuando Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, conocidos desde el colegio, formaron la empresa Factop intentando incursionar en el factoring, sumando luego a Ariel, el otro hermano de Daniel, y también al padre, Alberto. Después fundan STF Capital, una corredora de bolsa lanzada en pandemia que buscaba rentabilizar con la “volatilidad” del momento.

Fue precisamente este último emprendimiento el que terminó por destapar el escándalo financiero y alertar en Sanhattan que algo extraño podía estar pasando en la empresa de factoring. El 8 de agosto pasado la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, canceló el registro de la corredora y multó a los dueños del grupo Sum Capital con 750 mil dólares.

Factop pasó a engrosas de inmediato el círculo de suspicacias. Las querellas por estafa fueron apareciendo unas tras otra, entre ellas una de su propio socio, Rodrigo Topelberg, quien acusó a sus controladores -hermanos Sauer- de operaciones ficticias y manipulación contable.

Estos últimos días, sin embargo, han comenzado a aparecer otro tipo de querellas. Ya no de empresas, sino de miembros de la comunidad judía que habrían invertido, según datos aparecidos en El Mostrador, alrededor de 50 millones de dólares en Factop.  El Desconcierto tuvo acceso a algunas acciones judiciales donde se detalla cómo el episodio ha calado en un colectivo que valora la lealtad en los negocios.

Y, sobre todo, no está muy acostumbrado a perder.

El mecanismo

Alejandro Meyer recuerda que no sólo veía a Alberto Sauer Rosenwasser frecuentemente los fines de semana, junto a sus suegros, sino que conversaba con él sobre el destino de sus negocios junto a sus hijos. Así se informó de primera fuente que todo iba bien encaminado. “Les estaba yendo muy bien, siempre crecían y las utilidades mensuales y anuales eran increíbles”, se lee en el documento.

Tan bien les estaba yendo que Meyer escuchó que gracias al financiamiento de la familia Topelberg Kleinkopf, “manejaban tanto capital que podrían abrir un banco inclusive” y que buscaban ampliar los negocios a un ámbito internacional, particularmente a Estados Unidos.

“Así las cosas, dado que todos los cercanos a nuestra comunidad invertían con ellos en Factop, decidí consultar cómo era el sistema de inversión”, comenta Meyer sobre el momento que decidió participar en el negocio.

En otra querella recién interpuesta, presentada por un exdirector de la comunidad Judía, José Reineger Kanarienvogel, y el empresario boliviano Rafael Fischer Eisenreich, socios en Inversiones Jora Limitada, ambos aseguran conocer a Alberto Sauer Rosenwasser desde hace 15 años.

“Dada la amistad y confianza que existía entre nosotros, nos propuso invertir en su empresa de factoring, mediante la colocación de dineros para que él junto a sus hijos pudieran trabajar su empresa y, como contrapartida a nosotros como familia nos ofrecía un interés asegurado”, explican.

El mecanismo era siempre el mismo. Las inversiones eran por un plazo determinado, generalmente de 30 días, periodo en el que se podía optar por tres opciones distintas: retirar la inversión más el interés, solicitar el pago del interés manteniendo el capital invertido por un nuevo plazo y/o capitalizar el interés junto al monto depositado inicialmente.

Los socios de la empresa de factoring siempre aseguraron a sus clientes que en cualquier momento éstos podían solicitar el “rescate de las inversiones”, las que serían devueltas de forma inmediata. “Podíamos estar confiados”, decían, porque “mientras él (Alberto) estuviera vivo… tanto él como sus hijos honrarían los compromisos pactados”.

En ambas querellas, los demandantes aseguran que tras la suspensión de actividades de la corredora STF se comunicaron con los socios de la empresa de factoring, quienes les señalaron que “lo sucedido con la corredora no afectaba la situación patrimonial y liquidez de Factop”.

Pero ante la creciente ola de rumores sobre el futuro de la empresa, decidieron solicitar la devolución del dinero invertido -1800 millones en el caso de Reineger y Fischer y 130 millones en el caso de Meyer- a través del envío de un correo electrónico.  Situación que hasta la fecha no ha ocurrido, aseguran en ambas querellas.

“Tenemos la convicción de que estos dineros se distrajeron del patrimonio de Factop o derechamente jamás ingresaron a la referida empresa, sino que más bien se trata de una especie de fraude piramidal a gran escala, como otros que se han visto en el país”, concluye la querella presentada por el exdirector de la comunidad judía, José Reineger.

Se trataría de un sistema donde se habrían emitido decenas de facturas falsas desde el punto de vista ideológico, con el único objeto de “ser descontadas en el factoring perteneciente a las familias Sauer y Topelberg”.

Los perjudicados con esta operación, agrega la querella, habrían sido quienes creyeron invertir en un “negocio pujante” cuando, al mismo tiempo, los dueños del factoring y empresas relacionadas a ellos se transformaban en “los propios beneficiarios de los pagos”, simulando operaciones donde resultaban ser los únicos favorecidos.

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