Tras la finalización de la primera etapa del proceso que se habilitó para dotar al país de una Constitución escrita en democracia que reemplace a la impuesta en dictadura, este miércoles El Mercurio publicó una carta escrita por cuatro docentes de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), en la que se alerta respecto de una traba que esta impone a la persecución del narcotráfico.

"La 'Constitución de la Seguridad' hace inconstitucional la penalización del narcotráfico. Así de desconcertante es la falta de cordura de sus redactores", asegura el escrito en su primer párrafo, apuntando a la propuesta que se plebiscitará el 17 de diciembre.

Siguiendo con su argumentación, plantean que "en 1984, cuando se discutió ante el Tribunal Constitucional un proyecto de ley sobre tráfico de estupefacientes, se planteó la cuestión de si era conforme o no la Constitución la remisión que el proyecto hacía al reglamento para que determinara cuáles eran las sustancias estupefacientes".

"El Tribunal observó que el anteproyecto que dio origen a la Constitución de 1980 exigía que la ley determinara 'expresa' y completamente el delito, pero que el texto final aprobado por la Junta de Gobierno sólo exigía - como sigue haciéndolo - que lo describiera 'expresamente'.

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Eso permitió al Tribunal sostener que la Constitución no exige que la ley penal se baste a sí misma en todo aspecto, sino que es suficiente que describa en lo esencial la conducta delictual", agregan al tiempo que recalcan que "ese es el entendimiento que prima hasta el día de hoy".

Y a renglón seguido, los cuatro académicos aseguran que "si se aprueba, 'La Constitución de la Seguridad'  exigirá que la ley penal describa la conducta 'precisa y expresamente'".

"Cualquier conocedor del derecho constitucional chileno advierte inmediatamente que se está transfiriendo a las multas que no son penas, el estándar hasta ahora a las penas y que se sube este último estándar al previsto por el anteproyecto de 1980", agrega la carta.

Finalmente, y más allá del propósito de sus redactores, plantean los académicos, de paso estos "impiden a las ordenanzas municipales imponer multas para mantener el orden público y terminan saboteando constitucionalmente la prohibición penal del narcotráfico".

"Nadie sabe para quién trabaja", finaliza el escrito que suscriben Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Tschorne y Javier Wilenmann.

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