Apenas el Ministerio Público ordenó una investigación al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama, organismo encargado de implementar la nueva institucionalidad educacional en la región, las miradas se centraron en buscar a los responsables del descalabro administrativo que permitió, entre otras cosas, traspasos por más de 44 mil millones sin ningún tipo de respaldo.

La crisis que afecta a la educación pública en la tercera región y que mantiene a más de 30 mil estudiantes sin clases, debido a un paro de docentes que se ha extendido por más de 50 días, se desató tras sendos informes realizados por Contraloría y el Mineduc, investigaciones que advirtieron sobre el peligro real de una eventual “desviación de recursos” al interior del organismo encargado de llevar adelante el proceso de “desmunicipalización”.

Las dudas sobre la instalación del SLEP de Atacama, sin embargo, venían de mucho antes. Los propios funcionarios del nuevo organismo estatal alertaron a Contraloría, a través del oficio N° E288912 de 2022,  sobre el arribo de personeros políticos en cargos altamente técnicos, incorporados bajo una modalidad a contrata.

Fuentes al interior del organismo aseguran que llamó la atención que al menos dos concejales de la región, militantes del Partido Socialista, fueran considerados para ocupar cargos donde se requería otro tipo de experiencia. “Se temió desde un comienzo que el trabajo se iba a politizar y no se trabajaría en base a las exigencias técnicas del servicio”, cuenta un funcionario.

Contraloría finalmente se pronunció respecto a la contratación de Claudio Álvarez Robles (concejal de Caldera) y Miguel Carvajal Macaya (concejal de Copiapó), como funcionarios subrogantes del Departamento de Gestión de Personas y de la Unidad Jurídica del organismo público, respectivamente.

La resolución a la que tuvo acceso El Desconcierto, fechada el 2 de febrero de este año, destaca que en el caso de los funcionarios aludidos no se verificó “el cumplimiento de los requisitos necesarios”, tanto “normativos como jurisprudenciales”, para el cumplimiento de sus labores subrogantes en sus respectivas unidades administrativas.

Esta situación ya había sido denunciada al exministro de educación Marco Antonio Ávila por la directiva del colegio de profesores de Copiapó. Yariela Ardiles, presidenta del organismo colegiado, cuenta que habría sido el entonces jefe de la cartera de educación quien les reconoció que los nombres los habría aportado el diputado socialista Juan Santana.

[caption id="attachment_876780" align="aligncenter" width="2560"] Yariela Ardiles[/caption]

“Le dijimos que eso no debía suceder porque ellos eran concejales y sus nuevos cargos no eran compatibles con el servicio. Él se enojó cuando le dije que se trataba de cuoteo político y empezó a gritarme”, recuerda la mandamás de los docentes.

Ardiles asegura que posterior al encuentro con Ávila se reunieron en el colegio de profesores con el diputado Santana. “Le dijimos que meter a un lote del PS era cuoteo político y nos dijo que no tenía por qué darnos explicaciones. Al final terminamos sacándolo del colegio y prohibiéndole volver a ingresar”, recuerda.

En la misma hebra figura el Seremi de Educación de Atacama, el también socialista  Gabriel González, sindicado como una figura política muy cercana al diputado Santana, quien acaba de reconocer a través de la prensa que le pidieron recomendaciones en su calidad de parlamentario de la zona.

“Quien diga lo contrario cae en una hipocresía”, comentó.

Causas judiciales

La contratación irregular de los concejales no fue el único motivo que causó molestia, también el hecho que cuando fueron contratados ambos figuraban en causas judiciales; Álvarez en un juicio de cuentas en la municipalidad de Caldera y Carvajal en su calidad de jefe jurídico del exalcalde de Tierra Amarilla acusado de fraude al fisco.

Claudio Álvarez fue acusado por la propia alcaldesa de Caldera, Brunilda González, por malversación de caudales públicos cuando se desempeñó como contador del Departamento de Educación Municipal, derivando los ahorros de funcionarios de tres escuelas a otros fondos, “distrayéndolos del fin para el cual fueron puestos bajo su resguardo”, se lee en la querella a la que accedió El Desconcierto. La causa en la actualidad se encuentra bajo suspensión condicional.

Miguel Carvajal, en tanto, renunció a la presidencia regional del PS en septiembre y en la actualidad tiene su militancia suspendida, tras autodenunciarse ante la Policía de Investigaciones por el presunto delito de cohecho y soborno, aduciendo que fue víctima de las presiones de una “empresa con intereses en la comuna”.

ContraloríaSlep by claudio pizarro on Scribd