Entre el gobierno, el Congreso y las organizaciones sociales existe una discusión respecto al aumento de las tarifas de luz que vendrá en el futuro cercano, según vaticinó un informe de la Comisión Nacional de Energía publicado hace un par de meses.

Por esta situación el Ejecutivo, junto con la Comisión de Minería y Energía del Senado, llegó a un acuerdo respecto a un itinerario para levantar una ley corta, la que pueda hacer frente a estas alzas inminentes.

Sin embargo, no todos los parlamentarios suscriben este acuerdo. Los diputados Karol Cariola (PC) y Jaime Araya (independiente) presentaron una carta al Ministro Segpress Álvaro Elizalde, para que se tomen medidas en resguardo de la ciudadanía, especialmente de la población económicamente más vulnerable.

A esta iniciativa se sumaron organizaciones sociales, como la ONG Energía para Todos, donde su director, Javier Piedra, enfatiza que la propuesta del Ejecutivo “aumenta las tarifas, perpetúa las alzas y genera más deuda”.

¿Qué cuestionan de la iniciativa?

El acuerdo entre el Ejecutivo y las comisiones del Senado apunta a crear un nuevo mecanismo PEC, en su tercera versión, que busca generar estabilización del precio de los clientes regulados de la ciudadanía. Esto funcionaría en base a la deuda y el tiempo de pago, señala Piedra.

Ya los PEC 1 y PEC 2, que comenzaron en el contexto del estallido social, “fracasaron” a juicio de la ONG, puesto que los pozos destinados a mantener los mecanismos se agotaron antes de tiempo.

Según detalla Piedra, el gobierno “está anunciando un nuevo mecanismo de estabilización donde amplía la deuda en mil millones de dólares más y amplía el pago a la deuda al 2035, o sea que hasta el 2035 no va a bajar la tarifa, pero además agrega un cargo extra de 15 pesos por kilowatt/hora. O sea que el PEC 3 aumenta las tarifas, perpetúa las alzas y genera más deuda”.

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Desde el Congreso, en tanto, trascendió que no estarían las condiciones de legislar un nuevo PEC para seguir manteniendo la misma lógica.

En ese sentido, se anunciaron iniciativas como la renegociación de contratos de clientes regulados para los contratos de largo plazo que son anteriores al año 2015, que además están indexados al precio de los combustibles.

De momento la disputa se mantiene entre el Ejecutivo y la Cámara. En tanto, el lunes de esta semana comenzaron las primeras conversaciones entre el gobierno y empresas de generación eléctrica, para prontamente ingresar un proyecto de ley que se enfrente a los futuros ajustes de la tarifa eléctrica.