Esta semana la Comisión Técnica Asesora para la Comisión de Salud del Senado entregó su informe final en el marco de la discusión del boletín 15896-11, alusivo a la ley corta de las isapres.

Para el proyecto, destinado a crear un nuevo modelo de atención en FONASA y modificar normas relativas a las aseguradoras, se conformó un comité integrado por 18 expertas y expertos, el que causó una intensa polémica en los últimos días.

Luego de analizar cifras e información acerca de las instituciones de salud previsional por casi tres meses, la comisión determinó que el monto adeudado por las isapres, tras cobros excesivos a los usuarios, está en torno a los US $451 millones.

Cabe recordar que en marzo de este año la Superintendencia de Salud estimó en US$1.400 millones la suma que las isapres tendrían que devolver a los afiliados, casi tres veces más que la cifra detallada por la comisión del Senado.

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Ante esto, diversas voces han expresado su preocupación por la rebaja del monto, y otras –generalmente representantes de las instituciones privadas– se han manifestado a favor del descuento.

Desde la Comisión de Salud de la Cámara, el diputado y médico Tomás Lagomarsino (PR) acusó que el monto calculado por los técnicos es un “perdonazo” a las isapres.

Agregó que “se ha planteado públicamente, lo ha dicho la misma ministra, que el cálculo original partía de supuestos diferentes”.

“Ese supuesto, que ha modelado esta Comisión Técnica, que emitió su informe y lo publicó en la Comisión de Salud del Senado, provoca una disminución efectiva de la deuda porque la deuda original era la aplicación literal y directa del fallo”, añadió.

Además, sobre el comité, dijo que “en ningún caso es una entidad con mandato legal. Es un invento que se realizó, como un traje hecho a la medida, para generar una fórmula que permita un perdonazo”.

Qué dice el informe

En el documento entregado ante la Comisión de Salud del Senado, los técnicos expertos reconocieron “la existencia de desafíos urgentes de nuestro sistema de salud que requieren cambios más estructurales que no son posibles de abordar en el marco de la ley corta”.

Concluyeron que el subsistema asegurador privado presenta problemas estructurales y de sostenibilidad, relacionados con diferentes factores, y que en los últimos años se ha observado un deterioro en la situación financiera del sistema de isapres, con algunos componentes relacionados con la pandemia del COVID-19.

De esta forma coincidieron en que en el año 2021 las isapres abiertas registraron pérdidas por 192.906 millones de pesos. En tanto, en el 2022, las pérdidas acumuladas fueron de 141.017 millones de pesos.

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Estas cifras superan al total de utilidades acumuladas en el periodo 2014–2020 (en pesos comparables), pero, según destacan desde la comisión, “ninguna de ellas considera los efectos de los fallos judiciales de noviembre de 2022 y agosto de 2023” de la Corte Suprema.

Vale recordar que el máximo tribunal resolvió dejar sin efecto toda tabla de factores empleada por las isapres en sus planes de salud, que sea distinta de la Tabla Única de Factores definida por la Superintendencia de Salud en el año 2019. Así se llegó a los 1.400 millones de dólares por excedentes adeudados a los usuarios.

Con esto en mente la comisión justificó, tras evaluar el pasivo que la adecuación de los planes de salud –por el fallo de la Suprema– genera en el subsistema privado de salud, que la evaluación del impacto financiero que supone el fallo es indisoluble del modo en que ha de implementarse.

Por eso llegaron a la conclusión -al concebir un nuevo monto- de que, para calcular los pagos hechos en exceso por el no uso de la tabla única de factores es imprescindible considerar los efectos en el sistema que habría tenido su uso, antes que los efectos individuales.

US$451 millones

Así, considerando la obligación de aportar 7% de las remuneraciones imponibles al sistema de salud, y que tanto los riesgos y excesos deben ser evaluados de manera sistémica, una deuda equivalente a cerca de US $451 millones es comparable al total de utilidades acumuladas por las isapres entre los años 2012 y 2020.

También recomendaron que las isapres destinen cerca de US$45 millones anuales por los próximos diez años únicamente a saldar la deuda derivada del fallo de la Corte, y que durante este período con deuda vigente las isapres no podrían hacer retiro de utilidades, tal como recomendó el Ejecutivo.

Por otro lado, instaron a que la exigibilidad de dichas deudas tenga un efecto sobre la liquidez y el patrimonio contable de las aseguradoras, y propusieron que la ley corta contemple un plazo de 10 años para la devolución de estos excedentes de forma de evitar los riesgos de incumplimiento y quiebra.