Consejo votará normas del "Estado Social" tras aprobar polémicas enmiendas de republicanos
La protección de “quien está por nacer”, la objeción de conciencia institucional, beneficios para presos con enfermedades terminales y la expulsión inmediata de personas que están en situación ilegal en Chile, fueron algunas de las normas que visó el pleno del Consejo Constitucional ayer miércoles.
En la segunda jornada de votaciones en el pleno la derecha dejó atrás sus diferencias evidenciadas en la primera sesión, aprobando todas sus enmiendas, pese a los duros reparos que argumentaron las bancadas de izquierda.
Ahora, este jueves, el órgano constitucional deberá votar las normas dispuestas en el Capítulo II, el cual debería consagrar los derechos sociales y por ende, el Estado Social y de Derecho que fue acordado en el Acuerdo por Chile y materializado en el anteproyecto de la Comisión de Expertos.
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Objeción institucional y protección del que está por nacer
Dos de las normas más polémicas aprobadas durante la jornada de este miércoles fue la protección de quién está por nacer y la objeción de conciencia a nivel institucional, disposiciones que podrían poner en riesgo el aborto en tres causales, según argumentaron desde el oficialismo.
La primera de esta, a pesar de ser similar a la norma contenida en la actual carta magna, generó preocupación en las bancadas de izquierda al interpretarse como un retroceso en la protección constitucional del aborto en tres causales.
“No es inocuo el cambio, no es cualquier cosa, cuando hablamos de lenguaje constitucional, no es un juego, es lenguaje político, es lenguaje que crea realidades, que abre la vía para consagrar derechos o para hacer todo lo contrario, y este es el caso de lo que se está proponiendo con la protección de la vida de quien está por nacer”, sostuvo la consejera María Pardo (CS) sobre este cambió introducido en la norma de protección a quién está por nacer.
Quién también cuestionó estas normas aprobadas fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. “Lo que se aprobó hoy en el análisis jurídico (…) permitiría que, por ejemplo, podríamos retroceder respecto a la pastilla del día después”, manifestó la secretaria de Estado en entrevista con Radio ADN.
“No es una cuestión de oficialismo u oposición. Lo que muestran las encuestas es que la mayoría de la población está, al menos, de acuerdo con las tres causales y en que no hay que criminalizar”, agregó Orellana refiriéndose al trabajo del órgano constitucional.
Igual preocupación generó la norma aprobada que establece “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, el que incluye “la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional”.
Sobre esto, previamente instituciones y organizaciones pro derechos humanos advirtieron que esta norma podría generar retrocesos en el acceso al aborto en tres causales y podría generar dinámicas de discriminación en áreas como la salud y educación.
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Expulsión de personas en situación irregular
Otras de las disposiciones que provocó roces y emplazamientos entre ambos bloques fue la norma que consagra a nivel constitucional la expulsión “en el menor tiempo posible” de extranjeros que estén en situación irregular del país.
Con 34 votos a favor, 15 en contra y una abstención, la disposición fue visada. Cabe recordar que, según el derecho internacional, migrar no es un delito, sino que un derecho.
“Nos parece inaceptable que se haya incorporado la expulsión inmediata para migrantes en situación irregular que, dicho sea de paso, debe ser el grueso de los mirantes que están en Chile. Son gente que viene de países en los cuales no han podido conseguir antecedentes o no han tenido posibilidad de regularizar su situación en la frontera, optan por pasos no habilitados, se exponen a situación de riesgo, nos parece que es una situación en la que humanitariamente no es razonable estigmatizarla”, cuestionó el consejero Yerko Ljubetic (CS).
Estado Social “en peligro”
A esta hora el pleno del órgano discute sobre el Capítulo II del proyecto, el cual contiene los derechos sociales y que materializa el Estado Social y de Derecho, disposición acordada en las etapas previas de este proceso constitucional.
En ese sentido, el oficialismo ha cuestionado fuertemente las normas ingresadas por republicanos y Chile Vamos, las cuales consagran a nivel constitucional el modelo privado en salud, educación y pensiones.
“Si aquí se aprueban estas enmiendas, nos están expulsando del texto”, acusó el comisionado experto Flavio Quezada (PS) en su exposición en el plenario, asegurando que si se aprueban las enmiendas, “se niegan” los derechos sociales que se acordaron anteproyecto.