En qué consiste la Ley de Usurpaciones y por qué el gobierno se niega a promulgarla
Conflicto al interior del oficialismo, molestia en el gobierno y un posible requerimiento al Tribunal Constitucional, provocó la aprobación en la Cámara Baja del proyecto de ley que aumenta las sanciones a las ocupaciones ilegales o usurpaciones de terreno.
La iniciativa, que en su génesis fue impulsada por la oposición, fue presentada por el gobierno tras el acuerdo en seguridad al que se llegó en ambas cámaras del Congreso, conocido como el fast track legislativo.
Sin embargo, la oposición agregó una serie de indicaciones —como la legitima defensa privilegiada— acción que tuvo como consecuencia que parte del oficialismo se bajara del proyecto y se terminara votando de forma dividida.
Pero, ¿en qué consiste esta ley y qué trama hay detrás de esta polémica iniciativa? Acá El Desconcierto te lo cuenta.
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Más sanciones y autotutela
En concreto, el proyecto propone endurecer las sanciones al delito de usurpaciones de propiedades, modificando el Código Penal y estableciendo penas privativas de libertad.
En ese sentido, uno de los principales cambios con la legislación actual es que con esta ley se les otorga más atribuciones a Carabineros para detener a quienes ocupen ilegalmente propiedades de terceros.
También, la legislación extiende el periodo de flagrancia de este delito y permite la restitución anticipada del inmueble durante se lleven a cabo las investigaciones penales o civiles.
Pero más allá de estas disposiciones —las que eran apoyadas por el Ejecutivo— el artículo más polémico es el que instaura la legítima defensa privilegiada.
Este artículo permite a quienes estén siendo víctimas del delito de usurpación defenderse mediante las armas, deduciéndose que se emplea la fuerza, que puede ser letal, para repeler un delito flagrante. Pero no solo eso, esta norma permite defender a terceros, lo que ha sido el principal flanco de discusión en el Congreso.
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Gobierno anuncia que no promulgará ley
El proyecto, pese a las voces críticas, fue visado este martes en la Cámara por 99 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones. Más aún, el artículo que permite recuperar terrenos por “manos propias”, como ha dicho el gobierno, fue aprobado por 73 apoyos, 63 en contra y cinco abstenciones.
Ante la situación, el ministro de la Secretaría General de Gobierno (Segpres), Álvaro Elizalde, adelantó que el gobierno no promulgará el proyecto tal como está.
“El monopolio de la fuerza está radicado en las instituciones públicas, particularmente en las policías. Y por eso nos parece que lo aprobado hoy, es sin duda una transgresión con los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema jurídico”, fustigó el secretario de Estado.
Asimismo, aseguró que “el gobierno no lo va a promulgar y, por el contrario, va a utilizar todas las herramientas que nos otorga la Constitución para velar por el respeto de estos principios civilizatorios sobre los cuales se ha construido la convivencia en nuestro país”.
Esas herramientas podrían significar un requerimiento al Tribunal Constitucional o bien, un veto presidencial.
Pugna al interior del oficialismo
Ahora, el proyecto pasó a su tercer trámite en el Senado, instancia en que el Ejecutivo espera revertir la polémica norma de la legitima defensa privilegiada. De lo contrario, e independiente de lo que haga el gobierno, parlamentarios acudirán al TC para frenar la iniciativa.
Pero más allá de eso, la votación evidenció un claro descuelgue del Frente Amplio, PC y sectores del PS del proyecto. Incluso, dichas fuerzas políticas, rechazaron parte del articulado que había promovido el mismo gobierno, ya que a su juicio de las fuerzas progresistas, la ley “criminaliza la pobreza”.
Esta situación molestó a las bancadas del PPD y la DC, desde donde se cuestionó a la alianza de izquierda. “Queremos manifestar nuestra profunda indignación por la falta de apoyo del PC y del Frente Amplio a los proyectos de seguridad que son respaldados por nuestro gobierno. Es inaceptable”, fustigó el diputado Raúl Soto (PPD).
La crítica fue refrendada por el diputado Jaime Araya, independiente-PPD, quien acusó a Apruebo Dignidad faltar a la “lealtad” en la votación.
“Uno espera gestos mínimos de lealtad y que tengan la decencia para cumplir la palabra y que no nos expongan al ridículo. Espero una disculpa y un pronunciamiento de la ministra vocera (Camila Vallejo)”, dijo el diputado, pese a que la coordinación y promoción del proyecto está a cargo de Elizalde y Carolina Tohá, ministros de Socialismo Democrático, coalición a la que pertenece precisamente Araya.
