“En la discusión pública, muchas veces, se pierde la complejidad de las cosas”, afirmó la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, en el conversatorio "Construyendo futuro en innovación sustentable" en la Universidad de los Andes, el pasado 18 de agosto.

Minutos antes, se dio tiempo para conversar con El Desconcierto sobre varios temas complejos que apelan al futuro del país; el funcionamiento de la Comisión Asesora contra la Desinformación, que a fines de agosto lanzará su primer informe, la importancia de avanzar en I+D, las implicancias de la Inteligencia Artificial y el rol de las universidades públicas regionales.

"Estamos en un punto de inflexión, hemos ido sumando piezas y están encajando unas con otras. Vamos a meterle una inyección de recursos a eso, y estoy convencida que nos va a permitir disparar el crecimiento que tenemos en ciencia y tecnología en los próximos años", afirma la ministra Etcheverry, sobre el futuro de Chile en estas materias.

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¿Cómo ha sido el trabajo de la Comisión Asesora contra la Desinformación hasta ahora?

La Comisión ha logrado trabajar como funcionan las comisiones de expertos, o sea, con la tranquilidad necesaria, para generar un buen nivel de discusión. Ese trabajo ha ido en paralelo a lo que ocurre en lo mediático, que lo estamos abordando desde el gobierno con la ministra Camila Vallejo. Porque fue en lo que nos comprometimos con los comisionados, para que ellos pudieran hacer su trabajo en tranquilidad. Ya estamos avanzando en los primeros borradores del primer informe, que lo debiésemos entregar a fines de agosto.

Si bien existió mucho revuelo, y en parte ha sido en algunos casos incómodo y en otros injusto, porque muchas de las cosas que se han dicho no están contenidas en el documento, sino que son percepciones o especulaciones de lo que se podría llegar a hacer antes de que se trabaje. La Comisión contra la Desinformación si ha logrado generar una discusión en torno a desinformación que es necesaria y ha logrado abrir el debate.

El otro día vi en la televisión recomendaciones de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad respecto a cómo doble chequear, y usar las redes sociales sin caer en estas burbujas de información. Quizás, no tiene que ver con lo que estamos haciendo, pero tiendo a pensar que existe relación con el revuelo que se ha generado sobre cómo relacionarse con la información. Porque cuando hablamos de desinformación, hablamos también de educación, cultura y espíritu crítico, y de empoderar a los ciudadanos y ciudadanas, en ejercer el derecho a emitir opinión e informarse.

¿Qué se puede adelantar del trabajo que han hecho hasta el momento?

El primer informe tiene que ver con el diagnóstico local, lo que hace es mirar las experiencias internacionales y analizar cuál es la situación en Chile, cuál es el ámbito en el que se va a trabajar. Ahora los expertos están haciendo un trabajo de síntesis, porque como ocurre en materias complejas, tenemos varios estudios dispersos, y hemos logrado llevar todo esto a un documento que consolida, y que le pone una perspectiva de pertinencia local, porque no es lo mismo el comportamiento de las personas frente a la información en Brasil, Chile, Francia o en Estados Unidos. Mientras, que en el segundo informe que ocurre a finales de noviembre van a haber recomendaciones de políticas públicas.

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Inteligencia Artificial

-En el recientemente lanzado Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, Chile aparece muy bien posicionado a nivel regional. Destaca en infrastructura e investigación, pero aún se está al debe en I+D. Un asunto prioritario para el Presidente Boric tanto en su campaña como en la última cuenta pública ¿Qué avances se están haciendo en la materia?

Nosotros tenemos una deuda de muchos años respecto de la inversión en I+D. Hace un par de semanas, me tocó presentar “Estrategia Industrial de Chile para la década de los años 70”, que publicó Sergio Bitar sobre la política industrial de esa época, y en el texto aparecen proyecciones de inversión en I+D que son similares a las que tenemos ahora. Es un desafío que arrastramos como país hace muchos años y que el Presidente comprometió aumentarlo.

Hasta ahí no es muy distinto que lo que habíamos hecho o lo que habían hecho gobiernos anteriores, la principal diferencia es que en esta oportunidad no sólo se comprometió a aumentarlo, sino que también se enunció un camino de cómo lo hacemos. Esa es la principal diferencia que tenemos, sabemos todos que no es solo echarle más recursos a la máquina, sino que hay que pensar en dónde tienen que ser las inversiones para que podamos despegar y crecer.

Si usáramos solo los instrumentos existentes no hay forma de que lleguemos al 1% del PIB. Para eso, el Presidente anunció la idea de generar un mecanismo de financiamiento estructural para las universidades, que les permita particularmente en las regiones tener capacidades suficientes para hacer investigación y desarrollo. Mientras, que  para las universidades que son más avanzadas, y que ya tienen sistemas de Ciencia y Tecnología consolidados, tengan también la posibilidad de desarrollar proyectos de frontera y de largo plazo.

Una universidad desde que se propone avanzar en investigación, hasta que logra acreditar sus primeros programas de doctorado y adjudicarse sus primeros concursos o fondos concursables en investigación, necesita alrededor de diez años. Si nosotros queremos desarrollo en todas las regiones no podemos esperar todo ese tiempo.

-Vienen llegando de la región de Los Lagos ¿Cuánta importancia tienen en este proceso las universidades públicas regionales?

Las universidades en general, y las del CRUCH tienen un nivel de coordinación que es espectacular, como no habíamos tenido nunca. Reuniones todos los meses donde los rectores están trabajando como equipo en pro de empujar distintos temas que son de interés país. Eso es fundamental para hacer crecer el I+D. Sin ese nivel de coordinación y trabajo en conjunto con el ministerio, difícilmente podríamos hacer ésta apuesta.

Ese nivel de coordinación también se ve a nivel regional y esas universidades lo han comprendido y están trabajando de manera coordinada en desafíos que son difíciles de abordar. Inteligencia artificial es uno de ellos y el ejemplo más evidente es lo que está ocurriendo en la región de Biobío donde la Universidad de Biobío, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Concepción están desarrollando el primer doctorado en esta materia en Latinoamérica y lo están haciendo de manera consorciada.

Las universidades tienen el convencimiento que tienen que asociarse, y por el otro lado viene el gobierno, en este caso el ministerio, proponiendo una herramienta que permite financiar investigación complementaria a la competitividad, que potencia este nivel de coordinación. Así, cuando nos enfrentamos al desafío de la Inteligencia Artificial, el hacerlo de manera colaborativa, permite que la infraestructura se comparta, y hoy el NLHPC - Laboratorio Nacional de Alto Rendimiento, por sus siglas en inglés-, que es la principal infraestructura para procesamiento de información sea un esfuerzo conjunto de las universidades.

Estamos en un punto de inflexión, hemos ido sumando piezas y están encajando unas con otras. Vamos a meterle una inyección de recursos a eso, y estoy convencida que nos va a permitir disparar el crecimiento que tenemos en ciencia y tecnología en los próximos años.

-A principios de agosto comenzó una comisión interministerial por la IA ¿Cómo se trabaja dentro del Estado para incorporar estas tecnologías?

Hay una coordinación a nivel de los subsecretarios, que lleva la subsecretaria Carolina Gainza, que lo que busca es identificar a nivel de los ministerios y en su gestión interna el uso o la posibilidad que tienen de utilizar las herramientas de IA que hoy existen. No es llegar e instalar un algoritmo para poder hacer atención de un usuario en el COMPIN, hay que entender qué nivel de madurez tiene el servicio, cuáles son los componentes o las implicancias éticas de ese uso, cómo se asegura que las personas tengan sus derechos cubiertos y eso supone un nivel de madurez en términos de transformación digital y de capacidad de los ministerios.

Estamos trabajando con UNESCO y con la Unión Europea para entender, cómo estas capacidades públicas sumadas a lo que tenemos en investigación requieren o se beneficiarían de una regulación que nos permita acelerar y resguardar al mismo tiempo. Ese es el desafío en el que estamos involucrados como ministerio. Ahí existen tres líneas de trabajo: cómo nos preparamos como Estado, cómo generamos más capacidades para seguir investigando y desarrollando, y cómo regulamos de una manera que genere los resguardos necesarios para nuestra población.

Hay más de 75 algoritmos corriendo en organismos del Estado, en el COMPIN, Fonasa, Servel, Registro Civil, en el ministerio de Justicia, a propósito de los 50 años del golpe y el Plan Nacional de Búsqueda.

-¿Cómo se involucra la IA en el Plan Nacional de Búsqueda?

El ministro Luis Cordero presentó el Plan Nacional de Búsqueda, que considera distintas herramientas, una de ellas es complementar el trabajo que han hecho los Tribunales de Justicia, a propósito de todas las investigaciones vinculadas a los detenidos desaparecidos, junto con la digitalización de todos esos archivos y el uso de IA para poder procesar toda la información que se ha generado durante estos años.

-¿Cómo se está trabajando frente a la posibilidad de reemplazo laboral que existe en esta materia?

El tema es altamente complejo. No es que van a llegar las máquinas y nos van a reemplazar. Hay que entender cómo está funcionando nuestro mercado laboral, cuáles son sus características y a partir de ahí, ver cuál es el impacto que tiene la IA. El Núcleo Milenio está trabajando en esos temas y cuando uno empieza a conocer cuáles son las conclusiones a las que llegan en términos del mercado laboral chileno son muy distintas a lo que ocurre en Estados Unidos o en Alemania, porque en nuestra fuerza laboral es distinta. Todo ese conocimiento  que tiene que ver con nuestro país y su idiosincrasia, es lo que hoy estamos poniendo a disposición de todos los ministerios para que puedan ir generando mejores políticas públicas.

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