El Ministerio Público anunció una eventual investigación por traspasos millonarios desde la Seremi de Vivienda del Maule a la ONG Urbanismo Social, que entre sus filas contó con la partición del actual seremi de la región, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática (RD); mientras que desde Contraloría pidieron congelar la toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y el Estado.

El anuncio del Ministerio Público llegó —de acuerdo a El Mostrador— en medio del complicado panorama que envuelve a la bancada a raíz del caso Democracia Viva, donde la fundación liderada por el RD y pareja de la diputada del mismo partido, Catalina Pérez, Daniel Andrade, recibió $426 millones de la Seremi de Vivienda de Antofagasta por tres convenios suscritos entre ambas entidades.

Y además, llegó cuando el titular de Vivienda, Carlos Montes, sostenía una reunión con 23 fundaciones para analizar posibles modificaciones al procedimiento para suscribir convenios entre fundaciones privadas y la cartera. "Conversar sobre el rol que están cumpliendo, los vacíos que esto tiene (y) la necesidad de perfeccionar", precisó.

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Ante la nueva acusación, el ministro Montes anunció una investigación interna sobre estos traspasos, además de la inhabilitación del seremi de Vivienda de la Región del Maule, lo que no ocurrió en el caso de Antofagasta con Fundación Democracia Viva, pues la autoridad renunció días antes de que el caso explotara en la prensa.

Además, el personero de gobierno aseguró que las indagatorias del Maule serán entregadas a la Fiscalía de Antofagasta, encargadas de llevar el caso.

Solicitud de Contraloría

Pero el caso no termina allí. A raíz de lo sucedido con Democracia Viva, a la cual se sumaría la arista del Maule, desde la Contraloría General de la República decidió instruir a todas las Contralorías regionales para congelar cualquier toma de razón de todos los contratos entre fundaciones y ONG's con instituciones estatales. 

Según constató Radio Bío Bío, la entidad busca realizar una auditoría de dichos contratos y verificar, además, cuál es la situación de todas las firmas que se ejecutaron entre fundaciones y el Ministerio de Vivienda y otros ministerios.

Específicamente, en convenios que superen las 5 mil UF —180.441.400 millones de pesos a día de hoy— que por ley es lo que se establece como índice para la toma de razón.

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