Una “Comisión Asesora contra la Desinformación” anunciada por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, es la última iniciativa gubernamental que genera rechazo en la oposición, desde donde han acusado “censura” y que se limitará “la libertad de expresión” con este ente.

Creada esta semana mediante un decreto publicado en el Diario Oficial, la instancia será de carácter temporal, compuesta por académicos, profesionales, representantes de la sociedad civil y organizaciones de fact-checking.

Su objetivo es asesorar a las ministras de Ciencia y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) “en los aspectos que permitan analizar el fenómeno global de la desinformación y su manifestación a nivel local en Chile”.

Según el decreto oficial, la comisión abocará sus funciones al impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, la alfabetización digital, la desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas internacionales/experiencia comparada, y políticas públicas y desinformación.

Dos expertas, en conversación con El Desconcierto, entregan sus razones para respaldar la creación de la Comisión Asesora.

No es algo nuevo: la experiencia internacional

Para Ana María Castillo Hinojosa, doctora en Comunicación y Periodismo y co-directora del Núcleo de Inteligencia Artificial, Sociedad, Información y Comunicación de la Universidad de Chile, que exista la comisión es una experiencia que se ha visto en distintas partes del mundo.

“Identificar o diagnosticar los sistemas de desinformación a nivel global es algo que se ha ido trabajando durante mucho tiempo; no es algo nuevo, pero traerlo a nivel local y ver cuáles son los impactos específicamente en el mundo de la comunicación digital me parece súper relevante”, opina Castillo.

Para la académica, “es muy bueno poder identificar buenas prácticas internacionales, ver cuál es la experiencia comparada y hacer recomendaciones sobre qué es lo que se puede hacer para evitar la proliferación de este tipo de malas prácticas informativas, en las redes sociales específicamente”, agrega.

De todas formas, Ana María Castillo advierte que “la posibilidad de impacto de estas comisiones o de sus recomendaciones son limitadas, porque requieren también la acción de otros actores o de actores externos”.

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“Cuando hablamos de desinformación en grandes plataformas estamos hablando también de empresas, de privados que tienen su propia forma de ejercer responsabilidades y de tomar decisiones, y que pueden no necesariamente estar de acuerdo con los resultados que emita una comisión de estas características”, explica.

Para Valentina de Marval Moya, académica de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales (UDP), la impresión que le da la comisión a priori es una buena iniciativa, o al menos “guarda una buena intención”, de acuerdo con lo contenido en el decreto.

La experta, que trabajó en el servicio de fact-checking digital de la Agence France-Presse para Chile, Perú y Bolivia, considera que aún hay que ver cómo funciona el espacio, a quienes se nombra y cómo van a trabajar, además de las conclusiones a las que llegue la Comisión Asesora.

“Creo que la desinformación significa hace años un problema muy grave para la democracia, para la salud pública y otros ámbitos”, lo que quedó demostrado con los discursos “antivacuna y conspirativos” con la pandemia del COVID-19, y con “las innumerables elecciones” que hemos tenido en el país, plantea la académica.

En ese sentido, De Marval valora que el decreto “mencione algo que a mí me parece sumamente crucial, que es la alfabetización digital”.

“Hoy es importante enseñar desde pequeños y también a las personas adultas y mayores, cómo se comporta, por ejemplo, cada red social. Quiénes pueden publicar ahí, cuán fácil es inventar cosas en cada plataforma digital, etcétera”, añade.

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Es apresurado, “por ahora”, hablar de censura

Desde el Consejo para la Transparencia, entidad autónoma que tiene por objeto promover la transparencia de la función pública, su presidente Francisco Leturia expresó que “habría que ver resultados” para analizar el aporte de la comisión en el combate contra la desinformación.

De todas formas, valoró “la voluntad declarada de transparentar el gasto del Estado, directo e indirecto, en avisaje y publicidad, y que ha sido tantas veces postergada. Es decir, plata que el Estado le entrega a los mismos medios que deben informar y ejercer control sobre el poder”.

En ese sentido, Leturia hizo hincapié en que “la relación dinero, poder y medios de comunicación, puede prestarse a pésimas prácticas”. Esto es clave, porque desnudará que parte importante del caudal de recursos públicos queda en manos de medios aliados a los sectores más conservadores de la sociedad.

Por esta razón, la noticia es especialmente cubierta por medios como El Mercurio o La Tercera desde un punto de vista conflictivo.

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Además, tan pronto se dio a conocer la determinación, representantes de la derecha chilena manifestaron su incomodidad con la nueva política. Incluso, la UDI fue más allá y anunció que llevará a la comisión ante el Tribunal Constitucional, acusando que restringe la libertad de expresión.

Según Ana María Castillo, “es tarea de la oposición levantar banderas, no porque se trate de libertad de expresión, sino simplemente porque son oposición al gobierno, por lo tanto levantarán todas las banderas que sean necesarias para llamar la atención en contra de lo que ellos consideran que es su postura política”.

“En cuanto al tema de la libertad de expresión, la derecha chilena ha hecho mucho aspaviento ante cualquier iniciativa que tenga una mirada crítica sobre los sistemas de comunicación que operan hoy día en nuestro país, no solamente sobre lo digital, que es la tarea de esta comisión en particular, sino también sobre los medios tradicionales de información”, añade.

Además, agrega que “las banderas van a ser levantadas simplemente porque se trata del gobierno y porque son oposición, no porque realmente vaya a haber un daño explícito específico y verificable de la libertad de expresión como derecho”, explica.

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De acuerdo con Valentina de Marval, aún es muy pronto para pensar en regulación o censura, pero “si esto eventualmente se llegase a transformar en una especie de ente regulador de los medios, claramente ahí voy a retirar mi apoyo, pero yo no veo intenciones de eso en el decreto”.

“Yo creo que Chile tuvo ya un pasado bastante oscuro y traumático sobre cómo funciona la censura y control de contenidos y medios, y creo que con esa mala experiencia en dictadura es suficiente para haber aprendido que la censura y el control de contenido no es ni puede ser opción”, ahonda.

“En Chile existen expertos y académicos con investigaciones súper buenas respecto a la desinformación, así que yo esperaría que ese grupo quedase bastante bien conformado, pero me parece apresurado, por ahora, que se hable de censura y control de contenido”, concluye.