Revuelo causaron las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien sostuvo este domingo que la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue aprobada durante el gobierno anterior, sin contar con el financiamiento necesario para los años siguientes.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, Marcel defendió la necesidad de una reforma tributaria para financiar proyectos sociales, ejemplificando que con “la PGU que se legisló en enero-febrero de 2022, en los últimos días del gobierno anterior, quedó sin financiamiento para 2022”.

“Nosotros, dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar financiamiento para la PGU. Pero al año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este Presupuesto, sólo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de cobertura y los reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en 2023”, añadió, provocando la molestia de autoridades de la administración pasada.

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A través de redes sociales, Máximo Pavez, exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, manifestó su descontento con las declaraciones de Marcel, escribiendo que el ministro “falta a la verdad y a la buena fe diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento”.

“Se debe disculpar en especial con el Congreso nacional pues insinúa que la ley se aprobó mal. Inaceptable”, concluyó Pavez en sus reclamos, a los que se sumaron personeros de oposición como el senador Luciano Cruz-Coke, la exministra Karla Rubilar, y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

https://twitter.com/MaximoPavezC/status/1670463925907779586

En su defensa, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, recordó en Tolerancia Cero que “efectivamente el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) emitió un informe señalando que esta nueva reforma no estaba financiada a largo plazo”.

“Por tanto hizo un reparo sobre este punto, toda vez que compromete un ingreso permanente sin que vaya de la mano con ingresos permanentes. Se aprobó una reforma legal que eliminó algunas exenciones tributarias que no se aplicaban de manera inmediata”, agregó.

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Por otro lado, consultado por la inviabilidad de aprobar un proyecto en el Congreso que no pueda costearse, Elizalde señaló que “la responsabilidad fiscal, de acuerdo con el mandato constitucional, está radicada en el Presidente de la República. Por algo tiene iniciativa exclusiva”.

En ese sentido, rememoró que senadores de oposición de entonces, “algunos que lo siguen siendo como la senadora Rincón”, advirtieron sobre este punto cuando se tramitó este proyecto de ley. “Se dijo que había un problema con el financiamiento a largo plazo”, reiteró.

https://twitter.com/CNNChile/status/1670623954237636609

Las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo

Ante la controversia, desde el Ministerio de Hacienda expusieron dos informes de entidades autónomas, que en enero de 2022 advertían sobre la falta de financiamiento para la PGU. En su momento, tanto el CFA, como el departamento de estudios de LarrainVial, expresaron sus dudas respecto de la sostenibilidad de las cuentas fiscales a largo plazo.

Tras analizar la información del proyecto en la época que se tramitó, desde el CFA explicaron que “la PGU se trata de un gasto previsional permanente que, en régimen y en un escenario sin reajustes reales de su valor, alcanza aproximadamente a 0,95% del PIB anual”.

“En consecuencia, lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB en régimen para financiar de manera sostenible la PGU”, recomendaron, bajo el principio de que “uno de los lineamientos básicos de la responsabilidad fiscal consiste en financiar gastos permanentes con ingresos permanentes”.

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Sobre las fuentes de financiamiento dispuestas para la PGU, como la provisión incluida en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera 2023-2026, el CFA identificó “una serie de precauciones y limitaciones” respecto de la misma.

Así, plantearon que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural. “De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente”, indicaron.

Un nuevo “deterioro fiscal”, avizoraba LarrainVial

En tanto, desde LarrainVial Research, luego de revisar el proyecto enviado por la administración de Sebastián Piñera, alertaron que “el insuficiente financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) induciría a un renovado deterioro fiscal”.

Así, considerando la inexistente holgura fiscal, a diferencia de cuando se aprobó el Pilar Solidario –reemplazado por la PGU–, en el escenario de su tramitación tan solo la mitad del costo del proyecto se financia con ingresos recurrentes.

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“El financiamiento que se propone es incompleto y la generación futura de ingresos no cubriría la provisión para financiamientos comprometidos”, indicaron desde el departamento de estudios.

Agregaron en su momento que la presentación del proyecto, “parcialmente” financiado, “implica una ausencia de compromiso de la Administración Piñera por la estabilidad fiscal a largo plazo, ya que la provisión para financiamientos comprometidos no estaría cubierta por futuros ingresos recurrentes”.

“El deterioro de las cuentas fiscales de Chile impulsaría significativamente el aumento de la deuda pública, que perfectamente podría llegar a 50% del PIB en 2024, si es que no hay disposición de la Administración Boric por estabilizar las cuentas fiscales”, complementaron.