Según estudios del Banco Mundial, los pueblos indígenas del mundo representan 6% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Pero también están entre las poblaciones más afectadas por conflictos socioambientales contra proyectos extractivos.

Un grupo internacional de científicas y científicos cuantificó por primera vez el impacto de las actividades extractivas en las formas de vida, los derechos y las tierras del pueblos originarios a nivel global. Para esto, utilizaron los registros del Atlas de Justicia Ambiental , reconociendo que se trata de un mapa en construcción, por lo que podría haber más conflictos aún no registrados.

Entre los más de 3 mil conflictos que registra el mapa, el pueblo Mapuche es el segundo del mundo en aparecer en más conflictos, superado únicamente por el pueblo Quechua. En total, son 740 comunidades indígenas del mundo las afectadas.

Según demuestra el estudio, los pueblos indígenas se ven afectados por el 34 % de todos los conflictos ambientales documentados sobre proyectos de extracción y desarrollo industrial.

A nivel global, las comunidades Quechua, Mapuche, Gond, Aymara, Nahua, Ijaw, Munda, Kichwa, Guaraní y Karen son los diez grupos indígenas que aparecen con más frecuencia en el conjunto de datos del EJAtlas.

No obstante, consideran que el número real de grupos indígenas afectados podría ser mucho mayor ya que “sigue habiendo importantes lagunas en los datos, sobre todo en Asia Central, Rusia y el Pacífico, donde la cobertura de datos es más limitada”, explica Arnim Scheidel, investigador del ICTA-UAB y coautor del estudio.

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Minería e hidroeléctricas

Otro de los hallazgos es que ocho de cada diez conflictos ambientales hacen referencia a solo cuatros sectores: minería (24,7 %), combustibles fósiles (20,8 %), agricultura, silvicultura, pesca y ganadería (17,5 %) y construcción y explotación de represas hidráulicas (15,2 %).

Según destaca Grettel Navas, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora del estudio, Chile no escapa a la tendencia.

De los 23 casos analizados en el país, la mayoría están asociados a la minería y al sector hidroeléctrico. También hay casos asociados a la transición energética, como la minería del litio en el Salar de Atacama o la construcción de parques eólicos.

“Para pensar políticas sustentables y ecologistas, no basta con limitarse a la transformación energética y a la descarbonización. Es crucial voltear la mirada hacia la justicia social y ambiental e implementar políticas reconociendo los derechos; dar reconocimiento y participación a las comunidades originarias que históricamente han resguardado los pulmones de nuestro planeta”, reflexiona Navas.

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