Con miras a los 50 años del Golpe de Estado y buscando dar solución a una de las grandes heridas que dejó la dictadura de Pinochet, el Gobierno de Gabriel Boric presentará pronto su “Plan Nacional de Búsqueda”.

Con esto, se quiere “recuperar la confianza” de las más de 1.000 familias de asociaciones de víctimas y familiares de detenidos desaparecidos que aún siguen buscando a los suyos.

Así lo dio a conocer el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien habló en Madrid en la Tribuna EFE-Casa de América, donde precisó que "el Estado chileno actuó con indolencia" en el pasado, sobre la investigación de los crímenes perpetrados por la dictadura y que generó "distancia" con las víctimas.

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El plan será presentado el próximo viernes 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, jornada en la cual el Presidente Gabriel Boric empezará a avanzar en el hallazgo de estas víctimas de la dictadura.

“El país tiene 1.100 detenidos desaparecidos dentro de ese periodo no democrático y poco más de 300 personas ejecutadas sin entrega de cuerpos", manifestó el ministro Cordero.

"Vamos a cumplir 50 años del Golpe, hay muchos de los familiares que han fallecido, otros que han hecho de su vida esto", siguió, revelando que tras 30 años de democracia sigue habiendo "miles de hojas de archivos judiciales no ordenados ni digitalizados".

"El Presidente ha pedido que el Plan de Búsqueda se focalice ahí", adelantó antes de precisar que esta política también pretende quitar la responsabilidad a las víctimas de que sean ellas las que emprendan las denuncias y provoquen los procesos judiciales.

El peso que han sufrido las víctimas de Pinochet

El ministro lamentó que hasta ahora "todo el peso haya descansado en los hombros de las víctimas" y haya un "acuerdo tácito de la sociedad de que si los casos están en los tribunales, pues que sigan ahí".

"Todo el sistema ha descansado en la vía judicial y en la búsqueda por parte de las víctimas y con el Plan de Búsqueda habrá una doble vía: de los jueces al Plan de Búsqueda y del Plan de Búsqueda a los jueces", reveló.

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Durante el diseño de esta política, los especialistas se dieron cuenta de que la cuestión clave "no es ir a encontrar sitios, sino saber las circunstancias en que esas personas fueron detenidas y hechas desaparecer". Una estrategia que "coincide con la demanda de familiares y grupos de expertos de Naciones Unidas".

"Estamos en la etapa final de su elaboración y las agrupaciones están expectantes, han vuelto a recuperar en parte la confianza en el Estado, pero sabemos que cualquier error que se pueda cometer echará para atrás ese proceso", insistió Cordero.

Colaboración latinoamericana

Cordero valoró el avance en materia de memoria que han hecho países como "Brasil, Argentina o Uruguay" y estimó que "muchos antecedentes que están disponibles en otros países pueden ser útiles para el Plan de Búsqueda".

"La única forma de usarlo es institucionalizando el Plan de Búsqueda, que también puede generar información para otros países, sobre todos los afectados por el Plan Cóndor", dijo en referencia a esta operación que sembró de dictaduras la región latinoamericana a finales de siglo XX con la colaboración de Estados Unidos.

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Y es que, según recordó, las dictaduras de la región estaban tan relacionadas que cuando se dan hallazgos sobre víctimas en Chile, familiares de estos que se exiliaron en otros países contactan para obtener información.

"Hace poco se encontraron 89 cajas con restos óseos sin identificar, empezaron a llamar familiares de detenidos y desaparecidos que están en Argentina o Uruguay, este Plan es importante no solo para Chile, también para la memoria histórica de la región", finalizó.