Esta semana se presentó la esperada Estrategia Nacional del Litio por parte del Gobierno. Y aunque falta conocer los detalles, algunos aspectos llaman la atención del mundo ambientalista, como la falta de conocimiento científico sobre los salares que se van a intervenir, las técnicas a utilizar y la inexistencia de consulta indígena y procesos de participación ciudadana amplios.

¿Litio contra el cambio climático?

El primer cuestionamiento desde la protección ambiental es que se presente la extracción del litio como una estrategia de acción ante la crisis climática, sin complejizar en el rol que cumple Chile en dicho escenario, y en los impactos de la actividad minera que aumentan la vulnerabilidad de la población ante eventos climáticos extremos como la sequía.

“La estrategia responde a una presión internacional por el eterno crecimiento de la electromovilidad y la carbono neutralidad que demanda el norte global, y que está avanzando en una transición energética que no está siendo justa ni va de la mano con un decrecimiento que permita que dicho recambio tecnológico pueda hacer la diferencia”, explica la politóloga experta en crisis climática, Pamela Poo.

A lo mismo apunta el representante del Observatorio Plurinacional de Salares (Opsal) Ramón Balcazar, que afirma que “la expansión del mercado de la electromovilidad no va a mitigar el cambio climático por sí sólo, sino que es una estrategia de países contaminantes con industrias automotrices que tienen gran peso en sus economías. La acción climática requiere cambios mucho más profundos que el recambio tecnológico”, sostiene.

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Falta de conocimiento científico

“Es muy positivo que se hable de un instituto tecnológico de salares, y de mayor investigación. Pero eso viene antes. No se puede iniciar una campaña de extracción minera en ecosistemas que, tal como admite la propia política, son altamente vulnerables, fágiles e importantes para las personas y biodiversidad que depende de ellos, sin el conocimiento previo necesario”, explica Ramón.

Al respecto, desde la fundación Terram proponen que “el Estado debe encargarse de realizar estudios científicos sobre la ecología y situación hidrológica de las cuencas salares y lagunas altoandinas, antes de autorizar nuevos proyectos”.

Similar preocupación genera la mención de la metodología de extracción directa para explotar el litio. “Cuando se habla de extracción directa existe una variedad de técnicas que pueden generar impactos distintos, y por tanto es necesario conocerlas”, señala Flavia Liberona, directora de Terram.

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Escazú y consulta indígena

Otra de las alertas levantadas por la sociedad civil incluso antes de presentada la estrategia, es sobre la falta de procesos de participación ciudadana y de consulta indígena bajo el convenio 169 de la OIT.

Desde Terram recuerdan que el Estado debe garantizar la correcta aplicación del convenio de la OIT. “No se pueden confundir los convenios entre mineras y comunidades indígenas específicas, con una consulta indígena como tal, previa e informada. Esto último no ha sucedido”, comenta Ramón.

Además, tanto desde Terram como desde Opsal recuerdan la ratificación del Acuerdo de Escazú, que promueve el derecho a la información y participación de la ciudadanía en temas ambientales.

“Ambos tratados internacionales (Acuerdo de Escazú y convenio 169), ratificados por nuestro país, exigen altos niveles de participación y transparencia en materia ambiental, no obstante, hasta ahora las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas afectadas por la explotación de los salares altoandinos no han sido consultadas para el diseño de la estrategia”, comentaron desde Terram.

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