Ángel Valencia responde a Asociación de Fiscales por cuestionamientos al “criterio Valencia”
La Asociación Nacional de Fiscales emitió este viernes un comunicado cuestionando la aplicación del “criterio Valencia” por la dificultad de su implementación especialmente en regiones.
La medida fue anunciada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, tras el asesinato del funcionario de Carabineros, Daniel Palma, por una banda integrada por venezolanos, la cual consiste en pedir prisión preventiva para quienes no cuenten con documento de identificación.
En ese sentido, la organización gremial que reúne a fiscales de todo Chile, expuso que “la aplicación de este oficio representa eventuales dificultades de implementación, particularmente en regiones”, ya que el enrolamiento de imputados en el Registro Civil cuenta con una sección que “se encuentra radicada sólo en la región Metropolitana”.
“La experiencia cotidiana nos indica que actualmente este trámite puede demorar entre 2 y 3 meses, plazo que muchas veces es el que los tribunales fijan como plazo de investigación”, expresaron desde la organización, solicitando que se suspenda el instructivo.
Ante esto, el Fiscal Nacional respondió que ya está en conocimiento de la petición y que la tomará en cuenta para analizar si se persiste en la medida.
“Acusamos recibo, agradecimos sus observaciones y planteamientos -de la Asociación Nacional de Fiscales- y lo vamos a tomar en consideración en el proceso de evaluación que realizamos respecto de todas las medidas que adoptamos y así se lo hemos transmitido”, sostuvo Valencia.
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Disputa con Defensoría Nacional
De igual forma, Valencia se refirió al emplazamiento del Defensor Nacional, Carlos Mora, quien cuestionó el llamado “criterio Valencia”.
“La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país. El derecho penal no soluciona los conflictos y es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal, generar expectativas en ese sentido”, acusó Mora.
Al respecto, el líder del Ministerio Público señaló: “Que haya diferencias de opiniones con los defensores públicos respecto de la forma en cómo la ley debe aplicarse, es bastante habitual, no puede sorprender a nadie, lo raro sería que estuviéramos de acuerdo”.