Caso aparcaderos: apuntan a empresa y no dueño de la concesión clausurada
Los abogados del dueño de la empresa denunciada, Manuel Fuenzalida Moreno, aseguran que la querella, ingresada en el Juzgado de Garantía de San Bernardo y que finalmente clausuró por la acción uno de sus aparcaderos, no tiene asidero.
En su defensa, precisan que las posibles irregularidades que se estarían cometiendo en la concesión de este “servicio” no apuntan directamente al dueño de la empresa, quien cuenta con otros contratos en las comunas San Joaquín y Huechuraba.
La argumentación de los abogados Matías Echeverría Reyes y Santiago Vergara Delgadillo es que, la acción legal interpuesta por la dueña de una empresa de transportes luego de constatar el robo del computador de su vehículo cuando lo retiró del lugar, es en contra de una funcionaria del municipio de San Bernardo y no contra el dueño de “Grupo”.
En el líbelo, la querellante relató que uno de sus camiones terminó en el corral localizado en la caletera de General Velásquez N°10581, comuna de San Bernardo, donde pagó $161.101 en servicios de custodia.
Sin embargo, según su relato, ahí comenzó su “calvario”. Esto debido a que el vehículo no funcionó ya que, según su denuncia, le fue robado el computador interno del móvil.
“Intento dar arranque al motor del vehículo para retirarlo del recinto, sin poder lograrlo, toda vez que el computador del vehículo que permite iniciar el proceso de combustión y dar marcha había sido sustraído desde su lugar, el cual sí estaba en el momento en que fue retirado de circulación”, dice en la querella por la que la fiscalía abrió la investigación por funcionamiento ilegal del aparcadero sin permiso municipal.
Sin embargo, los abogados de la empresa niegan la imputación. “La señora firmó de puño y letra el correspondiente recibo de conformidad respectivo de su vehículo, no manifestando ninguna discrepancia con el estado en que lo retiró”, dice el escrito aclaratorio que los letrados hicieron llegar a ElDesconcierto.
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Agregan que la denuncia ante la Fiscalía Local de San Bernardo por la sustracción del computador del camión fue archivada, “lo que refuerza lo infundado de las imputaciones hechas en contra de nuestro representado”.
En el documento, los abogados de Fuenzalida aclaran otro capítulo, negando “tajantemente que la mujer haya sido objeto de malos tratos en el aparcadero, pues no es el estilo del personal que trabaja en el lugar”.
Agregan en el escrito que la afectada tuvo que dirigirse a San Bernardo, pues la empresa “Grupo Custodia” cuenta con dos recintos distintos en dos comunas del Gran Santiago: La Cisterna y San Bernardo. Precisan que, de estos lugares, fue “informado a la Municipalidad de San Joaquín en su oportunidad, la cual manifestó su conformidad con la utilización del aparcadero ubicado en San Bernardo”, por lo que el reclamo de ir de lugar en lugar sólo fue desinformación.
La clausura del aparcadero obligó a la empresa a presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel para revertir la medida.
El recurso es por la revocación de la patente comercial provisoria que duraba hasta junio de 2002.
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En el recurso, la empresa explica que “representantes del Grupo Custodia se dirigieron a la Municipalidad de San Bernardo para buscar una solución al problema de la extensión de su patente”. La argumentación es que los funcionarios de la repartición les dijeron que podrían funcionar con otra patente provisoria, pero que “al acercarme a concretar el pago de esta segunda autorización, los funcionarios municipales advirtieron que la patente comercial había sido dejada sin efecto”.
Para los abogados, los aludidos nunca fueron notificados por el municipio de la no renovación de patente y acusan que “el Decreto Alcaldicio Exento N°192 del 13 de enero de 2023 constituye un acto ilegal y arbitrario”.
Según la aclaración, el recurso de protección espera la admisibilidad, como última instancia, en la Corte Suprema.
