Amnistía Internacional concurrió esta mañana a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente para manifestar su preocupación por la decisión de no perserverar en la investigación de siete de los 13 Carabineros imputados por los delitos de tortura, obstrucción en la investigación y falsedad de documento público en el caso de Moisés Órdenes, quien se manifestaba de manera pacífica en las inmediaciones de Plaza Ñuñoa en el marco del estallido social en 2019.

Moisés, de 55 años, estaba “caceroleando” cuando sin mediar provocación alguna fue atacado violentamente por uniformados de las fuerzas policiales.

A causa de los golpes resultó con fractura de costillas, pérdida de piezas dentales y daños oculares graves, entre otras lesiones. La agresión fue transmitida en vivo por las cámaras del canal Chilevisión.

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Según Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, “la agresión sufrida por Moisés Órdenes se trata de un caso paradigmático de tortura colectiva, pues implica coerción física intencional aplicada por un grupo de agentes públicos para castigar a un manifestante mediante sufrimientos físico y psicológico”.

De esta manera, Amnistía Internacional hizo saber que la determinación de la Fiscalía implicaría una infracción grave a las normas del debido proceso y a los estándares internacionales de derechos humanos en torno a la investigación por denuncias de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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“Hoy hemos venido a la Fiscalía junto con la madre de Moisés Órdenes y sus abogados para solicitar que se reabra la investigación de los siete carabineros por las violaciones de derechos humanos sufridas por Moisés, pues todos los sospechosos de ser responsables de las graves lesiones que sufrió deben rendir cuentas. El derecho a la justicia en este caso pende de un hilo y hoy vinimos a recordar que debe ser garantizado”, aseguró Rodrigo Bustos.

Además, hay que tomar en consideración que los abogados de la familia de Moisés Órdenes y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostienen que la investigación no se encuentra aún agotada, pues existen diligencias precisas y pendientes de realización que fueron solicitadas oportunamente.

Esta medida levanta la preocupación de que la decisión de cerrar la investigación y no continuar con la persecución penal de los siete imputados parece, al menos, anticipada.

Para Cristián Cruz, uno de los abogados de Moisés, "esta investigación no se debió haber cerrado porque hay diligencias pendientes relevantes que buscan reafirmar la responsabilidad de aquellos Carabineros. Recordemos que no sólo se produce la golpiza sino que también hay actos de obstrucción y de falsificación de instrumento público.

Asimismo, apunto a que "estos Carabineros están formalizados por tres delitos, entonces no nos parece lógico y carece de justificación que se les libere de toda investigación respecto a estos tres ítem mencionados".

Por su parte, Rodrigo Bustos manifestó que “es alarmante además que en un acto tan desgarrador, presenciado en vivo por miles de personas a través de la televisión, los imputados incluso trataran de justificar la embestida culpando a la propia víctima. Por cierto, el alto mando de Carabineros tampoco se ha hecho cargo de los sucedido”.

Amnistía Internacional ya había alertado en enero sobre esta situación al emitir una acción urgente a nivel global para que personas de todo el mundo envíen cartas dirigidas a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, pidiendo que la investigación se reabra. Además, el caso de Moisés fue incorporado en el informe presentado por la organización en 2020, “Ojos sobre Chile. Violencia policial y responsabilidad de mandos durante el estallido social”.

Junto a lo anterior la organización entregó hoy una carta a la Fiscalía con sus observaciones para que los ilícitos cometidos no queden impunes y requirió además una reunión con la fiscal regional antes de la audiencia de comunicación de no perseverar establecida para el próximo 24 de febrero.

Detalles del proceso

En este caso, la Fiscalía formalizó a 13 funcionarios de la policía por los delitos de tortura con lesiones gravísimas. Cinco de ellos por haber torturado activamente a Moisés y ocho por haber permitido que la tortura ocurriera sin hacer nada para detenerla. De los trece funcionarios formalizados por tortura, once también están formalizados por falsificación de instrumento público, y por obstrucción a la investigación.

A pesar de ello, el 1 de diciembre de 2022, el fiscal comunicó que procedió a separar la investigación respecto de los siete uniformados mencionados con anterioridad. Posteriormente, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, tomó la decisión de no continuar con la investigación por no contar con los antecedentes suficientes para llevar adelante la acusación.

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