La teleserie de Dominga: Una década hasta este segundo rechazo en el Comité de Ministros

La teleserie de Dominga: Una década hasta este segundo rechazo en el Comité de Ministros

Por: Canal Cero | 18.01.2023
En forma unánime, la instancia encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, acogió los doce recursos de reclamación y calificó desfavorablemente el proyecto de Andes Iron que ya lleva casi 10 años desde su tramitación. Acá, los hitos de esta saga que todavía está lejos de terminar.

Este miércoles el Comité de Ministros volvió a rechazar -tal como ocurrió en 2017- el controvertido mega proyecto minero portuario Dominga que amenaza la supervivencia del Archipiélago de Humboldt, una reserva natural única en el mundo

En forma unánime, la instancia encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, acogió los doce recursos de reclamación y calificó desfavorablemente el proyecto que ya lleva casi 10 años de tramitación.

La empresa Andes Iron, controlada por Carlos Alberto “Choclo” Délano (amigo personal del expresidente Sebastián Piñera y condenado en el caso de corrupción de platas políticas Penta), ya anunció la carta de recurrir nuevamente a tribunales ambientales.

De este modo, a pesar de la decisión de este miércoles del Comité de Ministros, esta saga político-empresarial-ambiental-judicial todavía está lejos de terminar.

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Desde 2013

El génesis de la iniciativa minera se remonta al 13 de septiembre 2013 cuando Andes Iron ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el estudio para determinar su viabilidad.

El yacimiento está ubicado a 16 kilómetros al norponiente de la comunidad de La Higuera y considera ocupar parte de la Quebrada Los Choros. La inversión anunciada rondaba los US$2.500 millones.

Desde ese mismo periodo surgieron los cuestionamientos a Dominga y si bien la empresa asegura que el proyecto siempre estuvo aprobado, lo cierto es que no fue así.

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Desde un inicio, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Coquimbo manifestó inmediatamente sus reparos al proyecto, argumentando que éste afectaría a la biodiversidad del río Los Choros y la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt.

Sin embargo, tras casi cuatro años a la espera de la calificación ambiental, el 24 de febrero de 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) sugirió aprobar el proyecto, desestimando las recomendaciones de Conaf.

Luego, el 2 de mayo del mismo año el proyecto recibió un duro revés, luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo decidiera rechazarlo por tener una “línea de base insuficiente”, en la Resolución Exenta 25.

En vista de estas dispares calificaciones, los representantes de Dominga interpusieron un recurso de invalidación de la resolución desfavorable y solicitaron que el Comité de Ministros se pronunciara a favor del proyecto.

[caption id="attachment_808680" align="aligncenter" width="900"] Foto: Agencia UNO[/caption]

Con todo, el 13 de octubre de 2017 Dominga fue sometida a la evaluación de los ministros del gabinete de Michelle Bachelet, instancia que rechazó por 3 votos contra 2 la viabilidad ambiental del proyecto.

La negativa a dar luz verde a la iniciativa que prometía una millonaria inversión provocó un terremoto político en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet: los ministros de Economía y Hacienda, Felipe Céspedes y Rodrigo Valdés, respectivamente, renunciaron a sus cargos.

En ese contexto, Andes Iron presentó la primera reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental, con el fin de invalidar la Resolución Exenta 1146 en la causa (Rol R-1-2017) y lograr la calificación favorable de su proyecto.

En el juicio se hicieron parte por primera vez en el proceso los observantes de participación ciudadana, dando cuenta de la falta de información del proyecto y de los impactos sobre el ecosistema terrestre y marino.

Asimismo, se presentaron numerosos Informes de Expertos independientes (Amicus Curiae) solicitando al tribunal no aprobar el proyecto.

Finalmente, el 27 de abril de 2018 el Primer Tribunal Ambiental acogió la reclamación del titular, anulando la Resolución Exenta 1146, por lo que se ordenó retrotraer el procedimiento y votar nuevamente en el Comité de Evaluación Ambiental (COEVA).

No obstante, en diciembre de 2019 la Corte Suprema estimó que los fundamentos de la resolución del tribunal eran de “forma” insuficientes para desestimar la determinación de la instancia de evaluación.

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El factor Piñera

Pero el proyecto no quedó ahí. Una nueva reclamación ante el Tribunal Ambiental, que volvió a mandatar que se repitiera la votación en el COEVA, generó que finalmente la instancia, en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, aprobara la evaluación ambiental favorable de Dominga, el 11 de agosto de 2021.

En contra de la decisión de la COEVA Coquimbo se presentaron 24 reclamaciones por no haberse considerado adecuadamente las observaciones ciudadanas y en paralelo se interpusieron solicitudes de invalidación de la misma resolución, por contener vicios de derecho.

Pero en octubre de ese año también, un reportaje de Ciper y LaBot, como parte de un proyecto internacional que dio a conocer millones de documentos conocidos como los Pandora Papers, reveló otro elemento clave en esta trama: la operación para sellar la millonaria venta de la participación de los Piñera en Dominga a la familia Délano.

La transacción se concretó en diciembre del año 2010, cuando Sebastián Piñera ya había iniciado su primer periodo presidencial. Fue realizada en las Islas Vírgenes Británicas y el pago de la última cuota por US$9,9 millones dependía de que no cambiaran las condiciones para el desarrollo del futuro proyecto, es decir, que no se creara en el lugar una zona de protección ambiental como un parque nacional o una reserva natural. Y en ninguno de sus dos períodos presidenciales, Piñera ordenó la protección del lugar, un tema que sigue aún pendiente.

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El camino judicial

Considerando que la COEVA de Coquimbo decidió votar y aprobar el proyecto antes de que la Corte Suprema se pronunciara, el máximo tribunal señaló el 18 de mayo de 2022 que no se pronunciaría sobre las casaciones presentadas por existir instancias administrativas pendientes (las 24 reclamaciones ante el Comité de Evaluación Ambiental y las invalidaciones presentadas en contra de la resolución de calificación ambiental).

En otras palabras, la Corte Suprema, en ninguna de las dos instancias en que tuvo que conocer sobre el proyecto Dominga se refirió a los aspectos técnicos de la iniciativa.

Por el contrario, en la primera ocasión estimó que el Primer Tribunal Ambiental hizo mal en acoger la reclamación del Titular sin revisar los aspectos sustantivos de la evaluación y le ordenó revisarlo de nuevo; mientras que en la segunda ocasión decidió no referirse al asunto a la espera de la decisión del Comité de Ministros, que en definitiva fue tomada este miércoles con la resolución unánime en contra del proyecto de Andes Iron.

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