Sin embargo, sabemos que, tanto en Chile como en el mundo, este derecho está muy lejos de estar garantizado. Una serie de fenómenos correlacionados lo ponen en riesgo permanente y están generando en realidad una gran inseguridad alimentaria: la realidad global de profundas desigualdades socioeconómicas entre países y clases sociales, con la consiguiente falta de recursos para adquirir alimentos; la misma crisis climática y ecológica que amenaza la producción agro-ganadera; los conflictos político-militares (ahora en fase de agravamiento por la guerra en Ucrania y los conflictos que vendrán), conflictos que generan crisis o bloqueos de producción y por tanto shocks de oferta a la baja; las nuevas pandemias y el correlativo corte de las cadenas de distribución del negocio agroalimentario global; la inflación desbocada del precio de los alimentos (producto tanto de estos fenómenos como de la especulación del gran capital financiero transnacional en los mercados alimentarios financiarizados). Y no son fenómenos transitorios o marginales, sino intrínsecos al modo de producción y reproducción del capitalismo globalizado, que llegaron para quedarse.
En realidad, la “seguridad alimentaria” ha sido un concepto muy ligado al progresivo proceso de control de la producción y distribución de alimentos a nivel mundial por parte de los grandes capitales del agronegocio para la exportación (extractivista por definición), y del gran capital financiero transnacional, proceso que por supuesto se ha verificado también en Chile. En la narrativa neoliberal que ha tratado de legitimar este proceso, el “libre mercado” y la “libre competencia” en los mercados mundiales y nacionales de alimentos llevarían a una disponibilidad segura de alimentos para “los consumidores”, y por estas vías se garantizaría la seguridad alimentaria así entendida. Vías que incluyen los tratados de “libre comercio” y la desregulación de la producción y distribución de alimentos, a favor de la “libre competencia” y la supuesta eficiencia de las grandes corporaciones para proveer.
La realidad no puede estar más lejos de esa narrativa, con la mantención o reaparición del hambre y la malnutrición en todo el mundo y también en Chile, con la inflación permanente del precio de los alimentos en los mercados mundiales y nacionales, mientras se produce una galopante concentración de las tierras, las aguas y las rentas a nivel de la producción agropecuaria a manos de los grandes capitales globales; y lo mismo sucede a nivel de la distribución de los alimentos, por los procesos de “supermercadización” y financiarización.
La contracara de ello ha sido también el empobrecimiento masivo de los sectores rurales del Sur global y la des-campesinización de los campos, proceso que alimenta la sobrepoblación de las periferias urbanas empobrecidas, la aniquilación de las culturas y prácticas campesinas, y deja el campo libre para el extractivismo devastador. Como dice el gran permacultor Bill Mollison, la agricultura hegemónica actual está orientada a la producción de dinero y no de alimentos. Es por ello que el agronegocio capitalista es intrínsecamente extractivista, porque está orientado a extraer rentas de la trama productiva, reproductiva y ecológica que conforman la naturaleza y el trabajo humano agrícola, incluido el conocimiento ligado a él.
Por otro lado, gracias a la llamada “Revolución Verde” al menos desde los años ’50 del siglo pasado, y luego agravado por la aparición desde los años ´90 de la producción transgénica controlada por los grandes capitales del Big Food y el Big Pharma (mismos fenómenos que explican también todo lo anterior) , se ha verificado un proceso de permanente degradación y contaminación de los suelos y las aguas, y en general de devastación ecológica y generación de “zonas de sacrificio” cada vez más extensas; así como de incremento sostenido de la contribución de la agro-ganadería al calentamiento global, que ha llegado a explicar alrededor de un 25 % de los gases de efecto invernadero. Como sabemos, esto es así por la globalización de patrones de consumo insostenibles, y por la íntima relación de dependencia del agronegocio capitalista con el uso de combustibles fósiles, de agroquímicos fertilizantes y agrotóxicos plaguicidas, en monocultivos intensivos asesinos de la biodiversidad (en nombre de “alimentar a la humanidad”), que además de degradar suelos, contaminar ambientes y enfermar personas, también son responsables del calentamiento global dada su relación con la petroquímica. Se incluye aquí la intimidad con las nuevas pandemias globales.
En cambio, desde hace décadas los movimientos campesinos de todo el mundo, agrupados en la Vía Campesina y otras organizaciones, junto a las y los profesionales y académicos vinculaos a ellas, definieron como alternativa el concepto y la práctica de la soberanía alimentaria, y han desarrollado luchas por el derecho a la tierra, los recursos, los ingresos, los derechos, y por la preservación y cuidado de los equilibrios ecológicos. “El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional”.
La soberanía alimentaria va más allá de la mera seguridad alimentaria, la engloba y la redefine, dado que defiende “el derecho de los pueblos…a definir su política agraria y alimentaria…La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de lxs campesinxs y de lxs sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los transgénicos, para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible… por la participación de los pueblos en la definicion de política agraria, y el reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación”, entre otras cuestiones fundamentales. O sea, que sean los pueblos y comunidades quienes definan las políticas agrícolas, y no las transnacionales del agronegocio extractivista.
La soberanía alimentaria además va íntimamente ligada a las prácticas agroecológicas: formas diversas de concebir y practicar la agricultura y la ganadería que tienen el potencial de producir y distribuir todos los alimentos necesarios para la humanidad sin la necesidad del uso intensivo de combustibles fósiles (capaces de enlazar entonces con una transición energética y una investigación científica ecológica), sin el uso de agroquímicos y agrotóxicos devastadores y enfermantes, respetuosas de los equilibrios ecológicos, eco-restauradoras, concebidas para el desarrollo local en armonía con las cuencas hidrográficas, los ciclos del agua y las culturas y espiritualidades de los pueblos. La propia FAO, que durante mucho tiempo ha estado cooptada por las concepciones de la agricultura industrial de la “Revolución Verde” y demás, ha llegado a reconocer el potencial eco-alimentario de las prácticas agroecológicas bajo la concepción de soberanía alimentaria. En definitiva, en este paradigma la alimentación es un bien común colectivo, mientras que para el agrobusiness extractivista es un objeto de la acumulación por desposesión.
Aterrizando de nuevo en Chile, sabido es de sobra la presencia de estos fenómenos y procesos en el país. El agronegocio extractivista (incluida la explotación forestal) ha concentrado las tierras, los ingresos y las rentas, los usos de las aguas, ha producido des-campesinización, una sostenida pérdida de biodiversidad, contaminación de ambientes y comunidades, “zonas de sacrificio”, degradación de suelos y agotamiento de las aguas. En un marco de sobre explotación del trabajo agrícola expuesto a enfermedades por el uso de agrotóxicos, mientras se mantiene como mano de obra barata en malas condiciones de trabajo, con los sueldos más bajos entre los sueldos ya de por sí bajísimos que percibe el trabajo en el país, y un alto nivel de precarización.
Además, por la priorización de la agroexportación rentista, que acapara tierras y recursos, se verifica una sostenida pérdida de áreas de cultivos esenciales para la seguridad y la soberanía alimentaria, como cereales y legumbres, alimentos que han pasado a ser importados en gran medida, cuando pueden producirse en el país, exponiéndolo a los fenómenos descritos de inflación e inseguridad alimentaria.
Así por ejemplo, desde 1950 a 2017 (o variando un poco el período), los cereales han pasado de contar con 980 mil hectáreas sembradas a 510 mil (el trigo pasó de 1986 a 2021 de 676,560 hs a 226,275); las leguminosas y tubérculos que 1965 contaban con 215 mil hs a 67 mil (los porotos de 85,660 a 10,184; la papa 57,700 a 36,329 mil); las hortalizas de 111 mil hs en 1997 a 70 mil. Mientras los frutales (fundamentalmente orientados a la exportación) pasaron de 85 mil hs a 344 mil en 2020, y las plantaciones de monocultivos forestales pasaron de 1,02 millón hs a 3,11 millón desde los años 80 a la actualidad.
También se verifica un aumento en los porcentajes de importación sobre el total consumido en alimentos esenciales. Así, de 1988 a 2017, en cereales pasó del 9,3 al 50,4 %; en oleaginosas de 4,5 a 30; en legumbres de 2,1 a 47,6; en carnes y derivados 0,9 a 25; en tubérculos y derivados 0,3 a 10,1; en productos de animales vivos 7,6 a 16. Son cifras que muestran como los procesos descritos van conformando un cuadro de creciente fragilidad del abastecimiento alimentario.
Es en este crítico marco general en el que se produjo el debate constitucional, y es también el marco en que el Gobierno hace una serie de anuncios que pretenden encarar esta situación en el corto, mediano y largo plazo desde el Estado. El Ministro de Agricultura Eduardo Valenzuela presentó el Plan Siembra Por Chile, y ha escrito una serie de columnas que dan cuenta en parte de los grandes (y graves) problemas acumulados. Luego el Ministerio de Agricultura (MinAgri) lanzó una Comisión Nacional por la Soberanía y la Seguridad Alimentaria.
En este sentido, si bien el rotundo éxito del Rechazo pone en serio peligro los logros que (en este plano) contenía la propuesta de Nueva Constitución, de ninguna manera la nueva situación contradice sus presupuestos, sino más bien lo contrario. Además, como ya se anticipaba en él, los logros de articulación, debate y proyecto que lograron las organizaciones campesinas al calor del proceso constituyente, constituyen un piso de resistencia a este momento aciago que por lo mismo ameritan aún más ser conocidos.
Por último, si el poder constituyente de los pueblos no se reduce a su derecho a la escritura participativa y soberana de una Constitución, sino que, emanando de su trabajo vivo de producción y reproducción de la vida social, es y tiene que ser una acción emancipatoria permanente, vale como un aporte a esa acción que será retomada, en los próximos debates constitucionales y mucho más allá de ellos, en las luchas políticas por venir.
