“Más allá del Plebiscito: Hacia un nuevo pacto constitucional”, se titula el documento oficializado este miércoles en el que un colectivo transversal de actores sociales y políticos, entre los que se encuentran adherentes del Apruebo y el Rechazo y convocados por el Instituto Desafíos de la Democracia (IDD), apelan a un acuerdo post referéndum del domingo, independientemente del resultado que este arroje, asumiendo la envergadura del momento que enfrenta el país.

“Chile no habrá comenzado ni terminado esa noche. De un extremo a otro (…), seguiremos compartiendo una misma patria. Una patria cuya historia ha sido construida desde la diferencia, el conflicto, las heridas y el dolor, pero también desde el reconocimiento de la alteridad, el diálogo, la reconciliación y la alegría”, señala el extenso documento en su inicio.

Y a renglón seguido, quienes suscriben este documento, aseguran que “hoy como ayer, y después de atravesar la mayor crisis política desde la recuperación de la democracia, el país necesita seguir avanzando en paz, por lo que exige de sus liderazgos la capacidad de alcanzar acuerdos fecundos que posibiliten nuevamente el reencuentro de los demócratas, dejando atrás los últimos vestigios de una Constitución que nos recuerda tiempos a los que no queremos volver”.

El desafío que el país nos impone en este trascendental momento, agregan, “nos exigirá poner en práctica la virtud de la tolerancia, volviéndonos a sentar en torno a una mesa común, dejando atrás maximalismos y recuperando el espíritu del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 (…) para encontrar caminos que nos permitan recuperar la concordia necesaria a través de un marco constitucional en el que la inmensa mayoría pueda verse reconocida”.

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Entre los firmantes aparecen Mario Desbordes, exministro y expresidente RN, la senadora Paulina Núñez, el filósofo Hugo Herrera,  la exministra de Sebastián Piñera María José Zaldívar, el secretario general PPD José Toro Kemp, el diputado liberal Alejandro Bernales, y Tomás Jordán, abogado constitucionalista, entre otros.

El desafío de acortar la brecha entre la élite y el pueblo

“Una Carta Fundamental que revitalice la República por medio de un nuevo impulso democrático, que permita disminuir la brecha que hoy existe entre las elites y el pueblo (…) integrando y haciendo posible el progreso de todos los habitantes de Chile; en paz y sin odiosidades”, complementan luego quienes toman parte de esta convocatoria.

Asumiendo el reto de un país que demanda cambios significativos en beneficio de la sociedad toda, los firmantes asumen un compromiso de cara a la ciudadanía. “Acordamos trabajar, cualquiera sea el resultado del Plebiscito, por alcanzar una Constitución” que recoja una serie de criterios que, a renglón seguido, enumeran y que apuntan a la construcción de un país más justo bajo la consagración de un Estado Social que robustezca y amplíe significativamente “los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Que incorpore nuevos derechos fundamentales que protejan a grupos postergados, como los derechos de la mujer, de las personas mayores, de los niños, niñas y adolescentes, el derecho al cuidado, las personas en situación de discapacidad, los derechos de los pueblos originarios”, entre otros.

Paralelamente, apuestan por una “Constitución que avance decididamente a una descentralización territorial del poder, que otorgue reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, de carácter ecológica con un abordaje serio y sentido de urgencia respecto de la grave crisis del cambio climático.

A lo anterior, suman la consagración de una Carta Fundamental que establezca un “marco general para una economía sostenible y responsable, que defienda a las personas de los abusos, donde la propiedad privada encuentre como límite real la función social y ecológica de la misma”.

“Una Constitución que promueva el avance de las ciencias, tecnología, conocimientos e innovación por distintos actores y niveles, y su acceso y aprovechamiento equitativo para avanzar en igualdad de oportunidades y desarrollo país”, enumeran.

Finalmente, el listado releva la necesidad de un documento constitucional “que habilite al Estado para cumplir con su más elemental función: producir y resguardar el orden público, dando seguridad a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos con libertad y sin miedo a la violencia. Una Carta Fundamental donde este deber del Estado quede radicado primordialmente en la Presidencia de la República, otorgándole el mando de las instituciones policiales, que deben ser a su vez reconocidas constitucionalmente; que le permita disponer de las Fuerzas Armadas para la protección de la infraestructura crítica, para colaborar en el resguardo de las fronteras, para ayudar en caso de catástrofes naturales, manteniendo dentro del texto el Estado de Excepción de Emergencia. Una Constitución que aborde con seriedad el problema de la delincuencia, contemplando mecanismos de apoyo y reparación integral de las víctimas de delitos violentos, creando una Defensoría de las Víctimas”.

Básicos a considerar tras el referéndum

Por último, quienes suscriben esta iniciativa apuntan a una serie de mínimos comunes que definen como “ciertos consensos que pueden incorporarse a la nueva Constitución, independiente del resultado del domingo.

- Conservar la elección directa por sufragio universal del Presidente de la República, no alterar su iniciativa exclusiva en materia de gasto fiscal y no permitir la reelección inmediata.

- Dotar de coherencia interna al Sistema Político, evitando combinaciones que puedan producir desajustes en los equilibrios de poder de las instituciones y sus pesos y contrapesos.

- Rehabilitar y fortalecer el principio de mayoría, eliminando quórums supra mayoritarios de tramitación legislativa, así como el control preventivo de constitucionalidad del Tribunal o Corte Constitucional.

- Consagrar un sistema electoral y una regulación de los partidos políticos que los fortalezca, acerque a la sociedad, fomente la democracia interna, la transparencia en sus procesos y disminuya la fragmentación y evite igualarlos a otro tipo de organizaciones. Para esto habrá que establecer pisos mínimos de votación más altos que los actuales, fortalecer las atribuciones del Servel y Tricel, así como perfeccionar el financiamiento público.

- Mantener un bicameralismo diferenciado en su origen, con una cámara de representación poblacional y otra de representación territorial, capaces de equilibrarse entre sí y servir de contrapeso al Ejecutivo. La cámara que sirva de representación territorial debe profundizar este principio en su composición y aumentar sus atribuciones.

- Consagrar a la judicatura como un poder del Estado independiente, equivalente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, cambiando la integración y las facultades del Consejo de la Justicia, estableciendo que esté compuesto por una mayoría de jueces de mayor jerarquía.

- Delimitar la Justicia indígena a las materias de justicia vecinal y respecto de los miembros del pueblo originario correspondiente, estableciendo su carácter voluntario y subordinado a las instancias del Poder Judicial, en el marco del reconocimiento del principio de igualdad ante la ley.

- Circunscribir el derecho de consulta indígena al marco regulatorio contemplado por el Convenio 169 de la OIT.

- En materia de seguridad pública, mantener el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, hacer mención a Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones dentro del texto, mantener la posibilidad de Concesionar Cárceles, permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores distintas de la defensa, como el apoyo ante desastres naturales o el resguardo de la infraestructura crítica.

- Incluir la Defensoría de las Víctimas como institución encargada de reparar y representar integralmente a las víctimas de delitos violentos.

- Incorporar la paridad entre hombres y mujeres como principio general de representación política.

- Resguardar la libertad de enseñanza y la existencia de la educación particular subvencionada.

- Incorporar el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones del actual sistema de capitalización individual, así como su heredabilidad.

- Introducir en el Estado Regional la cláusula de la responsabilidad fiscal, estableciendo mecanismos constitucionales de control de ella.

- Establecer el derecho a huelga ajustándose al estándar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

- Racionalizar el número de autonomías constitucionales reconocidas a nivel constitucional, dejando la potestad de su establecimiento al legislador.

-  Mantener la noción de “daño patrimonial efectivamente causado” en vez de la de “justo precio” en materia de indemnizaciones, estableciendo que el pago debe ser previo, en efectivo y al contado.

- Mantener de forma explícita la protección constitucional a la propiedad industrial.

• • Revise el documento acá:

La lista de firmantes

Respecto de los firmantes, al 30 de agosto, el listado considera a:

- Mario Desbordes, ex ministro de Defensa RN
- Paulina Núñez, senadora RN
- Hugo Herrera, filósofo UDP
- Juan Luis Ossa investigador CEP
- María José Zaldívar, ex ministra del Trabajo.
- Francisca Hernández, vicepresidenta DC
- Aldo Mardones, vicepresidente DC
- Alejandro Micco, economista DC
- José Toro Kemp, secretario general PPD
- Alejandro Bernales, diputado Partido Liberal
-Tomás Jordán, constitucionalista
- Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura UC
- Isolde Reuque, dirigenta mapuche
- Juan Pablo Hermosilla, abogado
- Camilo Morán, ex diputado RN
- Pablo Gutiérrez, director IDD
- Nicolas Figari, director ejecutivo F. Aitue
- Fernanda Hurtado F. Generación Empresarial
- Juan Carlos González, vicepresidente RM EVO
-  Javier Insulza, PS
- Pablo Matamoros, director IDD
-  Juan Cristóbal Portales, director Ejecutivo IDD
- Julian Ugarte, presidente Social Lab
- Cristina Tapia, presidenta Anacpen
- Patricio Ferreira, alcalde Alto Hospicio
- Andrea Bravo, directora Insuco

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