En enero de 2022 un proyecto de ley presentado por el expresidente Sebastián Piñera, pretendía perpetuar las concesiones acuícolas otorgadas por el Estado al interior de Áreas Protegidas, además de permitir la relocalización de dichas concesiones cuando se declaren nuevas Áreas Protegidas, manteniendo así los permisos otorgados previamente.

Frente a esta amenaza, el 28 de junio de 2022, The Global Salmon Farming Resistance (GSFR), -alianza internacional de ONGs, activistas y científicos que trabajan desde el activismo local para el cambio de políticas públicas en contra de la salmonicultura en todo el mundo- envió una carta al presidente Gabriel Boric para ampliar el apoyo a la carta inicial enviada por más de 60 organizaciones chilenas en mayo de este mismo año, que insta a poner fin a las licencias actuales y prohibir las licencias de acuicultura futuras en las Áreas Protegidas sin relocalizaciones.

Si la iniciativa legal impulsada por el ex presidente Piñera llegase a ser aprobada por el Parlamento, podría verse como un revés para los esfuerzos de las organizaciones medioambientales, y para todo Chile en cuanto a la protección de los ecosistemas marinos se refiere, ya que la pesca de captura y la salud de las comunidades cercanas a dichas áreas, se verían afectadas de manera directa. Además, las industrias se podrían instalar y destruir nuevas zonas como por ejemplo, el canal de Beagle, a través de la figura de "relocalización"; asimismo, se podrían mantener y otorgar nuevas licencias de acuicultura dentro de nuevas Áreas Protegidas, siendo un mecanismo contrario a la esencia para la que fueron creadas: salvaguardar la biodiversidad.

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En la carta presentada a Boric por GSFR se señala: “Este proyecto de ley es absolutamente contrario a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los tratados internacionales relacionados con la protección de los ecosistemas marinos”. Por su parte, la organización internacional apoya y participa de acciones locales con miembros de Chile y Argentina, fortaleciendo el pedido al gobierno chileno de un “Canal de Beagle sin salmoneras”, dentro del contexto que además se cumple un año de la sanción de la Ley de salmoneras de Tierra del Fuego.

Actualmente en Chile las empresas no pueden solicitar más concesiones de acuicultura de salmones en ninguna de las tres regiones de la Patagonia. Es por ello, que muchas de las empresas que tienen cultivos hace muchos años en Áreas Protegidas pueden tener una vía de obtener "nuevos espacios" donde localizarse si se aprueba una prohibición de operación en Áreas Protegidas, eso les permitiría una relocalización, situación de extremo peligro ya que existen antecedentes en casos de Parques Nacionales.

Al respecto, Cecilia Dhers, Coordinadora de la GSFR, señaló que “a través del trabajo de la GSFR y el apoyo de sus miembros, logramos que Argentina sea el primer país en prohibir la salmonicultura y que el gobierno de Canadá haya otorgado las licencias de salmonicultura en Columbia Británica solo por 2 años más, mientras se trabaja en una transición para que la industria salmonera saque las granjas del océano definitivamente”.

Además, respecto a la carta dirigida al Presidente Boric, Dhers indicó que éste podría dar “un primer paso hacia la protección de los océanos y las costas chilenas de acuerdo a la Diplomacia Turquesa que dice llevar adelante con su gobierno. Es importante que se entienda la salmonicultura como una problemática global y no como un hecho aislado en ciertos países, por eso nos esforzamos cada día para apoyarnos entre los miembros de la GSFR en el trabajo que cada uno realiza en su territorio y es por eso que le pedimos al Presidente Boric que ponga fin a las licencias de salmonicultura en áreas protegidas y no permita su relocalización.”

Por otra parte, el 2 de agosto de 2022, Maximiliano Proaño, Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, envió respuesta a la carta de GSFR, señalando que desde el ministerio se impulsa la tramitación del proyecto SBAP, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas donde se contempla la prohibición de realizar las actividades acuícolas en las Áreas Protegidas, debido al interés del Estado por resguardar dichas áreas y realizar además un proceso de transición socioecológica justa; sin embargo, cabe destacar que este proyecto lleva más de 10 años de tramitación y su aprobación aún no cuenta con un amplio apoyo del parlamento.

Respecto a dicho proyecto, Max Bello, asesor de políticas públicas oceánicas de Mission Blue sostiene que se encuentran “muy esperanzados que el proyecto de ley que impulsa el gobierno (SBAP) pueda ayudar a solucionar una situación que nunca debió ocurrir, permitiendo actividades incompatibles con la conservación como es la salmonicultura. Esperamos que este sea un primer paso de muchos para subsanar el impacto que ha tenido esta industria por años en la región, no solo ambientales sino sociales, culturales y del futuro que necesitamos para vivir en armonía con la naturaleza”.

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Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, médico Veterinario y director del Centro Ecocéanos señaló que “La respuesta del Subsecretario del Medio Ambiente a la carta enviada por la coalición al presidente Gabriel Boric fue de carácter protocolar y administrativo, con lo que evitó entrar en conflicto con el segundo sector de la economía exportadora chilena.

“Con esta respuesta, el gobierno evita pronunciarse en los temas de fondo planteados por las organizaciones ciudadanas y las comunidades de pueblos originarios de la Patagonia chilena, quienes exigen el cese de la entrega de nuevas concesiones de salmonicultura y la eliminación sin relocalizaciones de los 416 centros salmoneros existentes en las áreas protegidas y parques nacionales” indicó Cárdenas.

En este sentido el veterinario puntualizó que “a pesar de lo señalado en la respuesta gubernamental, a primado la “real politik”, al informar el Subsecretario de Pesca y Acuicultura que negoció internamente con la transnacional salmonera Cook la reubicación de dos de sus cuatro concesiones que posee al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael. Resultó llamativo que la carta de respuesta gubernamental al GSFR en Canadá, fue enviada sin copia al Ministerio de relaciones exteriores”.