La nueva Constitución y el avance hacia una política nacional de manejo de residuos
La ex convencional Carolina Vilches vive en Petorca, una provincia afectada por una severa crisis hídrica que ha generado una serie de repercusiones en sus comunidades, según constata el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Pero ahí, en la zona, Vilches ve una oportunidad para enfrentar la sequía y escasez hídrica con acciones de diferentes escalas. Tiene que ver con las podas de pasto, donde es posible reutilizar el material cortado y, a través de un tratamiento agroecológico, mejorar el suelo y la disponibilidad de agua. Para ella es fundamental que este tipo de iniciativas, que abordan el manejo de residuos orgánicos, cuenten con un mayor apoyo por parte del Estado.
En este escenario, ha surgido una nueva oportunidad de la mano de la nueva Constitución. Se trata del artículo 133 de la propuesta constitucional que señala: “Es deber del Estado regular y fomentar la gestión, reducción y valorización de los residuos”. De esa forma, contempla un tema que ha generado problemas sociales y ambientales que se relacionan con el manejo deficiente de residuos que existe en la actualidad.
“Hace algunas décadas se comenzó a observar que en eso, que estamos metiendo en esta bolsa plástica negra con un nudo y que ponemos en la vereda, hay objetos y materialidades que se pueden volver a procesar y usarlas como materias primas para otros procesos productivos”, asegura María Elena Acuña, integrante del Observatorio Social de Residuos de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Además, la académica explica la diferencia entre conceptos: “Cuando esos objetos tienen materias primas que podemos procesar, los llamamos residuos, y cuando no los podemos procesar los seguimos llamando basura”.
Vilches, por su parte, especifica los tipos de residuos que aborda el artículo: “La norma constitucional se refiere a todos los residuos que se generan en el país”. Y agrega que Chile tiene una deuda en el tema. “Muchas veces en los vertederos se junta todo lo que es orgánico con lo que no es orgánico o no se entierra bien la basura. No hay mecanismos de seguridad, los rellenos sanitarios han presentado un montón de problemas de operación, no hay una cantidad de rellenos sanitarios adecuados para la cantidad de basura que se produce y necesitamos separar y reducir los residuos tanto industriales como los residuos domiciliarios y domésticos de las casas”, afirma la ex constituyente.
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La también ex constituyente, Camila Zárate, explica que el objetivo de la norma 133 es fomentar el concepto de “basura cero”, término que apunta a un estilo de vida y que la Alianza Internacional de Basura Cero define cómo: “La conservación de todos los recursos mediante la producción, consumo y reutilización y recuperación responsable de productos, empaques y materiales sin quemarlos y sin descargas a la tierra, el agua o el aire que atenten contra el medio ambiente o la salud humana”.
“Nosotros entendemos que el concepto de residuo es amplio y tienen que ver con esta otra mirada de que no generemos basura porque, de todos los residuos, se puede volver a realizar algo. Y la gestión de ellos invita evidentemente a todos los pasos de nunca tener que llegar a considerarlos basura”, sostiene la ex presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en la Convención Constitucional.
Parte del problema
De acuerdo a la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), para el 2025 los vertederos representarán cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pero, además de la disposición final de los residuos, la norma que está en la nueva Carta Magna también contempla cómo se deben pensar los procesos para que el material sea utilizado y se complementa con el artículo 182, inciso cuarto, donde establece que el Estado fomentará la economía circular. Éste término expone que el producto, una vez usado, vuelve al origen para encontrar otro fin diferente al que fue concebido. Con este nuevo modelo de ver la economía, las empresas tendrían un rol fundamental, considerando que ya se cuenta con algunos avances como la Ley de Responsabilidad Extendida del productor (Ley REP) que obliga a que los titulares de negocios –de ciertos productos– se hagan cargo de los materiales que utilizan en sus ciclos de producción.
Según un informe del Sistema Nacional de Declaración de Residuos (Sinader), en 2019 Chile generó 19,7 millones de toneladas de residuos. De esa cifra, el 55,6% correspondió a la actividad industrial, mientras que el 40% fue de origen municipal o domiciliario. “Las actividades productivas, la generación de residuos y la contaminación por gases de efecto invernadero están fuertemente vinculadas también al manejo de los residuos y las normativas que se vayan generando en el futuro respecto de cómo la ley va a determinar la forma de reducir, revalorizar y gestionar los residuos en Chile”, afirma Vilches.
Para Zárate, el área de reducción es donde la sociedad chilena está más en deuda. “Hay varios problemas en que el Estado probablemente, con una mayor fiscalización, podría tener un rol preponderante en la reducción. Y eso va a significar repensar las formas de producción en nuestro país y las actividades empresariales van a tener un rol importante. Creo que ahí va a haber una discusión que se puede dar y es donde van a haber varios temas que ver, como por ejemplo el tiempo que duran las tecnologías”.
Por otra parte, Acuña también plantea una solución que podría venir con la norma: “Tiene que fiscalizarse a las empresas sobre todo a las que están en la Ley Responsabilidad Extendida del Productor. También a estos grandes espacios consagrados al consumo como los shopping center o mall porque son generadores de basura solo por los embalajes de los productos, porque esto está bien estudiado. Esas grandes tiendas ocupan enormes dispositivos de empaque para su ingreso inicial”.
Pero las empresas no son las únicas responsables. “Sabemos que el tema de los residuos ha quedado muy al alero de los municipios. Ha quedado evidentemente a una política mucho más local y hemos caído en un problema de que no existe una política nacional en donde el Estado tenga un rol preponderante en materia de residuos en todo el país”, afirma Zárate. Por eso sostiene que la norma permite un rol más preponderante del Estado y también del Ministerio del Medio Ambiente. “Podríamos empezar a tener cada vez más empresas públicas de tratamiento de residuos, de reciclaje, que hoy en día lamentablemente están siendo privadas”, agrega.
Vilches agrega que otra de las instituciones que estarán involucradas en el andamiaje del artículo 133 es el Ministerio de Salud. “Acá hay una necesidad importante de hacer una gestión a nivel de regiones de los residuos y en conjunto con las municipalidades está el Servicio de Salud”, sostiene.
La ex convencional por el distrito VI, de la Región de Valparaíso, sostiene que otro desafío del manejo de residuos a nivel país es la inequidad territorial donde las municipalidades, que tienen mayor presupuesto y habitantes que superan los 50 mil, cuentan con más equipamiento para la separación de los residuos y el reciclaje. “En las comunas que son rurales y que tienen menor población o mayor dispersión geográfica, lamentablemente no hay equipamiento o es muy caro poder mover los materiales reciclados y se termina excluyendo o marginando la posibilidad de dar un tratamiento sostenible a las materias”.
Normas amigas
La propuesta constitucional solo tiene un artículo que habla sobre los residuos, pero el texto contiene otras normas complementarias. Una de ellas es la 39 que dice: “El Estado garantiza una educación ambiental que fortalezca la preservación, conservación y los cuidados requeridos respecto al medio ambiente y la naturaleza y que permita formar conciencia ecológica”.
Acuña sostiene que el mandato constitucional es importante y que se debe reforzar el mensaje de la crisis climática que atraviesa el planeta. “Es importante en esta educación ambiental que veamos la basura y no la metamos debajo de la alfombra. Tenemos que verla, visualizarla, dimensionarla y conocerla, sobre todo aprender los componentes materiales de los productos que utilizamos”, asegura.
Además de la educación ambiental, Vilches destaca el artículo 214 sobre comunas autónomas. “Claramente es una oportunidad la norma que permite crear empresas municipales o regionales y puedan dar trabajo en torno al reciclaje. Hemos visto casos virtuosos en donde el mismo trabajo de mejoramiento de suelo, separación de la materia orgánica, la recolección, traslado y reutilización de los materiales, permiten crear empleo y mejorar la calidad de vida de muchas comunidades”, afirma.
La creación del Estado Regional –artículo 187– también podría fortalecer la norma sobre la gestión de residuos. El motivo: permitiría una mayor democratización de los recursos para abordar el tema. “Las regiones van a poder generar distintos tipos de tributación según las guías que se realicen y las necesidades de los territorios. De hecho, la descentralización tiene tres áreas; la política, la administrativa y la fiscal. La fiscal tiene todo ese objetivo de dejar de generar esto que se llama la maldición de los recursos de que hay regiones que se explotan y los recursos se van al Estado central”, explica Constanza Gumucio, abogada de la ONG Fima.
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Gumuco agrega que la norma 188, inciso primero, también permite que una comuna con menos recursos pueda abordar su gestión de residuos: “A los municipios también se les puso varios deberes de cooperación y solidaridad apuntando un poco a eso también. A que los que tienen más recursos sí tienen que ayudar a los que tienen menos recursos para que puedan cumplir con sus objetivos”.
Por su parte, Zárate enfatiza que la norma 81 sobre los derechos de los consumidores también tendría un rol crucial en el tema de los residuos: “En la medida que el consumidor esté más informado, por mandato constitucional, también se pueden tomar mejores decisiones de cuáles son los distintos productos que va a elegir y, de acuerdo a ello, si es que va a optar por lo que nosotros estamos buscando que es reutilizar y reducir antes de llegar y comprar un producto desechable”.
Sobre los plazos para que la norma comience a funcionar, Vilches destaca el rol que tendrá el Estado regional: “Sabemos que, una vez que se apruebe la nueva Constitución, la política que implementaría este Estado Regional también vendría a resolver cuestiones que son de estructura y que requieren un diseño de inversión pública”.
Si bien el artículo 133 no tiene una fecha exacta de inicio, Zárate apunta a la trigésima séptima Disposición Transitoria de la Nueva Constitución. Ahí el texto constitucional establece que, en el plazo de un año de entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, el Presidente de la República convocará a una comisión de transición ecológica. “Establecimos que esta comisión, que también estará compuesta por la sociedad civil, tiene el deber de llevar al Congreso las modificaciones legales que se requieran para poder implementar las distintas posiciones constitucionales ambientales”, sostiene la ex constituyente.
El próximo 4 de septiembre la ciudadanía decidirá si aprueba la propuesta constitucional o la rechaza en el plebiscito de salida. Zárate valora que en el texto constitucional hay una mirada ecosistémica reflejada en normas como el tratamiento de residuos. “Se establece un mandato o una rectoría del Estado de hacer una política residual en nuestro país donde vemos que nunca ha existido ese mandato genérico”.
Para Acuña, en tanto, la inclusión del artículo 133 constituye “un tremendo aporte, contribución y un llamado de atención a nosotros como ciudadanos y ciudadanas sobre nuestros patrones de consumo”, sentencia.
