Este viernes Contraloría oficializó su resolución respecto de una denuncia de los diputados de la DC, Joanna Pérez y Eric Aedo, quienes recurrieron a la entidad liderada por Jorge Bermúdez cuestionando un ejercicio de vulneración a los principios de juridicidad y probidad por declaraciones públicas del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, alusivas a que será su repartición del Estado la que confeccionaría un documento para comprometer reformas a la propuesta de nueva Constitución ante la eventualidad de que en el Plebiscito se imponga el Apruebo.

Respecto del informe solicitado por Contraloría, la entidad fiscalizadora detalla que el ministerio se defendió argumentando que “las declaraciones del Ministro SEGPRES, en que se compromete a recepcionar -con estricta prescindencia- las propuestas de los distintos sectores políticos para luego crear un documento único de compromiso de reforma al texto constitucional que se plebiscitará el 4 de septiembre próximo, corresponden a una concreción del mandato que le encomienda la ley N° 18.993 en su rol de cartera asesora, coordinadora y planificadora de decisiones políticas”.

"Esta Contraloría General hizo presente que las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas del plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre particulares con el mismo objeto ni, en general, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar algunas de las proposiciones plebiscitadas", detalla la resolución del organismo antes de emitir su resolución.

"Asimismo, en ese instructivo se precisó que únicamente aquellos organismos del Estado relacionados con funciones de comunicación, tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia-SEGPRES, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, podían efectuar una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito e informar acerca de las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad", agrega el escrito.

Posteriormente, apela a la ley que “crea el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República”, norma que señala cuáles son las atribuciones de la cartera liderada por Jackson, luego de lo cual entrega su resolución ante las denuncias respecto del ejercicio de su cargo en la previa del referéndum.

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Aclarando que en el contexto de la materia de análisis Contraloría detalla que "se tuvieron a la vista antecedentes consistentes en declaraciones a noticiarios y notas de prensa que hicieron de público conocimiento las expresiones vertidas el 2 de agosto de 2022 por el Ministro Secretario General de la Presidencia, en ellas se aprecia que el ministro comunicó en los medios que lo que se está pidiendo es que, en el caso de la opción apruebo, los partidos puedan hacer llegar propuestas a su Cartera de Estado, añadiendo que van a recibir todas las ideas para sacar los mínimos comunes, y que el objetivo es tener claridad de los elementos y los escenarios que enfrentará el gobierno en conjunto con el Congreso a partir del 5 de septiembre".

"Al respecto, se advierte que desde una perspectiva meramente formal, lo descrito se enmarca en las funciones propias del Ministerio SEGPRES, pues, como ya se señaló, entre las funciones que los referidos preceptos de la ley N° 18.993 le encomiendan a esa Secretaría de Estado, está la de vincularse con los partidos políticos, coordinar y prestar asesoría a las autoridades que allí se indican, proveyendo información y análisis político-técnicos, así como propender al logro de una efectiva coordinación programática general de la gestión de gobierno y efectuar estudios y análisis de corto y de mediano plazo relevantes para las decisiones políticas", agrega.

Finalmente, aclara que "no obstante, considerando el principio de primacía de la realidad, esta Contraloría General no puede abstraerse del contexto político y eleccionario que vive el país, ni de los efectos que sobre el electorado puedan tener las acciones del gobierno, aun en el ejercicio formal de sus atribuciones" y que, "en efecto, se advierte que en forma previa a la realización del plebiscito, se hizo presente a ciertos partidos que se identifican con una de las opciones plebiscitadas -apruebo-, la posibilidad de formular proposiciones para modificar la propuesta de nueva Constitución en caso de ser aprobada, y sin que conste de los antecedentes tenidos a la vista ni de lo informado por esa Cartera de Estado, que esa autoridad haya adoptado medidas parecidas en relación con la opción rechazo".

"De este modo, la manera y la oportunidad en que el Ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo", concluyó la entidad fiscalizadora.

"Quienes quieran hacer campaña, deben dar un paso al costado"

Tras enterarse de la resolución, los denunciantes del ministro Jackson reaccionaron con satisfacción.

“Lo dijimos hace unos días, estábamos frente al mayor intervencionismo político en un proceso eleccionario desde la dictadura de Pinochet, en octubre de 1998. Y lo ha confirmado la Contraloría. Y si el ministro Jackson tiene como efectivamente dijo una escala valórica distinta, espero que de un paso al costado y renuncie", sostuvo Aedo en una declaración similar a la de Pérez, quien en su cuenta de Twitter se manifestó al respecto.

"La Contraloría General de la República nos ha dado la razón. El gobierno debe gobernar y quienes quieran hacer campaña en el ejercicio de su cargo actúan fuera de la Ley y deben dar un paso al costado", dijo la parlamentaria apelando a que Jackson deje el cargo.

La Contraloría General de la República nos ha dado la razón. El Gobierno debe gobernar y quienes quieran hacer campaña en el ejercicio de su cargo actúan fuera de la Ley y deben dar un paso al costado. pic.twitter.com/S2wEAZ1JT7

— Joanna Pérez (@joannaperezolea) August 12, 2022

Y en su defensa, el diputado Juan Santana (PS), reaccionó con suspicacia, asegurando que "llama la atención que como pocas veces, en la respuesta de Contraloría se ponga tanto acento en el principio de primacía de la realidad, contextualizando o incorporando subjetividades dentro de los dichos del ministro Jackson y por supuesto supeditándolo a lo que, desde nuestro punto de vista, es el rol y la tarea del gobierno para propiciar y promover la participación dentro de este Plebiscito".

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