El Presidente Gabriel Boric oficializó este miércoles los avances en el ámbito de la reparación integral orientado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

"Sé que es difícil confiar cuando el Estado vulneró tus derechos, cuando te quitó la visión, te generó un trauma ocular o a través de la acción del Estado un familiar perdió a la vida”, sostuvo el mandatario, en un acto en La Moneda en la que estuvieron presentes la senadora Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, dos de las víctimas emblemáticas de la violencia policial durante el estallido.

Paralelamente, insistió en que su administración está seriamente involucrada en esta causa. “Quiero partir desde el reconocimiento de humildad. Tengo el honor de ser representante electo del Estado y me comprometo existencialmente a que esto no puede volver a suceder. Tenemos que trabajar por la memoria, por la reparación y por la verdad“, dijo categóricamente.

Y agregó que cree que "este paso que estamos dando desde el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y con el apoyo importantísimo de la senadora (Fabiola) Campillai es un paso más en el camino de justicia y reparación para las víctimas de violencia estatal".

"Tenemos que hacer todos los esfuerzos en nuestro alcance para no repetir lo mismo”, relevó.

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El programa

Y en cuanto a los cursos de acción específicos para implementar este programa que involucra a dos secretarías de Estado, el Ministerio de Salud, entregó un detalle del nuevo Plan de Acompañamiento y Cuidado para personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), cuyo desglose es:

-Reimpulso en la reparación en salud para víctimas de trauma ocular en el marco de las manifestaciones del estallido social, transformándola en una política continua e integral.

- Fortalecer la cobertura nacional del programa y capacitar a los equipos para ofrecer atenciones dignas, empáticas e integrales.

-Gestionar respuestas clínicas necesarias en las diversas formas de daño ocular: prestaciones terapéuticas para habilitar la funcionalidad y cuidado del ojo sano. Adicionalmente, se realizará el seguimiento interdisciplinario y disposición de ayudas técnicas para terapias que facilitan desplazamientos, el estudio y la reinserción laboral.

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-Prestaciones de salud integral que financian el otorgamiento de recambio de prótesis cuando sea necesario a lo largo de todo el ciclo vital, así como entrega de cuidados necesarios para mantener la salud del ojo no afectado por el trauma.

-Apoyo en salud mental para víctimas y familiares directos según pertinencia.

-En el mes de septiembre se oficializarán las nuevas instalaciones del programa, brindando un nuevo espacio de atención en salud para los sobrevivientes de trauma ocular, apuntando a que sean más seguras, modernas y acondicionadas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y los equipos.

-Provisión de cargos específicos para el programa, constituyendo una red de equipos clínicos con distribución en distintos servicios de salud a lo largo de Chile, atendiendo a la demanda de descentralización del mismo.

En el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó el inicio del proceso de participación de la Mesa de Reparación Integral para víctimas de violaciones a los DD.HH., instancia que tiene como propósito avanzar en recomponer las confianzas entre las personas y las instituciones.

"Es un proceso que busca sentar las bases para la calificación y la reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social a través del diálogo horizontal entre representantes de víctimas y representantes del Estado", detalló el ministerio al tiempo que anunció otras acciones del programa.

Una de ellas comienza el 19 de agosto, jornada en que se materializarán ocho encuentros participativos, identificando las principales urgencias y necesidades para actuar en consonancia a través de los programas y en el diseño de las medidas reparatorias.

Otra medida tiene que ver con la definición que se hará de las bases para una ley de reparación integral, el establecimiento de un mecanismo de reconocimiento y calificación de las violaciones a los derechos humanos y la construcción de lazos de confianza entre la institucionalidad pública, víctimas y familiares.

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