La doctrina Frigolett: Los detalles de las primeras querellas del director del SII
“La presente acción se dirige, además, en contra de todas las demás personas que resulten responsables”.
Para muchos, esa es la oración que pudo haber cambiado el destino de los casos de financiamiento ilegal de la política, los casos Penta y SQM. Las querellas que se presentaron en su momento no tenían esta fórmula y la acción de los fiscales se vio disminuida. Ahora, nuevas acciones penales contienen la frase y se abre la puerta para investigar.
Con esta decisión, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, busca dar un golpe de timón a lo que ha sido los últimos años de persecución penal de los delitos tributarios. Frigolett, que asumió en marzo nombrado por el Presidente Gabriel Boric, se desmarca de lo que hizo su cuestionado antecesor, Fernando Barraza, a quien se le apuntó abiertamente de buscar poner “paños fríos” a las investigaciones por el financiamiento ilegal de la política.
En agosto de 2021, la Fiscalía informó que no iba a perseverar en su persecución respecto de 34 imputados en el caso SQM, el escándalo que vinculó a Julio Ponce Lerou con un amplio espectro de rostros políticos. Entre los investigados estaban el exministro Rodrigo Peñailillo; los hijos del senador Jorge Pizarro; el exjefe de gabinete de Nicolás Eyzaguirre, Harold Correa; y la hermana del exsenador socialista Fulvio Rossi, Irina Rossi; entre otros.
“El Ministerio Público tenía claros elementos para entender que habían tenido participación en estos delitos tributarios (…) Es un requisito de procesabilidad que exista una denuncia del SII", dijo entonces la fiscal Claudia Perivancich.
Las críticas se dirigieron a Barraza y su apego a la “doctrina Escobar”, llamada así por el exdirector Ricardo Escobar. Básicamente, es la idea de que es más conveniente llegar a acuerdos con los contribuyentes para recaudar, antes que perseguirlos por sus delitos. Ahora, la doctrina vuelve a cambiar.
Así, el foco nuevamente vuelve a estar puesto en el SII, una institución que será angular en la Reforma Tributaria que el gobierno de Gabriel Boric ingresará al Congreso a partir del próximo 1 de julio y en la que el combate a la evasión aparece como una de las prioridades.
Manos atadas
-“En la investigación por delitos tributarios en contra de Pablo Longueira, la querella en el caso SQM no permitía efectuar una imputación en contra suya. Lo mismo respecto de, en su momento, Rodrigo Peñaililllo, tampoco ahí hubo una querella nominativa y no fue posible efectuar una imputación en su contra”.
Carlos Gajardo, exfiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, hace memoria de cuando le tocó dirigir las investigaciones que involucraron a la política. “El hecho de que no existieran querellas en contra de quienes resultaren responsables provocó que diversos casos tuvieran que ser sobreseídos”, se lamenta, aduciendo que tenían las “manos atadas”.
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FOTO: Carlos Gajardo / Agencia Uno[/caption]
Barraza tenía una especie de matriz para iniciar las querellas que interpuso durante su cargo. En todas se dejaba claro que la acción penal estaba dirigida solo contra quienes estaban individualizados. “La presente acción penal por delitos tributarios se dirige única y exclusivamente en contra de las personas singularizadas de manera expresa (...) extendiéndose sólo a los hechos que en su texto se detallan (...)”, repiten los escritos en los que Barraza decidió querellarse.
El exfiscal explica que cuando el SII presenta una querella o denuncia, lo hace en un etapa inicial de la investigación, generalmente en contra de los representantes legales de las empresas. “Solo a partir del desarrollo de la investigación propiamente tal se puede determinar quiénes son los verdaderos autores del delito”, afirma.
“En muchas ocasiones, las mafias que se dedican a efectuar delitos tributarios buscan poner como representantes legales de estas empresas -fachadas para realizar los fraudes- a personas indigentes o en situación de calle”, explica. “Que la querella se deduzcan solo en contra de esas personas y no en contra de todas aquellas que resulten responsables, pone una traba muy potente a que la investigación, y finalmente la sanción, se dirija en contra de los verdaderos responsables del delito”, argumenta.
Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (Afiich), cree que con el cambio de criterio jurídico “restituimos el Estado de derecho en términos penales, el servicio vuelve a la línea histórica”. “Con esto cortamos los privilegios a algunos de no ser sancionados por la persecución penal”, añade.
Gajardo coincide y considera que “esta forma de presentar las querellas solo de carácter nominativa, se hizo durante un período particular de nuestra historia, estuvo vinculada a las investigaciones por delitos que tenían que ver con financiamiento a la política”.
Apablaza afirma que los fiscalizadores del SII “dimos ya un paso al lado respecto al tema de Barraza”, buscan “dar vuelta la página”. “Siempre dijimos que no había necesidad técnica de su llegada, sino que fue una necesidad ideológica para poder cubrir y ponerle paños fríos a todo lo que se estaba viendo en ese momento, con el tema de Penta y Soquimich”, dice.
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FOTO: Juan Apablaza / Agencia Uno.[/caption]
Para Gajardo, “el período de Barraza está innegablemente unido a la forma en que el SII encaró las investigaciones por delitos tributarios vinculados al financiamiento de la política. Su nombre, junto con el del fiscal nacional Jorge Abbott, para bien o para mal va a estar ligado para siempre a la manera defectuosa en que dichas investigaciones terminaron”.
“Frigolett tiene un desafío importante que consiste en devolver la confianza y la credibilidad de la institución para todos los ciudadanos, que se termine con esta sensación de trato desigual”, reflexiona.
Miles de millones en perjuicio fiscal
Hasta el jueves pasado, son 12 las querellas que el SII ingresó por delitos tributarios, en distintas regiones del país. Todas dirigidas en contra de personas específicas y con la fórmula que agrega a “todos los que resulten responsables”.
Uno de las causas que llama la atención es un caso en el que se imputa a 14 personas que habrían participado de un complejo esquema para evadir el pago de impuestos. De acuerdo al escrito de más de 130 páginas, los investigados eran parte de una red de emisores y traspasadores de crédito fiscal IVA. Para eso utilizaban documentos tributarios falsos.
El organismo identificó al menos tres niveles de operación, entre las sociedades que emitían los documentos, aquellas que traspasaban boletas a otras sociedades y las receptoras finales dentro del mecanismo.
El Departamento de Delitos Tributarios del SII descubrió que entre los años comerciales 2019 y 2020, utilizaron los documentos falsos para que siete sociedades receptoras bajaran su carga tributaria en relación al IVA y el Impuesto Anual a la Renta. Incluso, lograron que el Servicio les hiciera devoluciones. Los cálculos del SII apuntan a un perjuicio fiscal de, al menos, $2.296.025.228.
Las actividades presuntamente delictivas de los involucrados serían la presentación de declaraciones maliciosamente falsas; el aumento del crédito fiscal IVA amparado en facturas falsas; la devolución indebida de impuestos; la facilitación de documentación tributaria falsa; y la defraudación de Zona Franca.
Otro caso importante se remonta a marzo pasado, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta Nataniel Cox esquina Alonso de Ovalle, en el centro de Santiago, para allanar una bodega. En el lugar encontraron una fábrica de libros falsificados. La polémica se desató cuando se hizo público que uno de los investigados, Manuel Vásquez Ríos, era parte del directorio de la Cámara Chilena del Libro.
A este operativo le siguieron otros allanamientos. En total, se incautaron más de 193 mil libros, además de fotocopiadoras, tapas para libros, pliegos impresos, guillotinas, entre otros. El 10 de junio, el SII ingresó la querella contra Vásquez Ríos y su hermano Mauricio. El perjuicio fiscal, argumentó el Servicio, se tendrá que calcular en el transcurso del proceso.
La mayoría de las querellas suman cientos de millones de pesos en perjuicio estimado a las arcas del Fisco, una de ellas, aparte de las mencionadas, supera los $1.700 millones. Sumadas las 12 querellas ingresadas, el perjuicio fiscal que estima el organismo es de, al menos, $5.500 millones, pero a esto hay que sumarle aquellos casos en que el SII sostuvo que este se calculará durante la investigación.
Más allá de la política
Gajardo recuerda un caso en el que le tocó participar en 2014, cuando todavía era fiscal. “Se conocía mediáticamente como la causa del ‘Rey de las Manzanas’”, relata. Allí no había financiamiento ilegal de la política, pero era de importantes proporciones.
Se trató de un fraude que involucró más de $45 mil millones en perjuicio al Fisco, a raíz de maniobras fraudulentas que involucraron la exportación de fruta desde Chile a Venezuela. Serafín García, el “rey” de la historia, era dueño de las empresas venezolanas que presuntamente compraban a precios inflados los productos, lo que habría sido para lavar dinero. La situación llevó a una investigación tributaria.
“Había una empresa llamada Benipaula, donde esta forma de presentar las querellas hizo que parte de las acusaciones que hizo la Fiscalía fueran absueltas, justamente por no existir querellas en contra de quienes resultaren responsables”, explica.
Michel Jorratt dejó la dirección del SII en 2015, la entonces Presidenta Michelle Bachelet le pidió la renuncia en medio de las investigaciones de los polémicos casos de corrupción en la política. El mismo Jorratt reveló haber recibido presiones desde el Ministerio del Interior para que “no nos siguiéramos metiendo en SQM”.
Años después, para Jorrat “sin duda” que los casos de financiamiento a la política habrían tenido otro destino con las querellas apropiadas, pero, advierte, “desde el punto de vista del rol del SII, los casos de la política son marginales”. “La misión del Servicio es minimizar la evasión”, enfatiza.
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FOTO: Michel Jorratt / Agencia Uno.[/caption]
El exdirector explica que la posición de Barraza de no presentar querellas es “una visión errada desde el punto de la teoría del delito”. “Lo que uno recaude de un evasor da un poco lo mismo, eso es marginal al lado de la recaudación total. Lo que importa es que tú apliques las mayores sanciones y divulgues lo que está haciendo el Servicio, eso es lo que genera la sensación de control en el contribuyente”, argumenta.
“La otra teoría de Fernando (Barraza), y que inició Ricardo Escobar, es lo que llevó a que la evasión empezara a aumentar. Desde 2007 la evasión se dispara. No se estaban aplicando las sanciones correspondientes, los contribuyentes no visualizaban el riesgo de evadir”, afirma.
Apablaza agrega que esta sanción penal “es el eje demostrativo o la señal que se da al sector sobre qué cosas no se pueden hacer y que no se van a permitir. Esta señal es para cualquier contribuyente que quiera adentrarse en delitos tributarios”.
Las explicaciones del SII van en el mismo sentido. Desde el organismo no accedieron a una entrevista, pero afirman que “uno de los objetivos de esta administración es combatir decididamente la evasión, y en coherencia con ello, es fundamental potenciar el desarrollo de una política activa de persecución y sanción penal del delito tributario”.
Sostienen desde el Servicio que el cambio de criterio jurídico “permitirá al Ministerio Público, cuando en una investigación por delitos tributarios aparezcan otros responsables además de aquellos indicados en la querella, proseguir con la investigación sin requerir de una acción por parte del SII”.
“La idea es que, tratándose de delitos tributarios, no queden personas impunes y hechos sin investigar y que en la mayor parte de los casos se persiga la aplicación de una pena privativa de libertad”, aseguran.
