La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, declaró el viernes 8 de abril, en el marco de la presentación de las declaraciones de Intereses y Patrimonio que deben realizar las autoridades del actual gobierno, un conflicto de interés relacionado con el polémico proyecto minero Dominga.

Se trata de acciones de su madre en una sociedad coligada a la matriz del proyecto, situación que transparentó en su declaración y que aparece en el casillero “otras fuentes de conflicto de intereses” de los documentos oficiales que deben ser presentados como declaraciones.

Toro declaró en este apartado, de manera voluntaria, pues no la obligaba la ley, que “mi madre es socia de Asesorías e Inversiones Contreras y Cáceres Ltda. (50%), que es socia de Inversiones Dominga Spa (2,73%), socia a su vez de Andes Iron Spa (8%). Es decir, ella tiene interés en el 0,11% de la sociedad, dueña del proyecto Dominga”.

Consultada por esta situación por El Desconcierto, Toro manifestó que "mi convicción personal es que las autoridades debemos hacer más de lo que la ley exige para transparentar y regular posibles conflictos de interés y por ello he declarado voluntariamente esta información, más allá de lo que requiere la ley”.

En ese mismo sentido, agregó que “además de la declaración, me inhabilité a priori respecto de cualquier decisión que pueda relacionarse con este proyecto. Hasta ahora, por cierto, no tenemos conocimiento de ninguna situación en la que debiésemos aplicar la inhabilitación. Mi oposición a Dominga es de público conocimiento y me parece bien que en la práctica sea hoy un proyecto muerto”. Revisa acá la Declaración de Intereses y Patrimonio completa de Javiera Toro.

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Dominga es un proyecto minero portuario que se pretende instalar en la IV región, sin embargo, su historia ha estado atravesada por la polémica, luego que en 2017 una serie de artículos de investigación periodística, de Radio Bío Bío, revelaran que el exPresidente Piñera y su familia fueron los socios iniciales y mayoritarios de la iniciativa.

La misma línea de investigación periodística luego advirtió sobre las cláusulas que firmó el family office de la familia Piñera Morel, cuando vendió el negocio al empresario Carlos Délano (amigo de la familia presidencial y conocido por el caso Penta), relacionadas con no realizar cambios en materia ambiental en la zona que pusieran en peligro a la minera, y que parte del negocio se hizo en Islas Vírgenes Británicas. Por todos esos antecedentes se abrieron investigaciones penales y en el Congreso. La primera no prosperó, pero la segunda realizó serios reproches al exPresidente.

No fue hasta 2021, cuando Ciper y LaBot, en el marco de los Pandora Papers, un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su nombre en inglés), que el Ministerio Público decidió abrir un nuevo caso penal, enfocado en presuntos hechos de corrupción. Esto, pues ambos medios revelaron nuevos antecedentes, como los contratos firmados en el paraíso fiscal.

Actualmente, la investigación penal está en curso en la Fiscalía Regional de Valparaíso, mientras que el proyecto espera un dictamen de la Corte Suprema para seguir su curso. Si este fallo es favorable a Andes Iron, la titular de la iniciativa, es el Consejo de Ministros, instancia que ya lo rechazó una vez en el gobierno de Michelle Bachelet, la que deberá definir su futuro.

En paralelo, Andes Iron podría vender la totalidad del proyecto, según informó hace casi un mes Diario Financiero. Para ello, dijo el matutino, la sociedad se ha estado reuniendo con inversionistas chinos.