Acuerdo de Escazú y el rol prioritario de las inversiones sostenibles
En contexto de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2018, 14 países firmaron el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente”, un tratado internacional más conocido como el Acuerdo de Escazú -en honor a la ciudad caribeña donde inicialmente se adoptó- y que hoy cuenta con la firma de 25 países de la región y la Cepal como secretaría.
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Chile -originalmente, uno de los impulsores del tratado- es a la fecha el último país en sumarse al Acuerdo, luego que en marzo de este año el presidente Gabriel Boric firmara el ingreso. Un hito, que para avanzar en la materia, ahora dependerá de los parlamentarios, quienes deberán ratificar o declinar la firma del pacto en el Congreso Nacional.
Según lo definido por Unicef, el Acuerdo de Escazú surge como una herramienta para proteger el medio ambiente y los derechos humanos, garantizar el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en las zonas ratificadas. En la actualidad, ha sido ratificado por 12 países de la región, entre ellos: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
“El Acuerdo de Escazú es único en el mundo y convierte a América Latina y el Caribe en región pionera en temáticas de derecho ambiental, poniendo en el eje la participación ciudadana y su derecho a la información oportuna. De ratificarse, estas nuevas condiciones deberán ser integradas a todos los sectores para lograr un desarrollo y crecimiento económico alineado, donde por supuesto los proyectos y las inversiones sostenibles serán de carácter prioritario” añade Leonardo Curotto, biólogo y gerente de Desarrollo de Proyectos de Arrigoni Ambiental, empresa chilena que ofrece soluciones industriales para la economía circular.
Dentro de sus disposiciones, el Acuerdo Regional también incluye perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicaciones para personas en situación de vulnerabilidad. Además, tiene un apartado sobre la protección de defensores de los derechos humanos en temas ambientales.
