Ha sido un comienzo agitado para la agenda socioambiental. Con la premisa de convertirnos en el primer gobierno ecologista de Chile, queremos llevar un mensaje potente y claro sobre las acciones que estamos llamados a implementar, sobre todo en una temática tan sentida como la gestión y el acceso al agua.

Nos interesa recoger el sentir de un país que lleva más de una década enfrentando una sequía de proporciones, cuyos impactos afectan en mayor medida a las personas y los ecosistemas más vulnerables, reflejo de una gobernanza limitada y carente de instancias efectivas de participación. Años de diagnósticos apuntan a que el abordaje de estos problemas requiere de una coordinación intersectorial y un involucramiento de la sociedad en general para, entre todas y todos, implementar las medidas que nos permitan avanzar hacia la seguridad hídrica, entendida como la capacidad de resguardar el acceso sostenible al agua en calidad y cantidad para el sustento de la salud, la subsistencia, el desarrollo socioeconómico y la preservación de los ecosistemas.

Este abordaje tuvo su primer capítulo con la firma de adhesión al Acuerdo de Escazú en la primera semana de gobierno. Un evento emocionante que se efectuó en La Moneda y que dejó una señal significativa sobre la relevancia de los compromisos ambientales que tenemos por delante, ahora con cobertura de tres derechos esenciales: participación, información y justicia ambiental, habilitantes de la gobernanza del agua que necesitamos.

El escenario que enfrentamos es desafiante, pues para lograr la seguridad hídrica debemos abordar las urgencias -como el riesgo de racionamiento, la degradación ecosistémica o el acceso al agua potable en zonas rurales-, al mismo tiempo que debemos articular definiciones de largo plazo, enmarcadas en las metas de adaptación indicadas en la futura (muy pronta) Ley Marco de Cambio Climático, y de la nueva Constitución en actual elaboración.

Por ello estamos trabajando arduamente en los lineamientos que permitan desarrollar una Transición Hídrica Justa, entendida como un proceso gradual de adaptación de la gestión del agua desde el actual modelo sectorialista, de corto plazo, hacia uno sustentable e inclusivo. Este proceso se construirá sobre la base de los derechos ratificados en Escazú.

Es importante tener presente que estamos a tiempo de adaptarnos y que para ello contamos con herramientas e instrumentos concretos, como la Estrategia Climática de Largo Plazo y la reforma al Código de Aguas. Estos presentan oportunidades para resguardar el derecho humano al agua, la preservación de los ecosistemas y para implementar soluciones basadas en la naturaleza (reforestación como protección ante crecidas, humedales para tratamiento de aguas, etc.).

Como ministerio aprovechamos este 22 de marzo para, contra toda inercia, articular de forma intersectorial los caminos requeridos para implementar la acción hacia la seguridad hídrica, movidos por el convencimiento profundo que de los cambios de hoy depende el mañana.