En sus últimos días: Gobierno pone urgencia a proyecto de salmoneras en áreas protegidas
El pasado 6 de octubre, un total de 62 organizaciones locales, nacionales y extranjeras, y comunidades kawésqar, en conjunto el diputado Jorge Brito (RD), presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de Cámara de Diputadas y Diputados, presentaron un proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura para prohibir el ingreso de nuevas solicitudes de concesiones salmoneras al interior de las áreas protegidas, y establecer un plazo de salida para las concesiones que hoy se encuentran en las áreas de conservación.
Si bien el miércoles 5 de enero, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos debía votar en general el proyecto de ley, por falta de apoyo, la votación fue aplazada hasta la próxima legislatura.
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Es en ese contexto que se conocieron los esfuerzos del actual Gobierno por promover otro Proyecto de Ley, presentado el 24 de enero al Senado, con trámite de urgencia suma y firmado por los ministros de Defensa, Economía y el presidente Piñera, que plantea que algunos centros de cultivo pudiesen cumplir ciertos criterios de sustentabilidad, y con ello, continuar operando en zonas protegidas, lo que generó el rechazo generalizado de las agrupaciones.
El proyecto en cuestión “modifica la Ley de Pesca y Acuicultura en materia de protección ambiental y desarrollo económico y social en áreas silvestres protegidas en cuyos límites se hayan otorgado concesiones de acuicultura”. En su enunciado se lee que el ministerio de Economía “debe velar por la protección de los recursos hidrobiológicos y del ambiente acuático” (Art.1 Ley de Pesca y Acuicultura) y de “la importancia de la salmonicultura con 35.000 empleos directos e ingresos de divisas por US$ 4.388,5 milllones el 2020”.
Agrega que en el mar sur austral” hay 19 millones de hectáreas protegidas de las cuales la acuicultura solo ocupa 0,14 % (27.000 Has.)”, que la eliminación de esas concesiones tendría un fuerte impacto en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde en esta última “queda el último espacio disponible en la Reserva Nacional Kawésqar y que por lo tanto es necesario compatibilizar la actividad económica con la sustentabilidad y cuidado y protección de la naturaleza y el medio ambiente”.
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El presidente de la Agrupación Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann explica que el objetivo de esa ley es la interacción de la acuicultura con las áreas protegidas, introduciendo la figura de “concesión acuícola sustentable” y estableciendo mecanismos para facilitar la relocalización de concesiones otorgadas en áreas protegidas donde su plan de manejo las declare incompatibles. En el caso de nuevas “concesiones sustentables” se exigirá innovación tecnológica, respuesta frente al cambio climático, manejos de residuos y uso apropiado de antibióticos y antiparasitarios. Para las existentes, amplía el plazo de paralización de operaciones y se regula la situación de concesiones ya otorgadas en áreas protegidas, relocalizándolas o se deberá cumplir un reglamento que emitirá la autoridad.
Al respecto, el director de National Geographic Pristine Seas para América Latina, Alex Muñoz señaló que “es realmente perverso que el gobierno en sus últimos días busque asegurar la invasión de salmoneras dentro de las áreas protegidas. Justamente debemos asegurar que las últimas áreas silvestres que van quedando estén libres de impactos ambientales. Las salmoneras deben ser prohibidas en las áreas protegidas y las que ya existen deben ser retiradas”.
En este sentido, el miembro del directorio de Mission Blue, y experto en políticas de conservación, Maximiliano Bello, planteó que la propuesta del Gobierno “no tiene ningún asidero científico. Es una respuesta de la presión de la industria del salmón, quienes continúan tratando de erosionar la imagen y el patrimonio natural del país.
