Esta semana, un grupo de constituyentes de diferentes sectores ingresaron en la Convención una propuesta de norma constitucional sobre el Derecho a la Comunicación, la cual será analizada por la Comisión de Sistemas de Conocimiento.

La iniciativa es patrocinada por 16 convencionales y fue impulsada por organizaciones sociales y organismos como el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile y el Bloque por el Derecho a la Comunicación.

La norma constitucional plantea que el Estado debe garantizar Derechos Humanos en materia de comunicación, sobre la base que la nueva Constitución requiere reconocer a la sociedad completa como protagonista de la comunicación, garantizando derechos individuales y colectivos que permitan acceder a información y generar opiniones de manera veraz, diversa, plural y a través de todo tipo de medios.

“El Estado garantiza el Derecho a la Comunicación y removerá los obstáculos que presentan los grupos o comunidades discriminados o en desventaja para estar representados y participar en la esfera pública y en el ecosistema de comunicación y medios”, reza el primer artículo de la norma.

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En ese sentido, la propuesta establece acciones positivas destinadas a garantizar ámbitos como la promoción de la comunicación y medios comunitarios; la protección del ejercicio del periodismo y de la actividad informativa en general; el acceso a la conectividad con condiciones de calidad, así como la educación mediática con enfoque de género, feminista y de Derechos Humanos.

Además, propone garantizar el desarrollo de medios y plataformas de comunicación públicos, la promoción de espacios de regulación y promoción que cuenten con mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la distribución equitativa de los recursos públicos, como el avisaje estatal con énfasis en inversión en medios regionales, entre otros temas.

Al respecto, el presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada, expresó que “durante las últimas décadas no se han implementado políticas públicas que fomenten el pluralismo de contenidos, reconociendo la diversidad de los territorios y sus temáticas”.

“Es por eso que hablar hoy sobre Derecho a la Comunicación es avanzar hacia un sistema de medios que reconozca un Chile diverso y que incluya a esas voces silenciadas e invisibilizadas de los medios de comunicación. Este es un puntapié inicial para garantizar pluralismo en los medios de comunicación -un elemento básico de la democracia- que además nos permite repensar la distribución del espectro radioeléctrico y revisar institucionalidades actuales como CNTV, entre otras materias”, añadió.

Por su parte, Nataly González, coordinadora general de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas, agradece “el apoyo transversal a la norma por parte de convencionales que han asumido un compromiso por defender el derecho a la comunicación, entendiendo que éste es un derecho de todas las personas y de los territorios’'.

La norma fue patrocinada por Carolina Videla, Elisa Giustinianovich, Malucha Pinto, Ericka Portillo, Francisco Caamaño, Hugo Gutiérrez, Loreto Vidal, Bárbara Sepúlveda, Manuela Royo, Isabel Godoy, Marcos Barraza, Valentina Mirada, Bessy Gallardo, Natividad Llanquileo y Alondra Carrillo.