Pasando del “delincuentes, se les acabó la fiesta” al “Plan de Seguridad Batalla Frontal contra la Delincuencia y el Narcotráfico”, la gran promesa con la que el Presidente Sebastián Piñera llegó al poder, tanto el 2014 como el 2018, fue construir un país seguro, a partir de la luchar en contra de la delincuencia y el narcotráfico, y detener el avance de la violencia. Pero a menos de dos meses que termine el mandato de abanderado de Chile Vamos, el debate público ha estado marcado por emplazamientos respecto a la crisis de seguridad que remece al país.

De acuerdo con el programa mediante el cual Piñera prometía construir “tiempos mejores” para Chile el 2017, el empresario señalaba que la seguridad ciudadana “será una preocupación absolutamente prioritaria de nuestra gestión”. Con esas palabras, planteó modernizar a las policías, fortalecer las acciones del Estado en la prevención del delito, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y asistir integralmente a las víctimas de delitos, entre otras propuestas.

Dentro de estas, consideraba una serie de acciones para concretar sus proposiciones, como implementar un Plan Nacional de Seguridad Pública, crear la Fuerza de Tareas del Narcotráfico, y levantar una Defensoría de las Víctimas. Sin embargo, en el cuarto año de su gestión, según el monitoreo de Del Dicho al Hecho de Ciudadanía Inteligente, Sebastián Piñera ha cumplido con sólo 37% de su programa de gobierno.

En materia de seguridad ciudadana, de las 17 promesas hechas, todas en forma de proyectos de ley, no ha completado ninguna. 13 de ellas se encuentran en proceso, aunque ninguna supera el 70% de desarrollo.

Más que construir una política que resuelva los problemas en seguridad y orden público que hay en el país, la gestión de Piñera se ha enfocado en los últimos cuatro años en levantar algunos proyectos de ley para problemas específicos, sin abordar los temas de fondo. Así lo analiza el abogado Mauricio Duce, académico de la Universidad Diego Portales y director de Espacio Público, quien asegura a El Desconcierto que “el tema de seguridad se transformó en un eslogan” para el gobierno.

Para Duce, en los últimos cuatro años se ha instalado “un estilo de llevar adelante las políticas de seguridad que careció de un hilo conductor claro, de una estrategia que apuntara a ciertos objetivos específicos y que organizara toda la respuesta del Estado chileno. Se prefirió más bien un tipo de respuesta súper episódica frente a situaciones de crisis que descansaba en proyectos de ley”.

Homicidios en aumento

El 2017, la tasa de homicidios se situaba en 4,22, con 779 asesinatos, cifra que aumentó el 2018, para llegar a 4,4. Pese a una baja el 2019, donde la tasa se posicionó en 3,93 por cada cien mil habitantes, en septiembre de 2021, esta llegó a 5,7, siendo la cifra más alta de los últimos cinco años, de acuerdo con un informe estadístico elaborado por la Fiscalía Nacional.

Respecto del contexto en que se cometieron los homicidios, el 37% de las víctimas falleció en medio de un conflicto interpersonal, el 13,5% falleció en contexto de otras actividades delictivas, como víctima de un robo o mientras cometía un delito, el 12% murió en manos de un familiar y un 10% por conflictos entre pandillas o grupos organizados.

Esta semana, el Fiscal Nacional Jorge Abbott debió recordarle estas cifras al gobierno, después que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se jactara de una “baja importante” en la cantidad de delitos de esta índole, señalando que “nadie puede decir que nos hemos quedado sin hacer el trabajo”. Las declaraciones del secretario de Estado se dieron en el marco del lanzamiento del Plan Cannabis 2022, continuación de un proyecto iniciado por las policías el 2006.

Crear una “Fuerza de Tareas del Narcotráfico” era una de las prioridades listadas por Piñera el 2017, quien no ha perdido oportunidad de enfatizar respecto a la guerra “contra el narco”. A pesar del esmero del mandatario, el 2021 un informe del observatorio del narcotráfico de la Fiscalía Nacional, alertaba sobre la existencia de tres carteles internacionales de droga -Nueva Generación y Sinaloa de México, y Cartel del Golfo de Colombia- que fueron detectados en el país entre 2020 y 2021.

Dicho informe alertó también sobre un “notorio” aumento de la capacidad de producción de drogas en suelo chileno, además de un incremento en la venta de drogas sintéticas, y un aumento de violencia en las cárceles, relacionado con el narcotráfico. En su momento, el Ejecutivo reaccionó ante esa situación expresando que urge articular políticas para combatir al narcotráfico, desarrollar un trabajo multisectorial e incluir en este a las organizaciones civiles.

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Ese mismo año, de acuerdo al Proyecto Zonas Ocupadas entre Ciper y la UDP, las zonas ocupadas y dominadas por el narco en la Región Metropolitana, pasaron de 80 a 174, duplicándose en una década. El último informe de la Fiscalía Nacional en esta materia, por otro lado, alertó sobre un aumento de los laboratorios de fabricación de drogas sintéticas, y una caída muy pronunciada en la incautación de éxtasis, droga sintética de mayor consumo en el país. Junto a entregar los resultados, la Fiscalía acuñó que les produce “mucha extrañeza y preocupación” esta disminución, en paralelo a un aumento de la incautación de la droga 2CB.

En enero del presente año, cuando se hizo la revisión de este informe en una sesión especial en la Cámara Alta, Delgado señaló que “debemos enfocarnos con distintas estrategias” para combatir estas alarmantes cifras alusivas al narcotráfico, destacando a renglón seguido que “hemos impulsado diversos proyectos, que algunos ya están avanzando”, nuevamente buscando combatir las deficiencias en seguridad mediante acciones legislativas.

“Sí, la ley a veces contiene herramientas que pueden ayudar, pero la ley tiene muchas limitaciones para poder llevar adelante una política de seguridad efectiva”, cuestiona Duce, quien explica que “la ley tiene limitadas posibilidades de cambiar la realidad, porque para que tenga más impactos, la ley tiene que tocar problemas específicos que se puedan cambiar, tiene que ser implementada por instituciones que tienen que cambiar, y a veces la ley no hace nada de eso”.

El abogado, y otrora asesor del Ministerio de Justicia, señala que “el tema de seguridad se transformó en un eslogan. Se instaló una dinámica donde habían hechos muy graves en los que salía la autoridad, al poco tiempo, a anunciar que presentaría un proyecto de ley, y mientras generaba un debate, la sensación de que la autoridad se está haciendo cargo, el proyecto se demoraba a veces varias semanas porque no lo tenían preparado”.

“Llegaba al Congreso un proyecto de ley que no tenía ni un fundamento empírico claro, ni una expectativa específica de cuándo tendría los resultados. No venía acompañado de otros cambios institucionales requeridos para producir esos resultados, los proyectos de ley quedan vegetando en el Congreso”, fustiga el experto.

Mauricio Duce agrega que “lo que la autoridad decía discursivamente, si había otro hecho público que generara escándalo, ‘no es culpa mía, si ya presenté el proyecto de ley, es culpa del parlamento’. Esta dinámica se reprodujo 20 veces en este gobierno, y lamentablemente la seguridad se transformó en un tema más comunicacional, lo que yo he llamado ‘una política general guachaca’. De una cáscara más publicitaria que para detener problemas de fondo”.

Medidas “ilógicas”

El 6 de diciembre, en la recta final de su mandato, el gobierno de Sebastián Piñera puso discusión inmediata a 27 proyectos de ley que se encuentran siendo tramitados en el Senado, entre los cuales se encuentra el de Control de Armas -recientemente despachado por el Congreso y promulgado por Piñera-, junto a otros relativos a seguridad, en un movimiento tildado como “ilógico” por la presidenta del Senado, Ximena Rincón, quien señaló que “no hay ningún espacio para tramitar las iniciativas” en el plazo de seis días que dispone la calificación de “urgencia”.

Después, el 3 de enero de 2022, el presidente firmó un proyecto de ley para crear el Ministerio de Seguridad Pública, buscando generar una entidad independiente del Ministerio del Interior. Según relevó el Ejecutivo, esta nueva cartera será responsable del diseño de las políticas y programas sobre seguridad pública, resguardo fronterizo y prevención, persecución y control de los delitos.

Esa misma jornada, el gobierno firmó otro proyecto de ley, que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, la que había sido anunciada por el mandatario hace poco más de cuatro años durante su campaña presidencial, el 10 de diciembre de 2017.

Duce lamenta que “había expectativa de que en este gobierno se avanzara” en reformas que significaran un cambio favorable para el país, las cuales fueron “mucho más limitadas de los que uno quisiera”. Como ejemplo, el abogado menciona la anunciada reforma a Carabineros, anunciada desde los inicios de su campaña -usando el término “modernización”- y a lo largo de su gestión.

Negativa evaluación de las policías

“El proceso se fue chingando y el gobierno avanzó en transformaciones mucho más específicas, pequeños elementos”, cuestionó el abogado, los que “no cambiaron el núcleo central del problema que es la necesidad de guiar a nuestras policías y dotarlas de cambios que permitan proyectarlas como instituciones más eficaces, profesionales, que rindan más cuentas, que se den a la comunidad civil y contribuyan con más fuerza a los problemas de seguridad”.

De acuerdo al último estudio sobre evaluación policial del Monitor de Seguridad de Chile 21, 66% de las y los entrevistados indica que “nunca” o “casi nunca” la policía en Chile trata a todas las personas por igual, independiente de su situación socioeconómica o clase social. Además, 62% asegura que la policía en Chile “nunca” o “casi nunca” controla el tráfico de drogas y bandas de narcotraficantes, y 52% coincide en que “nunca” o “casi nunca” la policía en Chile detiene a los delincuentes.

Esta misma semana, una decena de alcaldes y alcaldesas entregó una carta para Sebastián Piñera, buscando que el mandatario y el Ejecutivo adopten una actitud más proactiva frente a la escalada de hechos violentos constatados en el país. La misiva llamaba al gobierno a tomar acciones concretas, especialmente ante el narcotráfico y el uso de armas, con una mejor distribución de Carabineros.

Al momento de presentar la carta, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, argumentó que “las promesas de seguridad no fueron cumplidas en este gobierno”, enfatizando en la solicitud de “estas medidas urgentes respecto de la persecución del delito, de la inteligencia policial y el trabajo para desbaratar a las bandas organizadas en nuestro país”.

A modo de respuesta, desde el gobierno, a través de la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, acusaron que la carta tenía un “objetivo político que busca generar una sensación, una percepción, de lo que se ha realizado en materia de seguridad que se ha realizado en estos cuatro años de cara al cambio de gobierno”.

Según analiza Duce, “tenemos evidencias que muestran que hay problemas complejos que no estamos resolviendo, y esos problemas complejos requieren soluciones complejas, y esas soluciones se construyen sólo con políticas de Estado”. Por tanto, esto no se solucionará “en la medida que no tengamos una institucionalidad de un debate público que mire esto como un problema de Estado y no de una ganancia política”.