viernes 15 de mayo de 2026

OPINIÓN | Ley de Riego: Enmendar el rumbo o prorrogar la injusticia

Se aprobó la idea de legislar la prórroga de la ley de fomento al riego y drenaje, creada en el año 1985, cuando imperaba un escenario nacional, climático, hídrico y social completamente diferente a la realidad actual y a la que se proyecta a futuro. Hasta el viernes 26 de noviembre se recibirán indicaciones de las Senadoras y Senadores de las Comisiones unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Escasez Hídrica.

25 de noviembre de 2021 - 00:00

Dados los tiempos, evidencias y urgencias que corren, una futura ley de riego debiera eliminar completamente el subsidio al drenaje de humedales y a la utilización y captación de aguas subterráneas para el riego. Es fundamental detener y dejar de promover la pérdida de humedales, que ha sido sostenida en las últimas décadas, y dejar de promover la sobreexplotación de los acuíferos para riego de cultivos para el agronegocio.

Esta ley no debiera seguir bonificando a quienes, para el Ministerio de Agricultura, califican como “medianos”, y muy por el contrario, sus grandes superficies cultivadas debieran ser evaluadas ambientalmente. Hemos visto cómo esta ley ha promovido la deforestación y el cultivo en laderas. Para que los empresarios del agro no sean beneficiarios de este subsidio, es fundamental eliminar de la ley las hectáreas ponderadas, que invisibilizan a los grandes empresarios y el riego para cultivo en laderas.

Para que exista una adecuada focalización exclusiva en los pequeños productores agrícolas y en los campesinos, es necesario que estos reciban un financiamiento del 100% de la obra, ya que en la mayor parte de los casos no tienen cómo financiar si quiera el 10% del costo de sus obras de riego tecnificado.

La seguridad alimentaria se relaciona con la disponibilidad física de los alimentos, independientemente de dónde, cómo, por quiénes y para quiénes estos fueron producidos. Es decir, profundiza el modelo del agronegocio que promueve la desertificación y la deforestación y que deberíamos dejar de promover con fondos públicos. Por eso, la orientación a la soberanía alimentaria, donde diversos alimentos son producidos cuidando el suelo, la biodiversidad, el agua y las personas, para las personas y con las personas, en entornos seguros y sanos, es la recomendada por el IPCC. Sin embargo, exigírselo a este cuerpo normativo obsoleto, que no contempla aspectos como el ciclo hidrológico, la protección del suelo, la recarga de acuíferos ni la cobertura de la vegetación y que fue creado en otra época, parece inoportuno.

O se instalan modificaciones profundas en esta ley, o continuará promoviendo la desertificación, la escasez hídrica, la destrucción de humedales y de la vegetación en laderas y la expansión de monocultivos, en desmedro de los campesinos y campesinas que han sido invisibilizados por un Ministerio que ha priorizado el negocio agroexportador.

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