A fines de noviembre debiera estar arribando a la Patagonia chilena Miguel  A. Torres.  El actual controlador de la viña multinacional que lleva su nombre, viajará desde España para visitar en la región de Aysén los proyectos que buscan implementar nuevas zonas vitivinícolas en el país.  La empresa en la actualidad cuenta con experiencias en Puerto Ingeniero Ibáñez, lugar donde ha reconocido haber alcanzado resultados positivos.

Pero auscultar sus inversiones a futuro no será su única motivación.  Ésta, incluso, sería accesoria.  Su viaje al sur de Chile tendría como principal objetivo desenredar el embrollo en que se transformó el proyecto de interés público estrella de la compañía: plantar millones de pinos en la estepa patagónica para mitigar el impacto de sus operaciones en la profundización del cambio climático.  Para ello, están agendando reuniones con los actores involucrados en la controversia, desatada a principios de agosto en la región y que incluso escaló a nivel nacional.

Una polémica que puso en cuestión el espíritu verde del programa global Torres & Earth: “Hemos reducido nuestras emisiones de CO2 por botella un 34% en 2020. En 2030, queremos llegar a un mínimo del 60%, con la voluntad de alcanzar el 70% y encaminarnos hacia la neutralidad de emisiones antes del 2040”, reseñan en su portal institucional sobre su política de reforestación.  Se agrega a esto, entre otras áreas, investigación y la adaptación de sus cultivos a los nuevos escenarios climáticos.

¿Pinos por vinos?

“Existe una alta mortalidad de plantas debido, principalmente, a la condición de sitio (estepa) no apta para el establecimiento de plantaciones como Pino sp.  Sin embargo, se observa al frente de este sector bosquetes de lenga, por lo que se sugiere poder ir ampliando estos bosquetes en forma sucesiva con la especie Lenga, no recomendando en el lugar establecer Pinos, ya que va en contra del sitio y su ecología, siendo su prendimiento muy difícil incluso para especies nativas”.

La frase forma parte de la conclusión del anexo de un Informe Técnico, emitido el 4 de marzo de 2020 por un profesional de la Corporación Nacional Forestal en Aysén (Conaf), a requerimiento de la dirección provincial.  El 14 de enero el funcionario del organismo visitó el sector de Coyhaique Alto (a menos de un kilómetro del límite con Argentina) para realizar una “inspección predial”, tras una solicitud de certificación de la incipiente plantación de pinos ponderosa que la viña Miguel Torres estaba intentando establecer para capturar CO2 en un terreno de 8,5 hectáreas.

Poco más de dos años después la empresa hispana, con operaciones en más de 100 países, protagonizó una controversia con autoridades, investigadores y organizaciones de Aysén, por su declarada intención de plantar cerca de 5 millones de pinos en poco más de 4 mil hectáreas de la estancia Los Cóndores.  En una primera etapa, que finalizaría el 2030,  el objetivo informado fue incorporar dos millones de ejemplares.

Fue con esta idea en mente que en 2018 la sociedad compró la estancia Los Cóndores para “la plantación de bosques con un doble objetivo: compensar, con esfuerzos propios, la huella de carbono de la bodega, y recuperar el paisaje que históricamente caracterizaba estas tierras, y con ello, ayudar a preservar la flora y fauna nativas”.   Este terreno complementó las 740 hectáreas que a fines de 2016 ya había adquirido en Altos de Ñirehuao.

En una noticia difundida en 2018, Miguel Torres ya había comunicado su intención de reforestar parte de Aysén con el objetivo de combatir la crisis climática.  Sin embargo, en aquella oportunidad no se aclaró que se trataría en realidad de plantaciones (que no son bosques).  Tampoco que serían de pino.  Por eso el 3 de agosto de este año, cuando se supo a nivel regional sobre el proyecto de la viña, las alarmas se activaron.

El director de Codeff Aysén, Peter Hartmann, recordó que “el pinus Ponderosa es una especie exótica invasiva, considerada así en la estrategia de biodiversidad regional, que consume mucha agua y, además, es muy susceptible a los incendios. Y el lugar que escogieron es un ecosistema de estepa que está en estado vulnerable y con prioridad mundial de conservación y eso lo dice la World Wide Found y el Banco Mundial, que no son ecologistas precisamente”.

Para la recién asumida gobernadora regional Andrea Macías el proyecto podría generar graves problemas: “Lamentablemente tenemos un sistema que permite que venga cualquier persona a hacer un proyecto para el cual ni siquiera se le exige mínimos de consideración ambiental”.  Palabras a las que se sumó la senadora Ximena Órdenes, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, para quien “es de esperar que en la región haya una voz única rechazando esta iniciativa, de manera de impedir este tipo de proyectos. Estoy convencida que es el camino equivocado para avanzar en materia de protección ambiental, donde tenemos una serie de desafíos, como proteger los humedales, las turberas, los océanos azules y conservar el bosque nativo”.

En el mundo científico nacional la idea tampoco cayó bien.

Un grupo de organizaciones y centros de investigación, en agosto de este año,  llamó a “suspender el uso de especies exóticas para la forestación dirigida a la captura de carbono en la Patagonia chilena”, recordando que “las plantaciones de pinos en la estepa patagónica generan una multiplicidad de impactos negativos”.  Entre estos efectos destacan la reducción del hábitat de especies nativas y biodiversidad de especies herbáceas y arbustivas; la disminución de la disponibilidad de agua en el suelo; reducción del valor paisajístico y turístico de estas zonas australes; la promoción de la invasión de las especies plantadas; y una mayor prevalencia de incendios forestales que, paradójicamente, liberarían el CO2 eventualmente capturado.

Ante esto, plantearon que reforestar con especies nativas en lugares antrópicamente degradados, sí sería “una alternativa sustentable y duradera de captura de carbono recuperando la cobertura boscosa y conservando los procesos ecológicos y la biodiversidad de estos ecosistemas, además de proveer una multiplicidad de servicios ecosistémicos para las comunidades locales”.

La declaración fue suscrita por 11 centros y agrupaciones, entre ellas las Sociedad de Ecología de Chile, la Sociedad de Botánica de Chile, la Sociedad de Biología de Chile, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el Center for Climate and Resilience Research (CR)2 y el Programa Vino, Cambio Climático y Biodiversidad, entre otras.  Y el Dr. Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile e Investigador Principal del (CR)2, la idea de mitigar los efectos del cambio climático plantando pinos es “una aberración”.

La única voz pública favorable al proyecto provino de la Asociación Gremial Agrícola y Ganadera Austral (OGANA).  Para su presidente, Pablo Matta Almonacid, la idea “es una opción interesante que hay que mirar de manera desprejuiciada", ya que “lo que está proponiendo esta compañía del rubro vitivinícola va en la dirección correcta y es parte de una tendencia mundial que acá en Aysén puede servir como una experiencia piloto para que todos podamos mejorar”.

Pero más allá de esta solitaria opinión, el vendaval de críticas resonó fuerte en España. Desde la sociedad, a los pocos días, informaron que decidieron dar “prioridad a la profundización de sus estudios referente al ecosistema de la Hacienda Los Cóndores”, para lo cual regresarán a los profesionales, organismos e instituciones involucrados originalmente en la iniciativa, a quienes sumarán nuevas fuentes. “En base a estos resultados se revisará, y si fuera necesario, se reformulará el proyecto” fue la decisión.

Consultada la empresa, esta informa que "hemos trabajado en Sociedad Cerro Castillo Ltda, a través del ingeniero forestal Raúl Morales. Además, con el profesional Roberto Bascur, asesor forestal actual".

El anexo perdido

El informe técnico principal fue enviado al consultor Raúl Morales Agoni el 4 de marzo de 2020.   Sin embargo, desde la empresa señalan que esta entrega “no contempló anexo” alguno.

Efectivamente, la recomendación de Conaf de evitar plantar pinos en la estepa patagónica no fue conocida por la empresa porque no fue adjuntada en el email enviado al consultor contratado.  Aunque quedó en la carpeta impresa, ésta tampoco fue retirada.

Lo que sí consignaba el informe central era la inviabilidad de la plantación.

Tal constatación no modificó la ruta trazada.

El 28 de julio de este año el portal institucional de la compañía informaba que sus planes de plantación con exóticos seguían adelante.  “Familia Torres revisa al alza su objetivo de reducción de emisiones de CO2 por botella para 2030 y lo fija en el 60% como mínimo con respecto al 2008, con la voluntad de alcanzar el 70% gracias al proyecto de reforestación de la Patagonia chilena. La bodega redobla así su compromiso ambiental para contribuir a mitigar la crisis climática y encaminarse hacia la neutralidad de emisiones antes del 2040”, consignaba el artículo.

A la fecha, en la “Estancia Los Cóndores de Coyhaique Alto se han plantado 62,4 hectáreas de pino ponderosa”, reconoce la viña, calculados en unos 80.000 árboles.  Los proveedores de los ejemplares han sido, esencialmente, la propia Corporación Nacional Forestal y el Instituto Forestal de Coyhaique.

La visita a terreno de Conaf se originó en una solicitud que Raúl Morales, ex director de Infor Coyhaique, hiciera al organismo.  Un requerimiento del cual no hay registro formal, según se desprende de la respuesta oficial del actual director regional de Conaf, José Andrés Bobadilla Labarca: “La realización de la actividad de inspección predial surgió a raíz de conversación sostenida por el consultor de la empresa en Oficina Provincial Coyhaique”.

Tampoco hay rastro de que el consultor o la empresa hayan solventado los gastos en que incurrió el organismo estatal, como transporte, horas profesionales, uso de vehículo fiscal: “Al respecto, cabe señalar que para el cometido de terreno –realizado el 14 de enero de 2020– se empleó camioneta institucional… con hora de salida y retorno, a las 09:00 y 12:30h respectivamente, actividad que no requirió el pago de viáticos” apunta la respuesta institucional.

Según un documento interno de Conaf, la inspección predial es una “actividad en terreno que tiene por objetivo, entre otros, verificar la existencia de eventuales infracciones a la legislación forestal en un determinado predio o sector, en el marco de las competencias fiscalizadoras de CONAF”.  La guía, de 2014,  definió “los procesos para la fiscalización en plantaciones forestales y bosque nativo”, acorde a la normativa vigente.  En el instrumento no se alude a que éste sea un servicio que se preste a particulares para fines comerciales, como ser la “certificación” o “validación” de plantaciones.

Pero Raúl Morales no era cualquier particular.

A la fecha de la solicitud ejercía como director regional de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cargo que mantuvo entre septiembre de 2019 y agosto de 2020.

Sobre esta doble militancia al momento de realizar las gestiones ante Conaf, la empresa señala que “uno de los profesionales que participó en nuestro proyecto en Aysén fue el ingeniero forestal Raúl Morales Agoni, quien realizó un programa de forestación para la Estancia Los Cóndores en septiembre de 2018 y la posterior plantación de 8,5 hectáreas en mayo de 2019, periodos en el que entendemos no representaba un cargo público”.

Por correo electrónico se consultó a Morales su versión, pero hasta el momento de esta publicación aún no había respuesta.

La difícil ruta de la transparencia

No fue fácil acceder a los antecedentes que dan cuenta de la crítica recomendación de Conaf.

La primera solicitud vía Ley de Transparencia fue realizada el 4 de agosto de este año, requiriendo los antecedentes que obraban en poder del organismo relativos al “proyecto de forestación del Fundo Los Cóndores y aledaños, en el sector de Coyhaique Alto, en la comuna de Coyhaique, impulsado por la empresa vitivinícola Miguel Torres S.A.”, incluidos todos los documentos sobre los cuales tuviera conocimiento la corporación y estuvieran asociados a la empresa.

Mediante una carta del 20 de agosto, firmada por Patricio Poblete Zapata en su calidad de director regional subrogante, negó tener la documentación solicitada. Y agregó: “Estando el proyecto de reforestación aludido en vuestro requerimiento, fuera del ámbito de las competencias y atribuciones de esta Corporación, no existe documentación elaborada por sus funcionarios al alero del mismo”.

El 23 de agosto se presentó un amparo por denegación de información ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) en contra de las autoridades de Conaf.  Y el mismo día se ingresó una nueva solicitud, acotando la documentación a los roles 1002-31 (Los Flamencos), 1002-24 (Lote 62) y 1002-41 (Lote 62 B), todos predios inscritos a nombre Miguel Torres S.A..  El 31 de agosto el director regional José Andrés Bobadilla responde que efectivamente existía un informe de inspección predial, pero deniega su entrega porque éstos sólo “pueden ser entregados a los propietarios o a quienes estos autoricen”.

[caption id="attachment_694336" align="alignnone" width="1024"] andeshandbook.org[/caption]

Ante esto, el 7 de septiembre se recurrió nuevamente de amparo por denegación de información sin fundamento, al ser los terceros titulares de la información los que pueden oponerse a su publicidad, causal que siempre debe ser evaluada por el órgano del Estado.  Sin embargo, en este caso Conaf unilateralmente resolvió la reserva.

Producto del requerimiento, el 21 de septiembre el organismo finalmente entregó fotografías, informes, correos electrónicos y planos asociados a la mencionada inspección técnica.

La secuencia de presentaciones y respuestas dio luces sobre algunos hechos.

La primera respuesta denegando información fue firmada por el director regional subrogante Patricio Poblete, quien como jefe de la Oficina Provincial Coyhaique envió en marzo de 2020 a Miguel Torres S.A. el informe técnico original.   Considerando la relevancia pública que tuvo el tema hace pocas semanas, difícil era no saber que Conaf realizó una inspección predial a las plantaciones en la estepa o en cualquier otro predio de la compañía.

Más aún, en esta respuesta señalaba que el proyecto estaba “fuera del ámbito de las competencias y atribuciones de esta Corporación”, a pesar que efectivamente se destinaron recursos públicos para una “inspección predial” de “validación”

Los documentos obtenidos dan cuenta que ya a principios de 2020 la plantación no tenía mucho futuro: “Recorrido el interior del predio, al final se llega a una forestación realizada el año 2019 con la especie Pino ponderosa, se informa que se plantaron 12.500 individuos provenientes de tres lugares distintos, terreno con exposición norte a noroeste, pendiente media (35%), se observa un espaciamiento entre individuos promedio de 2 a 2.5 metros, se observa también mortalidad de las plantas de mayor altura en la parte baja, se realiza una medición de la superficie plantada, siendo esta de 8,5 ha”, consigna el informe.

Un dato llama la atención, según el cuidador se constata en el área presencia de ñandúes, especie endémica y en peligro de extinción.

Desde la empresa explican que “para realizar la forestación de 8,5 hás en el año 2019, se adquirieron plantas de pino ponderosa disponibles en el mercado, dentro de ellas se encontraban plantas de gran tamaño y de una avanzada edad y que fueron adquiridas en el vivero de CONAF.  Gran parte de estas plantas, que no eran idóneas para forestar, finalmente murieron… En la misma ocasión, se forestaron plantas adquiridas al Instituto Forestal (Infor) de Coyhaique, plantas de dos periodos vegetativos y que sí contaban con buenas condiciones forestales (altura, diámetro de cuello, etc.), las cuales se desarrollaron sin problemas en la estancia. Por lo anterior se decidió continuar en la siguiente etapa con plantas del vivero del Instituto Forestal, y que fueran producidas por semillas provenientes de lugares con condiciones similares al lugar”.

Una respuesta que contradice completamente lo señalado el 8 de agosto por el director de Infor Coyhaique: “Infor no participó del proyecto, tampoco asesoró a la familia Torres, respecto a la especie a utilizar, no conocemos el predio Los Cóndores, ni menos el sitio especifico donde se está realizando la plantación. Me imagino que como el objetivo de la empresa es capturar carbono de la atmósfera, se pudo haber elegido al pino poderosa, ya que, es la especie que podría capturar más toneladas de carbono por hectárea, en un determinado período de tiempo”.

Las inquietudes respecto a la veracidad de los hechos se había instalado. Cuando en agosto de este año estalló la controversia, ninguna autoridad de Conaf se refirió públicamente al proyecto de exóticos en la estepa, a pesar de la inquietud que generó en la gobernadora regional, los consejeros regionales, la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente del Senado, investigadores y ciudadanía en general.

Tampoco se dio la jefatura por aludida ante los públicos emplazamientos.  Esta es la primera vez que el vínculo de Conaf con el proyecto, que pretende instalar millones de pinos en la estepa patagónica, sale a la luz.

De todas formas, la empresa ha aclarado que recomendación perdida (y negada varias veces) no será un dato más: “Tanto los nuevos antecedentes de Conaf como información de la comunidad, entidades ecológicas y de otros organismos del Estado, son de nuestra preocupación y forman parte de la reevaluación del proyecto”, respondió la empresa al informársele sobre este antecedente.

Los insondables caminos de la adaptación

La mitigación mediante la plantación de pinos es sólo una de las líneas de trabajo de Miguel Torres.

La adaptación, también, mediante el aprovechamiento de las “bondades” de la crisis: cultivar vides a la espera de que, en cinco décadas, el aumento de la temperatura viabilice el cultivo de viñedos.  A principios de 2020 ya habían plantado 150 parras en la estepa.    Pero más allá de este traspié, hoy están produciendo “a casi mil metros de altura en Tremp (Pre-Pirineo catalán), y en Chile nos estamos desplazando hacia el sur, al Valle de Itata”, incluida la Patagonia.

Por así decirlo, la multinacional replica su propia, dramática y comercial versión de la frase que Ilsa Lund/Ingrid Bergman le dedicara a Rick Blaine/Humphrey Bogart en Casablanca: “El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos”.

Consultada la empresa sobre esta línea de inversión, explican que “siempre estamos en la búsqueda de nuevos terruños para la producción de vinos a lo largo de Chile. El poder plantar vides en Los Cóndores es hoy una posibilidad muy remota, que sólo responde a una visión de muy largo plazo. Por ahora con las pruebas que se han hecho no es posible el cultivo de la vid bajo estas condiciones”.

Donde sí les ha dado buenos resultados es en “Puerto Ibáñez, localidad en que se plantaron cerca de 120 plantas, las cuales produjeron sin mayores problemas”, acotan.  Desde la compañía señalan que “estos ensayos se enmarcan dentro de otros proyectos, ya en funcionamiento, que tienen como finalidad buscar nuevas zonas vitivinícolas en el país, considerando el nuevo escenario de cambio climático; como también en respuesta a solicitudes de apoyo para potenciar la Patagonia como atractivo enoturístico”.

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