El magistrado Luis Barroso, de la Corte Suprema de Brasil, suspendió este viernes todos los efectos de una normativa dictada por el gobierno de Jair Bolsonaro que impedía a las empresas despedir a empleados que no se hayan vacunado contra el COVID-19.

Según esta, exigir la vacunación supone una "práctica discriminatoria" equivalente a otras relativas a raza, edad, sexo o deficiencias, y no podría ser motivo de despido, aún más cuando el gobierno no ha impuesto la obligatoriedad de la inmunización.

Sin embargo, de acuerdo con la decisión cautelar del juez Barroso, una persona no vacunada "puede ser una amenaza para la salud de otros trabajadores", representar "riesgos para el ambiente laboral y comprometer la salud de las personas que interactúan con empresas".

En su decisión, el magistrado puntualizó que "el país y el mundo enfrentan una pandemia de graves proporciones", que el COVID-19 es altamente contagioso y es responsable, en Brasil, por una impresionante cifra que supera los 600.000 muertos".

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Ministerio del Trabajo busca apelar a la acción judicial

En ese marco, subrayó que decisiones anteriores de la Corte Suprema establecieron que "los derechos individuales deben ceder frente al interés de la colectividad como un todo, en el sentido de la protección del derecho a la vida y la salud".

El Ministerio del Trabajo, responsable de la normativa, adelantó que pretende apelar ante el pleno del Supremo, alegando que aquellos ciudadanos que decidieron no vacunarse contra el coronavirus no pueden recibir de la sociedad un trato como si fueran una especie de "leprosos", que no pueden convivir en ambientes de trabajo.

El presidente Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha, es uno de los mandatarios más escépticos frente a la gravedad del coronavirus, llegando a tildarla de "gripecita", además de mostrar una enorme desconfianza en las vacunas.

Recientemente, Bolsonaro llegó al extremo de asegurar que aquellas personas que tomaron las dos dosis de alguna vacuna enfrentan ahora un mayor riesgo de tener sida, una declaración que desató una ola de indignación y que luego desmintieron todas las asociaciones médicas y científicas del país.