Medidas para la emergencia habitacional

Es por eso que, para enfrentar esta crisis, las autoridades debieran tomar decisiones de emergencia como las siguientes:

1. El Estado tiene la capacidad de poner inmediatamente a disposición del Ministerio de Vivienda una considerable cantidad de terrenos fiscales eriazos o subutilizados para atender la demanda de los campamentos y los comités de allegados. Esta medida no puede seguir siendo postergada.
2. Los intentos y amenazas de desalojos sólo han contribuido a empeorar el clima de tensión que existe en las comunidades, ya golpeadas por la crisis económica. Estos deben detenerse, así como rechazarse las insensibles propuestas del proyecto de Ley de Usurpación, que establece penas de cárcel a quienes vivan en condiciones informales.
3. El Parlamento y el gobierno han tardado más de 34 meses en ponerse de acuerdo en una ley de vivienda. Las familias necesitan más herramientas para enfrentar esta crisis, por lo que es una obligación de los políticos aprobar algunos mecanismos que faciliten el acceso al suelo y a la vivienda, mientras se desarrolla la discusión de fondo en la Convención Constitucional.
4. Estas mismas autoridades discuten esta semana sobre el presupuesto nacional para vivienda durante el año 2022, y el aumento de recursos para financiar las políticas habitacionales tiene que ser una prioridad. Con los recursos actuales, ni siquiera le hacemos cosquillas al déficit habitacional. Pero no sólo se trata de sumar dinero al presupuesto, sino que se debe reemplazar progresivamente el sistema subsidiario de financiamiento de la vivienda -cuya dinámica genera exclusión en nuestros barrios y ciudades- por un modelo que amplíe la caja de herramientas que tiene el Estado para asegurar viviendas dignas a toda la población.

Depende de todas y todos los involucrados en la primera línea de la crisis habitacional escuchar el grito de las organizaciones de pobladores y pobladoras. El problema de la vivienda es un potente riesgo para el bienestar de nuestra sociedad, y pone en grave peligro el sano crecimiento de una nueva generación de niños y niñas en nuestro país, que nos exigen hacer posible el ‘Déficit Cero’.