Durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), la mandataria hizo una promesa a Carmen Gloria Quintana, respecto a cerrar el penal Punta Peuco, la cual nunca fue cumplida. Correos secretos revelados este martes entregan, por primera vez, el diálogo y las razones detrás del compromiso quebrantado.

Carmen Gloria Quintana es una de las víctimas del Caso Quemados, ocurrido en la dictadura de Augusto Pinochet. Junto a Rodrigo Rojas de Negri, Quintana fue golpeada por funcionarios del Ejército, quienes empaparon sus ropas con gasolina y posteriormente les prendieron fuego.

De Negri, fotógrafo que tenía 19 años en el momento de los hechos, falleció producto de sus heridas, mientras que Quintana se convirtió en una ferviente defensora de los derechos humanos, y vocera de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

“Yo estuve conversando con la presidenta Bachelet y ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso”, afirmó la mujer a El Desconcierto, tras reunirse con Bachelet el año 2015.

“Espero que los compromisos que ella hace sean efectivos y que realmente la Cámara de Diputados y Senadores estén a la altura de las demandas en las que los pone la historia, porque en estos momentos históricos realmente estamos viendo quiénes están por los Derechos Humanos y comprenden su esencia y valor y quiénes no”, añadió en su momento.

Y de acuerdo a los correos electrónicos que desclasificó En Estrado, que recogen los diálogos sostenidos entre personas no identificadas del Ministerio de Justicia y la jefa de gabinete de Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, efectivamente existió la intención y planificación de cerrar el recinto penitenciario, aunque nunca fue concretado.

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“Querida, aquí va la minuta. La pregunta es: “¿Quiere la presidenta abrir la discusión sobre enfermos terminales, indultos humanitarios y otras formas humanitarias de poner fin a la cárcel efectiva? Eso significa apoyar o presentar proyectos de ley en la materia”, se lee en un mensaje enviado por una persona cuyo nombre fue borrado, que data de abril de 2017.

Así, añade, “tomar en cuenta que: a) No hay más enfermos terminales en Punta Peuco. b) El Congreso lo está viendo (no sería necesario hacerlo, podrían tomarlo ellos). C) El juez tiene facultades para que los enajenados mentalmente se vayan para la casa (no así enfermos terminales) d) Igual creo que habría que salir a dar vuelta el discurso la humanidad también es saber dónde están”. Ana Lya Uriarte respondió “Ok. Querida! Recibida”.

Según sostiene el medio citado, un año antes, el 5 de septiembre de 2016, una minuta daba cuenta de que las conversaciones sobre el cierre del penal ya estaban en boca del Comité Político, desde donde se discutía cómo Presidencia abordaría la temática de los derechos humanos y la prisión de los condenados por delitos de lesa humanidad.

“Se acerca el 11 de septiembre, fecha en la cual el sector vinculado a los derechos humanos y el ala más de izquierda de la coalición espera signos de reconocimiento por parte del Gobierno. Parece importante preparar ese evento y los signos que se instalarán. Dentro de ellos está el nombramiento del subsecretario/a de DD.HH. Y puede pensarse algún gesto simbólico fuerte, como el cierre del penal de Punta Peuco”, sostiene un documento.

Presentarían “señales que evidencien avance en la materia”

El texto agrega que “la Presidenta viaja luego de las fiestas patrias a la AGNU (Asamblea General de la Naciones Unidas). Serán en conjunto casi diez días en que ella estará relativamente distante de la ciudadanía. En estos momentos eso puede tener un efecto negativo de cara a las próximas encuestas. Se requiere que en los días que quedan hasta su partida se intensifique su presencia en eventos ciudadanos. Ese déficit podría ser solucionado con una clara instrucción presidencial”.

Después, el 23 de diciembre del mismo año, la Subsecretaría de Justicia le envió un correo a Uriarte. “Dados los tiempos de gran ocupación en el que estamos, me ha solicitado que te escriba para que podamos coordinar, si te parece, un acto donde el Gobierno recepciona positivamente las recomendaciones del Subcomité contra la Prevención contra la tortura y responde a través de un informe (que coordinamos junto a MINREL) junto a otras señales que evidencian avance en la materia”, se lee en el mensaje.

Esa misma jornada, ocho reos de Punta Peuco condenados por delitos de derechos humanos tenían planificado pedir “perdón” en un acto ecuménico en el mismo penal. Con ese escenario en mente, Uriarte fue veloz en responder a la Subsecretaría: “Estimados: Por favor les ruego lean con detalle este mail. Lo enviaron el viernes. La Pdta. no conoce la situación. La evaluación política no es menor atendido el tema del ‘perdón’ de los 9 sujetos de Punta Peuco y el ambiente que existe. Me cuentan como lo ven y los espacios que tenemos…. Pocos. Cariños”.

Llegó el año 2017, y en agosto el tema volvió a ser tema de conversación por el gobierno de Michelle Bachelet, esta vez plasmado en un correo enviado a la jefa de gabinete cuyo asunto era “consideración militar…”. Ya un nuevo 11 de septiembre estaba próximo, y el fin a Punta Peuco era tema de preocupación por la posible reacción del Ejército.

“Puras interpretaciones”, dijo Campos

“Amiga querida, te distraigo de tus múltiples afanes diarios para compartir una inquietud: Creo que no sería oportuno cerrar Punta Peuco el mes de septiembre, ‘mes de las Glorias del Ejército’… Estimo que el mes de septiembre estaré en el país (por receso de la mesa de negociaciones), así que si tú y xxx están disponibles… Un abrazote estrecho”, indica el mail con fecha 11 de agosto de 2017.

Cuatro horas más tarde, Ana Lya Uriarte le respondió.

“Querido: Son totalmente falsas las informaciones sobre el cierre de Punta Peuco en septiembre. Mil gracias por el posible encuentro en septiembre. Te damos un ‘silbido’ y nos juntamos. Abrazos Ana Lya”.

A finales de ese año, no sólo no se había concretado la promesa de Bachelet, sino que desde el mismo gobierno de turno estaban negando la intención de cerrar el penal. “¿Alguien ha escuchado decir a la Presidenta que va a cerrar Punta Peuco? Yo no”, afirmaba el entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, consultado sobre el tema el 8 de noviembre de 2017.

“Yo lo único que sé es que una señora dijo que había hablado con la Presidenta de la República y la Presidenta le había dicho, y el resto han sido puras interpretaciones”, aseguraba también el otrora secretario de Estado, refiriéndose a las declaraciones de Carmen Gloria Quintana.

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Un mensaje enviado un día después de la polémica afirmación de Campos, por una persona desconocida, desmiente lo señalado por el exministro. “Estimada Ana Lya: Te adjunto copia de la carta que acabo de enviarle a xxxx. Se explica por sí misma. Como comprenderás, en todo este lío comunicacional que han armado, no puedo reconocer como cierto el supuesto compromiso de la Presidenta con xxxx, en orden a que ‘la Presidenta se comprometió a cerrar Punta de Peuco en Septiembre del 2017 como ella ha declarado (sobre el cierre)’”, indica.

Así, agrega un comentario que repasa las palabras de la víctima del Caso Quemados: “Puesto que, si ello fuese efectivo, querría decir que la Presidenta faltó a la verdad o ha incumplido sus compromisos, dado que ya estamos en el mes de Noviembre. Antes, me quemo en la Plaza de Armas. Cariños”. Ese día, Quintana, junto a organizaciones defensoras de DD.HH., abordó las expresiones de Jaime Campos.

“Parece un abogado defensor de genocidas y delincuentes de lesa humanidad presos en Punta Peuco. Es un hecho de conocimiento público que tuve una reunión con la Presidenta. Después de dicha reunión, a los pocos minutos hice un punto de prensa en el mismo Palacio de La Moneda, en la que hice público lo que me manifestara la Presidenta respecto de su deseo de cerrar el penal de Punta Peuco. En consecuencia, exijo al ministro Campos disculpas públicas”, afirmó la mujer.

El exministro debió reconocer, después de este emplazamiento, que efectivamente el gobierno estaba analizando el término del recinto penitenciario. Así, Paula Narváez, la entonces vocera de gobierno, aseguró que “el gobierno en su conjunto tiene el máximo respeto por la persona de Carmen Gloria Quintana, por su trayectoria, por su lucha en favor de los derechos humanos y por su trayectoria profesional”.

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió al tema una semana antes del fin a su mandato. En conversación con Canal 13 abordó el compromiso pendiente, asegurando que “quedan cinco días, así que yo no anuncio nada por la prensa. Ahí se verá”. El mismo día del cambio de mando, cuando asumió Sebastián Piñera, Narváez descartó definitivamente el cierre de Punta Peuco.

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