Arrendatarios acumularon deudas por $2,3 millones en rentas y $108 mil en servicios básicos: Juzgado ordena devolver inmueble
En julio de 2024 se firmó un contrato de arriendo por un local en San Pedro de la Paz.
Según se puede apreciar en el fallo judicial al que tuvo acceso El Desconcierto, el acuerdo establecía que la arrendataria debía pagar mensualmente 15 unidades de fomento (al valor actual, $592.284,75 cada mes) y asumir los consumos básicos. Además, se incorporó un codeudor solidario.
Sin embargo, a partir de marzo de 2025 la arrendataria dejó de pagar, acumulando una deuda equivalente a 60 UF por los meses de marzo, abril, mayo y junio, lo que corresponde a $2.369.139.
A esto se sumaron cuentas impagas de $45.815 por agua y $62.560 por electricidad, alcanzando un total de $108.375 por servicios básicos. En conjunto, la deuda acumulada asciende a $2.477.514.
El caso fue llevado al Primer Juzgado Civil de Concepción. Durante el juicio, la parte demandada no compareció, quedando en rebeldía.
El tribunal analizó el contrato y comprobó que incluía una cláusula de término automático (“ipso facto”) en caso de mora en el pago, lo que permitía exigir la devolución inmediata del inmueble sin necesidad de una acción adicional.
El juez suplente Denis Rodrigo Oyarce Orrego determinó que la cláusula era un pacto comisorio calificado y que, al no pagarse las rentas, el contrato había terminado de pleno derecho.
En su fallo, declaró que la arrendataria y el codeudor debían restituir el local dentro de diez días hábiles desde que la sentencia quedara firme, además de pagar solidariamente la deuda acumulada de 60 UF más las rentas que siguieran devengándose hasta la entrega del inmueble.
De esta forma, si el incumplimiento se extendiera hasta septiembre de 2025, la suma ascendería a 90 UF, equivalentes a $3.553.708.
También se les condenó a cubrir la deuda total de $108.375 por servicios básicos, junto a los montos que se generaran por esos conceptos hasta la restitución del inmueble.
El tribunal rechazó pronunciarse sobre las acciones subsidiarias planteadas por la parte demandante, ya que acogió la demanda principal de restitución. Los demandados, además, deberán pagar las costas del proceso.
