Un grupo de 54 convencionales firmaron una carta en apoyo al juez Daniel Urrutia, luego que esta jornada se hiciera público que el magistrado podría acarrear sanciones luego de sus dichos en contra de la Corte de Apelaciones por el estallido social.

Cabe recordar que Urrutia sostuvo la semana pasada que "si la Corte (de Apelaciones) hubiera ordenado frenar el uso de balines en el primer recurso de protección que rechazó, no hubieran existido cientos de mutilaciones oculares que hemos tenido que sufrir, sobre todo las víctimas y sus familias", ante la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional.

Lo que, según reveló el medio Interferencia, habría provocado que ministros de la Corte querrían hacer un pleno para discutir eventuales sanciones.

Ante esto, la convencional Manuela Royo leyó la carta en la que "Los y las constituyentes firmantes manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias desproporcionadas e injustas que se han generado por ciertas exposiciones en la Convención Constitucional. Defendemos el derecho de toda persona a expresarse con libertad en el marco del respeto a los derechos humanos en cualquier espacio político, especialmente en la Convención que se ha construido desde el deseo de transformación de los pueblos".

"Es por ello que expresamos nuestro rechazo ante los reproches y cualquier posible sanción administrativa al juez Daniel Urrutia, por su exposición el miércoles 25 de agosto ante la Subcomisión de Marco General de Derechos Humanos, Ambientales y la Naturaleza", afirmaron.

Los y las constituyentes hicieron referencia, también, a la "petición que hicieran dos directores gremiales miembros de la Regional Santiago de Jueces, quienes pidieron públicamente la renuncia del juez Urrutia". Además de una carta de Juan Francisco Cruz, abogado del Observatorio Judicial, "quien lo etiqueta como el 'antijuez'".

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Para los convencionales, estos actos "dejan en evidencia que aún existe en nuestro país una gran deuda con los derechos humanos, y nos recuerda el desafío que abre este proceso constituyente de avanzar en un proceso abierto a la participación ciudadana y de los pueblos sin que se intervengan amenazas ni sanciones a quienes decidan hacerse parte de las audiencias públicas".

"Todos los y las aquí firmantes nos comprometemos a defender de manera irrestricta el derecho de toda persona a expresar sus posiciones libremente, en un marco de respeto a los derechos humanos, y estaremos disponibles todas las veces que sean necesarias para garantizar las condiciones democráticas de este proceso constituyente".

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