La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, estará por lo menos un año en prisión luego de que este martes un juez extendiera la detención preventiva por seis meses más, a un poco más de una semana de que la ex mandataria complete cinco meses recluida en un penal en La Paz.

Un juez anticorrupción de La Paz determinó la medida de detención preventiva por otros seis meses dentro de las investigaciones contra la ex mandataria transitoria (2019-2020) en el llamado caso "golpe de Estado" durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez, denunció que la extensión de la medida responde a la decisión de un juez de instrucción en lo penal que "dispuso separar los procesos (del caso golpe de Estado) y remitir" estos antecedentes ante un juez anticorrupción.

Guillén señaló que esta nueva medida se tomó pese a que la defensa impuso un recurso de apelación, que aún no ha tenido respuesta.

En ese sentido, el abogado advirtió que la competencia del juez anticorrupción en este caso seguramente será "objeto de revisión" y de un "amparo constitucional".

A través de su cuenta de Twitter, la expresidenta transitoria denunció que "dividen un proceso para prolongar la detención".

[Te puede interesar] Colombia: Fiscalía imputará a ex jefe del Ejército por 104 ejecuciones extrajudiciales

"Imponen en audiencia cautelar otros 6 meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías. Sin Justicia en #Bolivia no hay democracia. #LiberenaJeanine #Justicia", afirmó en esa red social manejada por sus familiares.

La defensa de Áñez interpuso, sin éxito, varios recursos de acción de libertad para poder defenderse en libertad.

A mediados de julio, Jeanine Áñez solicitó una audiencia con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para exponerle su situación de reclusión y hacerle conocer su situación de salud.

En la misiva a Bachelet, Áñez denunció que durante su detención ha estado "incomunicada" de sus familiares, sufriendo depresión, lo que "activó una hipertensión arterial prevalente", que enfermó de los riñones y que sus reiteradas peticiones de atención médica especializada fuera del penal no se han acogido, siendo "sistemáticamente negadas".

A Áñez la detuvieron el 13 de marzo en su residencia en el departamento amazónico del Beni y está procesada por sedición y terrorismo, además de estar involucrada en otras causas abiertas en su contra por las llamadas masacres de Sacaba y Senkata en 2019 por las que se le acusa de genocidio.

Además, en el Parlamento hay otras propuestas  acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.

Por el caso "golpe de Estado", que surgió a partir de la denuncia de una ex parlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), también están en detención preventiva dos de los ex ministros de Áñez y varios ex jefes policiales y militares.