Este viernes el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, abordó la decisión de ayer de la Convención Constitucional, que aprobó una declaración que solicita indultar a los presos de la revuelta.

“Nosotros como gobierno hemos tenido siempre una línea muy clara, en Chile no existen presos políticos y no existen porque Chile es una democracia”, sostuvo.

En esa línea, Bellolio agregó que “donde sí existen presos políticos es en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, donde hay dictaduras asesinas que, por supuesto, no creen en la libertad, no creen en la democracia, violan sistemáticamente los derechos humanos y meten presas a las personas por conciencia”.

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Y a renglón seguido, complementó sus declaraciones asegurando que “en Chile, que es una democracia, las personas están presas por acciones graves, graves. Y es la Fiscalía la que investiga y son los tribunales los que finalmente sancionan”.

“¿O alguien podría decir acaso que intentar asesinar a dos carabineras, tirándole una bomba molotov no es un caso grave? ¿Alguien podría decir que incendiar el Transantiago, quemar los centros de las ciudades, saquear las Pymes es algo que no merece que sea investigado siquiera?”, preguntó.

Finalmente, Bellolio concluyó diciendo que “eso es lo que están apuntando algunos cuando dicen que hay que hacer una amnistía, es decir ni siquiera investigar ese delito. Y otros dicen que tiene que haber un indulto, es decir que el intento de asesinar una persona porque se hizo en el contexto de una manifestación, no tiene que ser punible”.

Ignorancia supina

Desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) lamentaron las declaraciones de Jaime Bellolio, asegurando que “reflejan ignorancia”, según expresaron a través de sus redes sociales.

“Declaraciones de vocero de Gobierno vulneran presunción de inocencia de presos de la revuelta, reflejan ignorancia supina sobre concepto de preso político”, manifestaron desde el organismo.

Para la Comisión, que ha denunciado al Presidente Sebastián Piñera ante cortes internacionales por su rol durante el estallido social, el gobierno pretende, con este acto, “acallar al único órgano del Estado que goza de credibilidad ciudadana”.