CDE se querella contra carabineros de Peñalolén por apremios ilegítimos a menores de edad
Este jueves, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal por el delito de apremios ilegítimos agravados en contra de funcionarios de Carabineros.
Según la CDE, los hechos los cometieron en contra de dos adultos y cuatro menores de edad, y ocurrieron en la 43º Comisaría de Peñalolén durante la noche del 20 de octubre de 2019.
La acción penal del CDE se dirige en contra de determinados funcionarios de Carabineros por su participación en el delito de apremios ilegítimos, en su figura agravada.
Estos, relacionados con hechos que se cometieron en contra de las víctimas, algunas menores de edad, cuando se encontraban detenidos al interior del recinto policial.
De acuerdo con los antecedentes, las víctimas habrían sufrido agresiones reiteradas de diversa índole por parte de los efectivos imputados, como golpes a mano abierta en el rostro y espalda, golpes con dos manos cruzadas en la cabeza.
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Además, habrían recibido, de manera intencional, la aplicación de restos de polvo de tipo lacrimógenos provocando la irritación de sus ojos y aparato respiratorio. Lo anterior, encontrándose privados de libertad y en situación de indefensión, bajo custodia.
En cada uno de los hechos, señala en su querella el CDE, los efectivos imputados abusaron gravemente de su deber de funcionarios públicos, verificándose el delito de apremios ilegítimos en su figura agravada.
El año recién pasado, el Ministerio Público detalló que la noche del 20 de octubre del 2019, seis detenidos sufrieron una serie de vejámenes y violaciones a sus Derechos Humanos, por parte de tres funcionarios policiales.
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Según evidenció el fiscal Miguel Ángel Orellana en su momento, mostrando videos, los detenidos estuvieron con las manos arriba una hora y a uno de ellos se le aplicó polvo lacrimógeno en su rostro, estando este imposibilitado de mover las manos para defenderse.
Es por eso que Orellana solicitó prisión preventiva para dos de los acusados, Sebastián Antonio González Faúndez y Juan Pablo Leiva Puga, por el delito de torturas.
Mientras al tercero, Carlos Andrés Fuenzalida Gajardo, imputado por apremios ilegítimos, se le decretó la cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
