El Estado deberá responder ante la CIDH por amenazas a activistas medioambientales
Este miércoles estaba agendada la celebración de una audiencia histórica para la lucha por el derecho al agua en Chile.
En ella, el Estado deberá responder a las denuncias que harán un grupo de mujeres defensoras del agua frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo por la falta de acceso al agua y su contaminación a lo largo de todo el país, sino también por las amenazas a quienes defienden la naturaleza y el acceso a los recursos hídricos.
La audiencia temática fue confirmada por el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), la agrupación Mujeres en Resistencia, la Alianza Territorial Mapuche y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
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Estas agrupaciones han denunciado la desprotección que existe tanto en la legislación chilena como en el día a día de las comunidades indígenas, campesinas y rurales que se encuentran enfrentando su vida diaria sin agua, o con agua en mal estado.
En la instancia, las organizaciones presentarán el informe “sobre la desprotección del derecho al agua en Chile, y el grave impacto que genera sobre las poblaciones rurales, campesinas e indígenas a nivel nacional”; así como información sobre el riesgo y la presunta vulneración de derechos para las personas y la criminalización de quienes defienden el derecho al agua.
La abogada Manuela Royo, quien expondrá vía telemática en representación de MODATIMA y la Alianza Territorial Mapuche, adelantó que en esta “audiencia histórica (…) denunciaremos al Estado de Chile por la precarización y la afectación del derecho humano al agua en Chile, junto a la criminalización de defensoras y defensores de este derecho”.
Responsabilidad del Estado de Chile
Respecto de las materias a tratar, se informará a la CIDH sobre el desabastecimiento de agua que, aseguran, afecta a las comunidades que habitan en el Cajón del Maipo, a causa de los proyectos hidroeléctricos emplazados en el sector.
Además, la “desprotección del derecho al agua potable y la priorización de proyectos extractivistas que vienen afectando a las comunidades indígenas” de La Araucanía, mediante la instalación de pisciculturas, plantaciones forestales, mineras, hidroeléctricas, entre otros, “aprobados sin procesos de consulta”; y otros efectos en la zona norte del país, originados en la minería.
Royo aseguró que “existe una responsabilidad del Estado de Chile, en complicidad con las empresas extractivas, en afectar los derechos de cientos de comunidades de Chile y además también de afectar los derechos de comunidades Mapuche, principalmente a través de las empresas extractivas”.
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Para las y los activistas, el objetivo es que la CIDH pueda instar al Estado chileno para que, con urgencia, garantice el derecho al agua potable y saneamiento, incluyendo medidas que aseguren la defensa de los derechos y la protección de quienes buscan su resguardo.
Al respecto, desde las organizaciones expositoras advirtieron que, en lugar de revertir los procesos que afectan las fuentes hídricas, han recibido “como respuesta la amenaza, persecución y criminalización, que con el paso del tiempo van aumentando y agravándose, llevando a estas personas incluso al exilio”.
Por ello, esperan que en la audiencia el Estado chileno, a través de sus autoridades, responda a las graves denuncias por la situación de riesgo en las que están un grupo de mujeres provenientes de distintas latitudes del territorio chileno, quienes llevan años defendiendo el territorio y que, actualmente, están vigiladas, amenazadas y algunas criminalizadas por ello.
