Jorge Abbott, Fiscal Nacional, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que se haga cargo de la comisión de un presunto delito de fraude al Fisco en la Intendencia de Coquimbo, liderada por Lucía Pinto (UDI), informa este jueves Bío Bío Chile.

Lo anterior, a causa de su compra de un terreno por $9.800 millones, en circunstancias en que su tasación superaba escasamente los 4 mil millones.

La decisión de Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el día 3 de septiembre. En ella, el organismo informó que la adquisición de estas tierras por parte del Gobierno Regional se materializó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, un trámite obligatorio e ineludible, más aún cuando se trata del uso de recursos públicos tan significativos.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por la emisora, el documento establece que la compra se decidió a fines de 2019, mientras que este año otros tres contratos aprobados para esta transacción fueron rechazados. Uno tras otro por el ente fiscalizador, lo que significa que en cuatro ocasiones se le informó a la autoridad que no podía desembolsar dinero fiscal a su arbitrio.

Las razones para ello se basaron en que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el por qué, e incluso la investigación del contralor determinó que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.

La Intendencia de Coquimbo actuó a espaldas de la Fiscalía

La entidad que lidera Bermúdez constató además que la Intendencia operó a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato se inscribió en una notaría local, a escondidas, para obviar el control de legalidad.

Lo que resulta aún más grave, ilustra una presentación a la Fiscalía, es que el monto fue pagado íntegramente el 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE argumentara la gestión, pese a que se le pidió oficialmente que lo hiciera.

Estos hechos generaron un sumario administrativo que mantiene en problemas a Lucía Pinto y eventualmente a otros funcionarios, ya que ella es la jefa superior de la entidad y las notificaciones de rechazo a la compra se le fueron notificando a ella.

Dentro de los hechos que mantienen atenta a la fiscal Perivancich, está el alusivo a que al interior del Gobierno Regional (GORE) trabajó durante todo 2019 en el cargo de asesor de proyectos de pre-inversión, Nicolás Bakulic Albertini.

Esta persona es hijo de Nicolás Bakulic Gorovic, quien a mediados del año pasado se transformó en accionista de las inmobiliarias que vendieron los terrenos por el monto mencionado, sin que la autoridad advirtiera la inhabilidad o conflicto de interés involucrado en la transacción.

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Otro reparo de la Contraloría en su presentación al Ministerio Público apunta a que que si bien se canceló por más de 60 mil metros cuadrados, las escrituras evidencian que la propiedad dispone de 10 mil metros cuadrados menos.

La intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, fue contactada por la emisora a cargo del reportaje, sin embargo declinó hablar sobre este tema. A lo que sí pudieron acceder, fue a que respondiera un cuestionario a través del que hizo una descripción del proceso involucrado en la adquisición del paño que el ente considera irregular y la indaga como delito.

Pinto, en tanto, admitió a Bío Bío que efectivamente el terreno se compró sin el respectivo control de legalidad de la Contraloría.

Intendenta de Coquimbo habla de "absoluta transparencia"

La autoridad comentó que para la adquisición de terreno se realizó un nuevo estudio de antecedentes, que en su opinión apunta a que el proceso íntegro mantuvo siempre “absoluta objetividad, transparencia y justificación del trato directo invocado”.

En su defensa argumentó que se analizaron otros sitios más caros, aunque declinó responder por qué se pagaron $5.800 millones de pesos sobre la tasación inicial.

En relación al funcionario que mantenía conflicto de interés y la estrategia de apelar a una notaría local para pagar los $9.800 millones sin la toma de razón, no hubo explicaciones.

De acuerdo a su versión, no hubo irregularidades.  “(…) se me informó que el proceso estaba en orden y apegado a derecho, sustentado en dictámenes de Contraloría. Si bien la Contraloría tiene el deber de poner en antecedente al Ministerio Público de cualquier situación que a su juicio debe ser investigada, tengo la absoluta certeza que en este proceso de compra se acreditará que no hubo ningún tipo de irregularidades”, aseguró Pinto.

Contraloría e Interior se pronuncian

El medio citado consultó a Contraloría sobre el tema, entidad que se manifestó a través de un comunicado. “Aun cuando en cuatro ocasiones, la Contraloría declaró ilegal el trato directo para la compraventa de un terreno destinado a la construcción de un centro deportivo, el Gobierno Regional llevó a cabo la operación con un particular, sin la toma de razón correspondiente”, aseguraron.

Adicionalmente, se refirieron al curso de los hechos. “Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República, cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos, es de extrema gravedad. Por ese motivo, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades administrativas por este hecho”, agregaron.

En tanto, el Ministerio del Interior, que en términos jerárquicos es la autoridad de la intendenta Pinto, indicó que había pleno “conocimiento que la Contraloría (…) ha instruido una investigación administrativa, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades y eventuales sanciones que en derecho corresponda”.

A renglón seguido, transparentaron su intención de apoyar el sumario. “En ese orden de ideas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública expresa su más completa disposición a colaborar con la investigación que lleva a cabo la Contraloría General de la República, así como cualquier otra eventual investigación (la del Ministerio Público) que en el futuro sea instruida por los órganos competentes”, declararon.

Por esta razón, se le ordenó a la intendenta Pinto enviar un informe detallado explicando los alcances de las decisiones que adoptó para materializar la compra del terreno.

En tanto, en materia procesal, el Ministerio Público enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), que evaluará si materializa una querella por fraude al Fisco.

La carta enviada por el GORE

El proceso para la adquisición de terreno comenzó en enero de 2019, cuando el GORE recibió una “carta de intención”. En ella, un grupo de sociedades inmobiliarias expresaba su intención de vender seis lotes por $9.819 millones. Estos correspondían a 61.874 MT2 a un costo de de 5,8 UF por metro cuadrado.

Ese mismo mes, el GORE solicitó dos informes de tasación independientes para definir el valor de los terrenos. El primero entregó $4.000 millones de pesos como precio, el segundo una cifra levemente superior a los $3.972 millones.

El objetivo de la compra apuntaba a la idea de compensar a la Municipalidad de La Serena, ya que donde se ubicaba un antiguo centro deportivo, se levantará un Hospital de Referencia.

Desde la sede comunal estimaron que los lotes que se ofrecían permitiría instalar el nuevo Centro Deportivo San Ramón. De esta manera, se solicitó al Gobierno Regional que la idea fuera considerada como “iniciativa de inversión”, atendiendo su relevancia social.

En mayo de 2019, mientras se efectuaba el análisis de la compra, Nicolás Bakulic Gorovic, ingresó como accionista -con un 25% de la propiedad- a las inmobiliarias Guayacán SPA, La Serena SPA, La Herradura SPA y Cerro Grande SPA, justamente las sociedades que tenían la propiedad de los seis lotes que figuraban en la carta oferta.

En ese entonces, su hijo Nicolás Bakulic Albertini, llevaba más de un año prestando servicios a honorarios al GORE como profesional de apoyo técnico “en materias de pre-inversión”, vinculándose estrechamente con el análisis que se hacía de la cuestionada compra.

El recinto deportivo se aprobó desde el Ministerio de Desarrollo Social en junio de 2019, previo Análisis Técnico Económico (ATE), que le otorgó el visto bueno al proyecto.

La polémica aprobación del proyecto de parte del GORE de Coquimbo

El 9 de octubre de 2019 el GORE aprobó la compra, una decisión rechazada inmediatamente por Contraloría. Entre los argumentos del ente fiscalizador, se esgrimió que los terrenos no cumplían los requisitos mínimos para llevar adelante el proyecto.

Entonces, la Intendencia Regional invalidó la decisión anterior y, en su lugar, elaboró un nuevo documento, aprobando la compraventa. En esta oportunidad, sin embargo, agregó dos nuevas tasaciones para re justificar la operación.

En términos numéricos, la primera apuntaba a que el valor ascendía a $8.755 millones y la segunda a $9.180 millones. Concretamente, duplicaban el valor de las tasaciones efectuadas el 2019.

La determinación anterior fue nuevamente representada por la Contraloría, como dos intentos posteriores.

La permanente fiscalización de Contraloría

Acaso considerando que el dinero podía ser pagado evadiendo el control administrativo, Contraloría fiscalizó constantemente qué ocurría en la Segunda Notaría de La Serena y en el Conservador de Bienes Raíces de la misma comuna.

Lo anterior, para verificar si los vales vista por $9.800 millones eran o no entregados a los vendedores, debido a que el trámite de toma de razón estaba pendiente.

En virtud de estos hechos, la entidad tomó conocimiento de que el 3 de julio último, el GORE y las sociedades vendedoras rescindieron un contrato previamente rechazado. Sin embargo, ese mismo día inscribieron uno nuevo que permitió que el 28 de julio, el dinero terminara en la cuenta corriente de las empresas involucradas en la transacción.

Consumados los hechos, Contraloría solicitó información a la Unidad de Finanzas del GORE, sin tener respuesta.

Frente a la contundencia de los hechos, se inició un sumario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas. La investigación, actualmente está en desarrollo.

Desde el ámbito del derecho la opinión es categórica frente a los hechos

Consultado por Bío Bío, Pablo Andrés Alarcón, profesor de derecho administrativo de la Universidad Finis Terrae, y secretario del Consejo General del Colegio de Abogados, es claro al referirse a los hechos.

En su opinión, el GORE no se puede obviar a Contraloría. “Un Gobierno Regional, que es un órgano de la administración del Estado con personalidad jurídica propia y patrimonio propio (…) debe sujetarse (…) siempre al principio de juridicidad", aseguró.

E insistió. "O sea, actuar conforme a derecho. Por este alto monto (…) se debiera tomar razón. El Gobierno Regional no puede obviar ese trámite esencial, porque es parte del procedimiento administrativo”, ilustró.

En consecuencia, Alarcón sostiene que el camino adoptado por el ente fiscalizador fue “el correcto”.

“Resulta un contrasentido si hubo cuatro veces en que el Gobierno Regional intenta solicitar la toma de razón por la Contraloría, y las cuatro veces la Contraloría le dice que no, porque no corresponde y le da los argumentos. No resulta lógico que aparezca en una quinta oportunidad y ahora obviándose (la toma de razón). Ahí hay una (fórmula) que se conoce en la teoría del acto administrativo como una desviación de fin”, agregó.

Por su parte, el ex director jurídico del Consejo para la Transparencia y académico de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Rajevic, también se pronunció. Al respecto, aseguró que si se comprueba una operación para eludir la toma de razón de la Contraloría, se trataría de una “conducta gravísima”.

“Lo que persigue la toma de razón es un control previo de legalidad de la actuación y debería dar origen a una investigación para perseguir las responsabilidad administrativas y penales. Mucho más si hay un problema de perjuicio fiscal”, argumenta.