Hace poco más de una semana se dio a conocer que la Contraloría General de la República inició un sumario administrativo contra siete generales del Alto Mando de Carabineros, en el contexto del estallido social del 18 de octubre y las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por personal de la institución.

En este contexto, el ministro Pérez se cuadró con las autoridades de la policía, quienes alegaron que ellos "mantuvieron su compromiso con la paz" y que dirigieron la organización "en un contexto de extrema violencia". Además, su defensa cuestionó las atribuciones del órgano fiscalizador para realizar esta investigación.

"El gobierno ha sido claro. Hemos respaldado el actuar Carabineros. El actual alto mando ha tenido que enfrentar una situación extraordinariamente compleja en los niveles de violencia. Creemos que esas acciones que desarrollaron están dentro del marco de la ley", declaró el ministro del Interior, mostrándose igual de sorprendido que los generales por estas acusaciones.

Desde la Contraloría respondieron ante estos cuestionamientos, aclarando que sí tienen potestad para realizar el sumario y que este procedimiento fue informado a Mario Rozas y al director de Auditoria Interna de Carabineros el 12 de marzo de 2020, donde se avisó a los representantes de la institución que los hechos implicaban «determinar eventuales responsabilidades administrativas que puedan afectar a los superiores y personal», de Carabineros.

A esa fecha, la institución ya había recibido “11 denuncias relativas al incumplimiento del protocolo para el mantenimiento del orden público por parte de Carabineros de Chile, al uso excesivo de la fuerza del personal de esa institución, al uso indebido de gases o elementos disuasivos, afectando incluso áreas restringidas o prohibidas para dichos efectos y sobre la utilización de armas de fuego en contra de civiles, entre otras materias”.

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Además de todo esto, desde La Tercera publicaron uno de los argumentos utilizados por los instructores del sumario, quienes se basaron en la Circular Nº 1.832, firmada por el general Rozas y enviada el 1 de marzo de 2019, donde se establecen las instrucciones para el uso de la fuerza y el empleo de armas potencialmente letales.

“El uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la ley, no solo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos”, señala el documento.

Mientras, desde Carabineros respondieron al medio que “el principio de responsabilidad de los mandos mencionados en la Circular N° 1.832, de fecha 01.03.2019, se refiere a los mandos directos y operativos, es decir, a quienes participan efectivamente en la planificación y ejecución de los servicios preventivos y de control. Todos los oficiales de Carabineros ejercen mandos, cada cual con sus respectivas atribuciones y responsabilidades según su grado, y no sólo los miembros del Alto Mando, a quienes se les asigna la gestión estratégica de la institución”.