En el marco del proceso de cambio constituyente, diversas organizaciones, medios de comunicación y redes, confluyeron para crear el “Bloque por el Derecho a la Comunicación”, garantía que sostienen debe estar consagrada en la nueva Constitución como principio fundamental de una sociedad democrática.

"Esto comprende el derecho de todas las personas no solo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales", señala en un comunicado la organización integrada por el Colegio de Periodistas de Chile, la Red de Periodistas Feministas, Fundación Datos Protegidos, Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Mujeres en el Medio, Diario El Siglo, El Desconcierto, Página 19,  Radio Universidad de Chile, Comité por la Defensa de la Televisión Pública, Radio Juan Gómez Milla de las Escuela de Periodismo Universidad de Chile, ONG ECO: Educación y Comunicaciones, UPLA TV (Canal Universitario de la Universidad de Playa Ancha), Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha, Observatorio del Derecho a la Comunicación, Red de Periodista Migrantes y la fotógrafa Nicole Kramm.

"Para nuestra articulación, el derecho a la comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para su desarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución y de un nuevo sistema medial, regulado por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad", consignan en el escrito.

Además, establecen que "en Chile persisten normativas y prácticas que suponen restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información en el país, muchas de las cuales pueden entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del proceso de transición a la democracia, cuya permanencia ha perdido sentido en el actual desarrollo democrático".

Por último, informan que el país posee "una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, con un 80% solo en la prensa escrita. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre El Mercurio y COPESA se extiende también a la prensa regional, donde tienen un fuerte control".

Es por estas razones que desde la articulación demandan una ley de medios que regule la concentración de propiedad en los medios; garantizar el derecho a internet como un Derecho Humano; una televisión pública, educativa y cultural; medios de comunicación no sexistas y con pertinencia cultural para pueblos originarios; y la independencia y pluralidad de los organismos que regulan el sector, entre otras.

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