El año 2018, en el marco de la agenda pro inversión, el Presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), dependiente del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno.

Sin embrago, a dos años de su puesta en marcha, más de 60 organizaciones de la sociedad civil, a través de una declaración pública, cuestionaron el actuar de dicha oficina argumentando que los proyectos que ha respaldado como Mina Invierno, Mina Los Pelambres, el Data Center de Google y la ampliación del Tranque de relaves Talabre, no cumplen con los criterios mínimos de sustentabilidad.

Para las organizaciones, un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de GPS, sería su relación con la Evaluación Ambiental de los proyectos que respalda. En este sentido señalan que “la Oficina de GPS funciona como secretaría ejecutiva de un Comité Asesor de Proyectos, integrado por las subsecretarías de distintos Ministerios que luego deben participar en la Calificación Ambiental de los mismos proyectos, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad”.

“La Oficina de GPS ha traspasado sumas de hasta $92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima”, denuncia el documento. Esto habría quedado recientemente en evidencia, a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado, de la compañía minera Anglo American, donde, un reportaje publicado por el medio Interferencia, expuso como una profesional contratada a honorarios por el SEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto”.

De acuerdo a las organizaciones, esta práctica “vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental al favorecer intereses privados sobre el interés público”, deslegitimizando aún más al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que solicitan a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una Comisión Investigadora para fiscalizar esta situación.

Por su parte, desde la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (FENATRAMA), señalaron, a través de un comunicado, su rechazo a cualquier intento de intervención en el Servicio de Evaluación Ambiental por otro organismo, ya sea, público o privado.

A su vez, indicaron que la intención de agilizar la inversión no puede ser a costa del deterioro de la calidad de la evaluación ambiental, puesto que dicha medida tiene costos ambientales irrecuperables en el largo plazo.

“Llama profundamente la atención, que la intervención que se plantea en el acuerdo (entre la GPS y el SEA), se realice en pro de agilizar la tramitación y no la calidad de la evaluación ambiental; y es particularmente preocupante, puesto que esta intervención demostraría que, para algunas autoridades, la evaluación ambiental de los proyectos sería un mero trámite o un obstáculo que se debe sortear rápidamente en pro del rédito económico inmediato; lo que pasaría por alto la misión y función legal de SEA, que dice relación con la sustentabilidad y la protección del medio ambiente”, agregan.

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