La Fiscalía Oriente, mediante una audiencia efectuada de manera remota, formalizó a los tres imputados sindicados como ser los primeros responsables en viralizar información de Carabineros que fue hackeada durante las primeras semanas del estallido social.

Los hechos se remontan al día 25 de octubre, cuando la cuenta de Twitter ‘Anonymus Chile’ dio a conocer la filtración de más de 10 mil archivos desde la base de datos de la institución policial, que incluso contenía datos privados de cientos de uniformados.

El fiscal Felipe Sepúlveda indicó que los acusados Exequiel Esteban Plaza Ibáñez, Bruno Alexis Faúndez Valenzuela y Gianluis Francisco Rojas López, son investigados luego de la viralización de esta información.

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“El mismo día 25 de octubre de 2019, el imputado Exequiel Plaza Ibáñez, con la colaboración de los también imputados Bruno Faúndez Valenzuela y Gianluis Rojas López, difundieron esa información revelada en el sitio web pacos.rebelside.pw/pacoleaks, de forma maliciosa, con pleno y total conocimiento del contenido de la misma, al incorporar a la página web www.verdeclaveverde.com, cuyo titular es precisamente Plaza Ibáñez, un banner con el sitio https://pacos.rebelside.pw/pacoleaks/, lo que implicó la difusión de la referida información extraída y revelada de forma ilegal previamente por Anonymous Chile”, comenzó el fiscal.

“Asimismo, el imputado Exequiel Plaza en otro sitio web de su propiedad www.nombrerutyfirma.com agregó un banner superior con el sitio web verdeclaveverde.com, el que, a su vez, como se indicó mantenía un banner del sitio https://pacos.rebelside.pw/pacoleaks/. Las publicaciones que hicieron los imputados se mantuvieron varios días en los sitios webs mencionados, las que fueron vistas por una gran cantidad de usuarios de internet, quienes tuvieron dicha información a su disposición”, añadió.

El ente persecutor invocó el artículo 4°de la Ley 19.223, acusando el delito de difundir maliciosamente datos contenidos en un sistema de información, el cual es castigado con penas que van de los 541 días a 3 años de presidio para los autores de estos ilícitos.

Ante esto, “el 8°Juzgado de Garantías de Santiago, decretó un plazo de investigación de 60 días y medida cautelar de arraigo nacional”, informó el Poder Judicial.