El pasado 21 de mayo Ecuador se convirtió en el noveno país de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, dándole un empujón crucial al tratado regional que busca consolidar los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales.

De acuerdo a la Cepal, una de las provisiones más novedosas y valiosas es que el Acuerdo reconoce y garantiza la protección de los defensores del medio ambiente. Esto es de especial relevancia en una región donde los defensores del medio ambiente sufren constantes acosos, violencia e incluso son víctimas de asesinato.

Cabe recordar que es necesario que 11 de los 33 países de América Latina y el Caribe ratifiquen el Acuerdo para que este pueda entrar en vigor. Con la ratificación de Ecuador, solo faltan dos de los 11 países necesarios, debido a que 9 países ya ratificaron el Acuerdo: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.

Por su parte, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía son los 13 países que ya firmaron, pero tienen pendiente su ratificación.

Mientras que Chile, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname, Trinidad y Tobago, y Venezuela son los 11 países que aún no firman el Acuerdo. Siendo Chile el único país de la región que anunció públicamente que no firmará.

De acuerdo a lo señalado por el Gobierno de Chile en reiteradas ocasiones, los motivos para no firmar el Acuerdo radican en que la legislación ambiental chilena ya tendría incorporada las medidas del Acuerdo de Escazú y que una eventual ratificación de este supondría una amenaza a la soberanía nacional.

Así lo aseveró hace algunos días la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien señaló que la ratificación del Acuerdo “incrementa la incertidumbre jurídica, dando la preferencia a Bolivia como país sin costa, en todas las disyuntivas internacionales donde Chile tiene conflictos ambientales pendientes con ese país, como el del río Silala”.

Sin embargo, distintos especialistas en la materia han cuestionado los argumentos del Gobierno. Una de ellas es la Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, quien, en conversación con El Desconcierto, señaló, hace algunos días, que la no ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Gobierno responde más bien una visión anacrónica donde la protección del medio ambiente y la participación ciudadana son, aún, concebidos como obstáculos para el desarrollo y no como una condición para este.

En este sentido, Durán aseveró en dicha ocasión que, “si bien como país tenemos muchos avances en la materia en relación a otros países de la región, como un sistema de acceso a la información pública, aún tenemos mucho que avanzar, especialmente en lo referido a la protección de los defensores y dirigentes ambientales en lo cual no tenemos nada”.

Respecto a la supuesta amenaza a la soberanía nacional, la especialista señaló que dicho argumento no resiste análisis y que se está viendo un riesgo imaginario donde no lo hay. “Lo hemos analizado con profesores de derecho internacional, y nadie está seriamente dispuesto a sostener que podríamos ser demandados ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento del Acuerdo”.

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