Este viernes se realizó la audiencia de formalización por el caso de los dos ex oficiales de Carabineros que dispararon en contra de diez manifestantes en La Florida, dejando a dos personas en estado de gravedad. Omar Mérida, fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Oriente, es quien llevó las diligencias del caso, mediante una videoconferencia con el Juez Patricio Souza, y los abogados de ambas partes.

"No se trata de un hecho azaroso, accidental, involuntario, o defensivo; se trata de un hecho alevoso, en el que aprovechando la posibilidad de portar y tener entrenamiento en armas de fuego, aprovechando la posibilidad que le ha dado el Estado en su formación policial, de disparar con facilidad un arma, (los imputados) acometen en contra de una multitud completa y absolutamente indefensa", sostuvo Mérida, sobre la culpabilidad de Juan Solís Parra y Robert Sepúlveda Guzmán, quienes fueron dados de baja tras los hechos.

El persecutor también afirmó que, si bien todas las municiones fueron disparadas por la misma arma, que portaba el cabo Solís, una prueba del Laboratorio de Criminalística de la PDI, encontró partículas de plomo, antimonio y galio, en las manos de ambos imputados, estableciendo que los dos dispararon.

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Así, el fiscal agregó que "resulta sumamente grave que, en contra de una manifestación de esta naturaleza, se empleen armas de fuego que perfectamente pudieron haber causado la muerte de más de una persona". Esto, por la distancia con la que se disparó, por la potencia del armamento utilizado, y por la incapacidad de las personas de evadir esta acción. "Dos de ellas están hospitalizadas en estado grave, una de ellas tiene un pulmón perforado, cualquiera de ellos pudieron haber muerto, todos podrían haberlo hecho", sentenció.

Más insólito aún, Mérida agregó que, de acuerdo con los antecedentes provenientes de la declaración de Robert Sepúlveda, los policías habrían estado bebiendo toda la tarde celebrando el Día del Carabinero. "Luego deciden salir, bajo la influencia del alcohol al menos, portando armamento, en un vehículo sin patente y enfrentándose a una multitud de diez personas. Eso no es una acto peligroso, es un acto derechamente criminal", acusó el fiscal.

"No es un solo hecho, son diez. Diez las personas heridas, diez los disparos que escucharon en el video, no se trató de un disparo para asustar, no se trató de disparos al aire, se trató de disparos al cuerpo", sentenció, asegurando que, además, los imputados tendrían múltiples inconsistencias en sus declaraciones.

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También habló durante la audiencia el abogado querellante, Rodrigo Román, quien reclacó que la prisión preventiva para los acusados era la única opción viable para resguardar a la sociedad. "Nada impide que estos ex policías pudieran, por molestia o por enojo simplemente, tomarse otras dos botellas de whisky y nuevamente salir a balear a gente indefensa", sostuvo el legista, quien afirmó que estos son hechos inéditos en el país.

"Hace dos meses, cuando Carabineros de Chile baleó a 400 personas, le bajaron el perfil, diciendo que eran balas de goma, balines. Su señoría, estas son balas de plomo (...) usted, yo o cualquiera de los civiles presentes en esta audiencia, si le disparamos a un policía, inmediatamente estaríamos presos", acusó el querellante.

"Si se tratara de un civil, lo más probable es que el Gobierno estaría invocando la ley antiterrorista, la ley de seguridad del Estado y las penas del infierno", concluyó Román.

Finalmente, y de acuerdo con lo revelado por las plataformas de la Fiscalía Oriente, se establecieron 120 días para la investigación y se decretó prisión preventiva para ambos imputados, fundamentado por la gravedad de los heridos, el número de víctimas y la circunstancia de alevosía.

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