Este domingo la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), interpuso un recurso de protección en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y del ministro de Economía, Ignacio Briones, con el objetivo de frenar el denominado "Plan de Retorno Gradual", que anunció el gobierno, y que pretende traer de vuelta a las funciones presenciales a unos 100.000 trabajadores del Estado.

El recurso legal argumenta que la orden del gobierno es tanto "ilegal como arbitraria".

Arbitraria, porque "las condiciones de la emergencia sanitaria por COVID-19 son, al 17 de abril de 2020, peores a las que existía el 18 de marzo de 2020. Lo son por el aumento de contagios, por el aumento de muertes y porque según los propios datos entregados por el gobierno, la situación sanitaria no alcanza aún el “peak” esperable", sostiene el documento presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Asimismo, porque "no resulta razonable entonces que aquello que era, por razones sanitarias, la regla general (el trabajo remoto) el 18 de marzo, se transforme en la excepción al 17 de abril. La razón existente el 18 de marzo era la de evitar la propagación del virus. ¿Desapareció esa necesidad un mes después? Nos parece absurdo, una "contradictio in terminis'", agregan desde la ANEF.

[Te puede interesar: Abogadas feministas interponen recurso en contra de Interior y Hacienda por orden de retorno al trabajo]

En segundo término, el recurso argumenta que el accionar del Ejecutivo es ilegal, porque "contraviene un oficio de Contraloría General de la República, que, conforme lo previene el artículo 1° de la ley 10366, es la encargada de interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio para la administración pública y dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el estatuto administrativo".

Dicho oficio, dictado el 17 de marzo y cuya vigencia se extiende hasta el término de la crisis sanitaria, "no es una sugerencia, sino una obligación para los jefes superiores de la administración pública, y establece el trabajo remoto como regla general para el sector, dejando una parte de trabajo presencial para servicios mínimos, muy excepcionales", agrega el documento presentado por la ANEF.

Cabe recordar que el mencionado oficio de Contraloría establece que "los jefes superiores se encuentran facultados para disponer, ante esta situación de excepción, que los servidores que en ellos se desempeñan, cualquiera sea la calidad jurídica de su contratación, cumplan sus funciones mediante trabajo remoto".

El recurso se suma a otro presentado durante este fin de semana por Abofem, que apunta también a Briones y a Blumel, y que pretende lo mismo que el de la ANEF: dejar sin efecto la orden del gobierno.